Desde Santa Cruz de Tenerife

Los 229 pasajeros que llegaron a Tenerife el pasado miércoles en el mayor cayuco de la historia no son el único record de esta semana en la inmigración de jóvenes africanos hacia Canarias. Hay uno mayor y más importante. Hasta anoche (porque la llegada de un nuevo cayuco deja antigua cualquier cifra), dormían en centros tutelados por la Administración canaria unos 1200 menores extranjeros no acompañados; entre ellos, una treintena en comisarías, pendientes de que el resultado de la prueba ósea de sus muñecas determine su edad. El número de niños acogidos duplica la capacidad de los centros.

El fenómeno de los menores no acompañados comenzó en las islas en 1994. Los pocos niños y adolescentes que llegaban sin familiares ingresaban entonces directamente en los hogares que gestionan los cabildos insulares. Entre los años 2000 y 2006 llegaban al archipiélago una media de 250 a 315 chicos al año, que absorbía perfectamente esta red de hogares. Ahora arriban más de 700.

La tendencia cambió hace dos años. A principios de 2006 comenzaron a llegar cayucos llenos de menores no acompañados, algunos de ellos de no más de nueve años. En un mes llegaron más de 80 pequeños y adolescentes y no había plazas públicas para acogerlos. Tras una dura polémica entre cabildos y gobierno de Canarias, éste entendió que el fenómeno de los cayucos había cobrado otra dimensión. Y no se equivocó.

Tras solventar dificultades de todo tipo (ni ayuntamientos ni asociaciones de vecinos son especialmente proclives a tener un centro de menores al lado), el Ejecutivo autónomo creó el primer dispositivo de emergencia con 80 plazas. Hoy tiene seis, donde duermen 868 pequeños. A ellos se suma la red de 23 hogares de los siete cabildos, en los que viven otros 294 muchachos, entre 30 y 40 que se hallan en comisarías y los 172 que tutela y costea el gobierno de Canarias pero que viven en hogares de ONG distribuidos en la península.

El gobierno de Canarias considera que no puede hacerse cargo de más de 500 menores. Es decir, que ahora mismo habría que reubicar a unos 700 en el resto del país. Fuentes del Ejecutivo autónomo matizan que “el problema que hay en Canarias no es de capacidad”, porque nada impide que se construya un edificio de ocho plantas o una ciudad de los niños. Estos menores de los cayucos tienen un techo, comen bien a diario, se instruyen en español e informática y asisten a clases de carpintería, cerrajería o jardinería. “El problema es que no hay capacidad para darles la educación de cualquier niño de este país y que, en unos días, llegará un nuevo cayuco con otros 20 o 30 chicos y, al día siguiente, otro más con otros tantos.”

Mientras se redujo notablemente el número de adultos que llega en barcas, el de menores es similar al del año pasado, de tal suerte que ahora llegan más niños en cada embarcación. Los adultos sólo permanecen 40 días en un centro de retención, pero un chico de 9 o 10 años pasará sus próximos ocho años de vida en uno de estos dispositivos de emergencia.

El gobierno de Canarias espera con máximo interés el resultado de la reunión de hoy entre los responsables de distintos ministerios y la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega en la Comisión Delegada de Inmigración, que se celebra todos los viernes.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, se comprometió hace días con la consejera canaria de Bienestar Social, Inés Rojas, a presentar un convenio para desatacar la situación. Rojas ha entregado al ministro una propuesta que contempla la derivación a la península de todos los menores que superen esa capacidad de 500 plazas que asume Canarias, cediendo su tutela al Estado o a la comunidad autónoma acogedora. También propone que familias y particulares puedan cuidar y educar en sus hogares a alguno de estos chicos.

* De El País de Madrid. Especial para PáginaI12.