La Legislatura porteña abrió ayer un debate público sobre los proyectos que proponen reglamentar la atención de los abortos no punibles contemplados en el artículo 86 del Código Penal. La discusión se dio en el marco de una reunión especial de la Comisión de Salud, a la que fueron invitados expertos y expertas con distintas posturas. La titular del Inadi, María José Lubertino, pidió la palabra en el espacio destinado a la ciudadanía y en nombre del gobierno nacional celebró las iniciativas. “Es muy importante que se sancione esta ley para que no se sigan judicializando estos casos. El Estado debe garantizar el aborto en los casos en que es legal”, señaló Lubertino. También expresaron su apoyo a una regulación de los abortos no punibles la coordinadora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del gobierno macrista, Silvia Oizerovich, y una investigadora del Conicet. Las voces disidentes corrieron por cuenta de dos abogados alineados con el pensamiento de agrupaciones “pro vida” que fueron más allá del tema en discusión –la regulación de un procedimiento médico– y se pronunciaron en contra del aborto en todos los casos, incluso cuando corre riesgo la vida de la mujer. Y calificaron a las iniciativas de “inconstitucionales”. Uno de ellos, Mario Turzi, de una organización llamada Defensoría de la Vida Humana, propuso incluso que ante una interrupción de embarazo se contemple el uso de incubadoras y la terapia intensiva para “asegurar la sobrevida de las personas en gestación”.

La de ayer fue la primera de una serie de cuatro reuniones públicas acordadas en la Comisión de Salud a las que serán invitados especialistas de distintos ámbitos. La próxima será el viernes 17 de octubre. La primera media hora estará siempre destinada a la ciudadanía que quiera expresarse. Ayer, ese espacio lo usó Lubertino. Nadie más pidió la palabra.

El debate tuvo lugar en el Salón Montevideo durante más de dos horas y media. Empezó alrededor de las 11.30 y fue seguido por casi un centenar de personas, muchas de ellas integrantes de organizaciones de mujeres que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Algunas llevaban el símbolo que las distingue: un pañuelo verde al cuello. Presidió la reunión la kirchnerista Alicia Bello y estuvieron presentes los autores de los cuatro proyectos en debate: las diputadas Diana Maffía, de la Coalición Cívica; Gabriela Alegre, de Diálogo por Buenos Aires, y Juan Cabandié y Pablo Failde, ambos del Frente para la Victoria. También participaron de la reunión especial el presidente de la bancada de la CC, Enrique Olivera; Aníbal Ibarra y las macristas Diana Martínez Barrios y Victoria Morales Gorleri y Cristian Asinelli, del FV.

La primera oradora fue la coordinadora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del gobierno porteño, médica especialista en ginecología endocrinológica del Hospital Pirovano y a la vez vicepresidenta de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (Amada). Después de dar un panorama de las acciones del programa que encabeza, precisó que en 2007 fallecieron en hospitales porteños cuatro mujeres como consecuencia de abortos realizados en la clandestinidad y en forma insegura. En lo que va de 2008, otras dos. Son muertes, destacó, que “podrían haberse prevenido”. La funcionaria pidió a los legisladores que sancionen “una normativa clara”. “Es necesaria una reglamentación para que se puedan cumplir en los hospitales con los abortos no punibles contemplados en el Código Penal”, señaló luego a PáginaI12.

Aunque desde el comienzo la diputada Bello, que dirigió el encuentro, pidió que el debate quedara circunscripto a “los abortos no punibles y no al tema del aborto en general”, la discusión superó esa valla: Alberto Solanet, presidente de la Corporación de Abogados Católicos, consideró que “no existe justificación alguna para el aborto terapéutico”. Tampoco cuando el embarazo proviene de una violación.

–¡Saquen sus rosarios de nuestro ovarios! –repitieron mujeres del público cuando finalizó su exposición.

Turzi habló de “homicidio prenatal”. Ambos pidieron que los proyectos se archiven.

La cuarta experta invitada fue la médica e investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), Mariana Romero, quien coordinó el equipo interdisciplinario que redactó la Guía de Atención Integral del Aborto no Punible elaborada durante la gestión del ex ministro de Salud de la Nación Ginés González García. Romero expresó su apoyo a la reglamentación y destacó, entre otros aspectos, que estudios de opinión recientes encargados por el Cedes muestran que 8 de cada 10 ciudadanos en el país están a favor de que el aborto no sea punible en los casos ya previstos en el Código Penal y contemplados en los proyectos en discusión (ver aparte).

A pesar de las posiciones irreconciliables de los expertos invitados, no hubo exabruptos. Apenas algunos abucheos del público a dichos de Turzi y de Solanet. Ambos plantearon que los proyectos amplían las causales de no punibilidad vigentes al incluir a los embarazos que provienen de una violación a cualquier mujer –y no sólo en el caso de una que sufra discapacidad mental– y que no es atribución de la Legislatura avanzar sobre la modificación del Código Penal.

Tras las exposiciones, Ibarra y Maffía replicaron las expresiones de Solanet y Turzi. “Tenemos todas las atribuciones” para legislar la atención de los abortos “ya establecidos”, consideró Ibarra. “Las mujeres no somos frascos en los que germina un poroto. Somos seres humanos. Y no tenemos por qué hacernos cargo de las consecuencias de una relación sexual no consentida, forzada. Sería una conducta heroica, que no es exigible”, opinó Maffía y se llevó un estruendoso aplauso.

Olivera recogió el guante que tiraron Turzi y Solanet y planteó que pedirá que los proyectos se discutan también en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ya está previsto que una vez que pasen por Salud, se analicen en las comisiones de Mujer y Justicia. A este paso, difícil que el tema llegue al recinto antes de fin de año.