Las Fuerzas Armadas de Perú afrontan acusaciones de violación de derechos humanos formuladas por campesinos, durante la ofensiva militar iniciada en agosto contra los últimos contingentes armados de la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso. Las denuncias fueron presentadas ante una fiscalía de derechos humanos en Ayacucho (su-deste de Perú) y aluden a la desaparición de once personas en el marco de las operaciones realizadas por el ejército en la agreste región de Vizcatán, bastión maoísta desde hace dos décadas.

Medios de prensa en Lima y Ayacucho difundieron la versión, que fue rechazada por el Ministerio de Defensa. Además, radios del interior y de Lima propalaron el jueves la denuncia de una persona identificada como “camarada Gabriel”, integrante de Sendero Luminoso, que dijo que el ejército mató a cinco campesinos confundiéndolos con guerrilleros.

Las fuerzas armadas niegan las desapariciones e insistieron en que los cinco civiles muertos en Vizcatán son guerrilleros. “Es una campaña de desinformación”, dijo el general Otto Guibovich, jefe del estado mayor conjunto de las FF.AA,.

Guibovich resaltó que desde el comienzo de las operaciones militares para lograr el control total de Vizcatán, dieciocho soldados resultaron heridos. Fuentes militares estiman que los senderistas activos en la selva central de Perú no superarían los 150 hombres y que no son un peligro para la seguridad nacional.

El ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz, negó cualquier exceso. “La fiscalía debe terminar con las infundadas sospechas”, opinó.

Según las autoridades peruanas, las poblaciones desplazadas, todas de origen humilde, recibirán ayuda sanitaria y alimentaria de las fuerzas armadas. La ofensiva militar se inició a fines de agosto, bajo el nombre clave de Plan de Operaciones Excelencia, con el fin de “expulsar a los últimos contingentes de Sendero Luminoso del Vizcatán”.

El Instituto de Defensa Legal, una poderosa ONG ligada al campo de derechos humanos, respaldó la acción militar, pero expresó su inquietud por el desplazamiento de campesinos y las denuncias de desapariciones. El conflicto con Sendero dejó 70.000 muertos y desaparecidos entre 1980 y 2000, según la Comisión de la Verdad.