Desde Santa Cruz

Con o sin acuerdo con la Media Luna, Evo Morales modificará su propuesta constitucional con lo acordado hasta ahora en las negociaciones con los prefectos y enviará el proyecto al Congreso. “Mañana se abrirá otro escenario, me imagino que ya en el Congreso, para materializar todo esto y constitucionalizar el tema de autonomías y viabilizar el referéndum por la nueva Constitución”, señaló el viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, reflejando el pensamiento del Palacio Quemado.

Nadie se atreve a asegurar que será un diálogo. Lo único cierto es que mañana se verán las caras, como pedía el Consejo Nacional Democrático (Conalde), organización de los prefectos y cívicos de la Media Luna. En los últimos días, comenzó “una cacería” –según el Conalde– de autonomistas acusados de atentar contra instituciones del Estado y agredir a personas que no comulgan con sus pensamientos. Por ello, los presuntamente cazados decidieron suspender las negociaciones que tenían con el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) para consensuar una nueva Constitución. Y exigen al presidente Evo Morales que cumpla un supuesto pacto de impunidad implícito en el documento firmado hace dos semanas, cuando oficialismo y oposición establecieron las bases del diálogo desarrollado en Cochabamba.

“Nunca renunciaremos al diálogo. Pese a los nuevos apresamientos, vamos a concurrir a la reunión con el presidente para discutir el futuro del diálogo. Vamos a estar una vez más como muestra de nuestra voluntad”, dijo el prefecto de Tarija, Mario Cossío.

Los opositores tomaron la decisión luego de reunirse con los observadores de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos (OEA). La Unión de Naciones de Sudamérica (Unasur) no estuvo. “La representación de Unasur no quiso participar y nos hizo saber que se podía tener con ellos una reunión informal. Nosotros no hemos aceptado ninguna reunión informal. Quien quiera reunirse con los prefectos de manera transparente, estamos aquí, no hay nada que ocultarle al país”, dijo Cossío.

Desde el gobierno argumentan que los procesos se iniciaron antes de la firma del documento. “El 15 de septiembre, Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) presentó una denuncia ante el fiscal general de la República por los delitos de peligro de estrago, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, destrucción y deterioro de los bienes del Estado y la riqueza nacional contra Reynaldo Bayard, Felipe Moza y otros”, dijo el diputado Gonzalo Lazcano, del MAS, presidente de la Comisión de Gobierno en la Cámara baja. Bayard dirige el Comité Cívico de Tarija. Según Lazcano, otro denunciado es Branko Marinkovic, líder de los cívicos cruceños.

El jueves fueron a la cárcel el cívico tarijeño José Vaca y el taxista Jimmy Benítez. Según la investigación, ambos planificaron el atentado contra el gasoducto Yacuiba-Río Grande, junto a varias personas que están en la lista de buscados. Desde el Poder Judicial reconocen que ordenaron las detenciones.

“El Ministerio Público no está atacando a dirigentes cívicos. Lo que estamos haciendo es perseguir los delitos de orden público”, dijo Edward Mollinedo, de la Comisión Especial de Fiscales, creada por la Fiscalía General de la República para investigar la rebelión autonómica que hubo en Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz.

Ayer Morales estuvo en El Torno, a 50 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, para entregar computadoras. “El domingo es definitivo –dijo–. Voy a estar allá (en Cochabamba) y, repito, ojalá que los prefectos estén.” El presidente pensaba ir a la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), que ayer festejó 26 años en la sede que fue saqueada y tomada por cívicos y empleados de la prefectura, según los indígenas. Pero no lo dejó su agenda.

“Nosotros hemos contribuido a la nueva Constitución. No como otros, como el prefecto mal llamado ‘gobernador’, que dicen que esa propuesta no va a referéndum. Vamos a garantizar que el pueblo diga si sirve o no sirve esa Constitución. Si tenemos que derramar sangre por ello lo vamos a hacer”, dijo el chiquitano Diego Faldín, presidente de la Coordinadora de los Pueblos Etnicos de Santa Cruz (Cpesc), cuya sede fue destruida por los autonomistas.