La campaña por el Sí a la nueva Constitución comenzó el domingo, cuando el gobierno levantó el estado de sitio en Pando, luego de 71 días. La Corte Nacional Electoral (CNE) había amenazado con suspender el referéndum del 25 de enero si la medida de excepción continuaba. El presidente Evo Morales concedió la vuelta del orden constitucional, más el envío de 1500 militares y policías cuya misión será evitar revanchas de los cívicos. Los campesinos, que luego de la masacre se refugiaron en la ciudad de La Paz, dijeron a este diario que retornarán a sus comunidades la próxima semana, si comprueban que los uniformados pueden protegerlos. También se espera el regreso de decenas de cívicos y empleados de la Prefectura que habían huido a Brasil para que no los metieran presos por su responsabilidad en la masacre de al menos 18 campesinos simpatizantes de Morales. Hoy, la comisión investigadora de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) presentará en el Palacio de La Moneda, Chile, su informe sobre la masacre.

El 11 de septiembre pasado, el intento de golpe de Estado impulsado por cívicos y prefectos del oriente estaba en su apogeo. Luego de dos días de tomas y saqueos de edificios públicos, ataques y quemas de organizaciones indígenas y de derechos humanos en media Bolivia, comenzaron a contarse los muertos en Pando, un departamento de cien mil habitantes fronterizo con Brasil y Perú.

En el municipio de Porvenir, a 50 kilómetros de la capital, Cobija, los cívicos y los funcionarios del entonces prefecto Leopoldo Fernández usaron máquinas del Estado para hacer en la ruta una fosa de cinco metros de ancho por dos de hondo. Así querían evitar el avance de mil campesinos que esperaban reunirse en Cobija para analizar la violenta coyuntura nacional de esas horas. Por si el pozo fallaba, los cien autonomistas cargaban armas de diverso tipo y calibre.

Junto al hueco hubo un enfrentamiento que terminó con la muerte confusa de Pedro Oshiro, recordado como “el ingeniero” por sus cofrades en la autonomía departamental. Entonces comenzó la masacre. Las balas no distinguían entre mujeres, hombres y niños. En el desbande, varios marchistas se tiraron al río Tahuamanu para huir a nado, pero igual los autonomistas seguían disparando. Cuando se difundieron estas imágenes, varios medios de comunicación sostuvieron que se trataba de un registro falso. Incluso denunciaron que la masacre no existió, porque en esa época del año “el Tahuamanu no lleva tanta agua”, decían.

“Esto que ha pasado es real. Nos lastima harto (mucho) recordar lo que hemos vivido. Creo que esto, la muerte de nuestros compañeros, nos fortalece para seguir adelante con este proceso hasta que haya justicia”, dijo a Página/12 Anselmo Guasase, de la comunidad Bella Brisa, municipio Villanueva. El sobreviviente de la masacre está entre las decenas de personas que hacen vigilia ante la cárcel de San Pedro, en La Paz, donde está el ex prefecto Leopoldo Fernández, principal responsable de las muertes.

Durante el estado de sitio, las fuerzas públicas detuvieron a 39 personas vinculadas con saqueos a instituciones del Estado y asesinato de campesinos. El domingo quedaron libres 18, contra quienes no había acusación. Los restantes continuarán detenidos hasta el juicio.

La masacre se desarrolló entre el 11 y el 14 de septiembre. Según la comisión de Unasur, al menos 20 personas fueron asesinadas. Los sobrevivientes sostienen que los asesinados son mucho más que 20.

Volver al imperio de la ley en Pando podría concitar represalias entre los sectores enfrentados. Por ello el gobierno enviará 1500 militares y 300 policías, como parte del Plan Integral de Seguridad y de Orden Público que reemplazará al estado de sitio. Desde el 11 de septiembre, varios sobrevivientes esperan reunirse con el presidente, que hasta ahora no los recibió. Por eso, en un momento los campesinos pandinos pusieron en duda su apoyo a la nueva Constitución. “Nuestros compañeros murieron por defender la nueva Constitución. El presidente no reconoce este sacrificio”, sostuvieron. Consultado sobre si votarán Sí o No el 25 de enero, Guasase consideró que “depende de cada persona, según su conciencia”.