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Stella Maris Martínez ha estado viajando esta última semana. Le duele el cuello, tanto que apenas puede moverlo para saludar. Es temprano y su malhumor ha sido advertido en los pasillos que anteceden a su oficina en la Defensoría General de la Nación. Ella trata de ocultarlo, pero el tema le resulta indignante porque conoce sus costados más miserables y oscuros. Por eso pide no reducir la entrevista a la propuesta de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años instalada por el gobernador bonaerense, Daniel Scioli. Ya avanzada la charla, Martínez se olvidará de sus dolores, gritará y hasta le mejorará el humor, tal vez por haberse sacado la bronca al delinear las responsabilidades de los jueces de menores y los políticos y, de paso, criticar a los seudoprogresistas.

“Entre proteger sin respetar los derechos a no proteger de ninguna manera tiene que haber un punto intermedio, que es proteger respetando los derechos. Este punto intermedio no existe”, fue uno de sus diagnósticos. El 5 de septiembre pasado, Martínez envió un escrito en apoyo al hábeas corpus para que se libere a los menores de 16 años encerrados en la ciudad de Buenos Aires, presentado por la Fundación Sur. Allí menciona “el fraude de etiquetas” y los “eufemismos” usados por los jueces para privarlos ilegalmente de su libertad. Entre otros problemas, la titular de la Defensoría mencionó la falta de un sistema de responsabilidad juvenil, las contradicciones entre la nueva ley de protección integral, la 26.061, y su antecesora aún no derogada, la 22.278, y las políticas a corto plazo, exigidas por quienes ven en la represión y la baja en la edad de imputabilidad una forma de sacar a los chicos de circulación. O como dijo el propio Scioli hace un tiempo, de protegerse “de quienes no tuvieron oportunidades”.

–En medio de este debate se mencionó la falta de garantías procesales para los menores de 16 años. Los jueces dictan “medidas tutelares” y los encierran, sin que haya posibilidad de discutir estas medidas.

–Efectivamente, los chicos que tienen menos de 16 años, en este momento, no tienen garantías procesales. A mi juicio hay un problema de estructuras legislativas. Pero déjeme empezar un poquito antes. El proceso penal y el tema de subir o bajar la edad de imputabilidad es una cuestión mínima dentro de un gran universo. ¿Por qué? Porque éste es un problema que tiene que ver con la prevención, con qué hacemos con los chicos, con los que están en la calle, con los que son expulsados de la escuela, con los que consumen paco. Porque si roban, lo hacen después de todo eso. Entonces el sistema, que ya fracasa con los mayores de 16, va a empezar a fracasar dos años antes.

–Los jueces de menores también hacen lo suyo...

–¡Porque los jueces no son los que tienen que solucionar este problema! Veamos lo que pasa ahora, se dictó una ley de protección integral, esta ley es muy clara, establece límites muy marcados. Dice que la Justicia no tiene nada que ver, que tienen que hacerse cargo las administraciones y que privar a los niños de la libertad es una medida excepcionalísima, no porque “yo no sé si puede llegar a ser peligroso o no”. El problema es que nosotros aprobamos las leyes y después no estamos de acuerdo con las leyes que aprobamos. Cuando se dicta la 26.061 se deroga la vieja 10.903 (de Patronato). Cuando se deroga esa ley, la 22.278 se queda sin fundamento para privar de la libertad a los niños, porque desaparece el Patronato. O sea, se queda sin facultades legales.

–Pero la 22.278 sigue estando y algunos jueces la usan.

–Ah, pero eso es un problema de los jueces. Vamos a ser sinceros. La administración, entiéndase el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y muchos gobiernos provinciales, no salió a ocupar el espacio vacío que quedó al derogarse el Patronato. ¿Qué hacemos entonces con un chico que usted encuentra a las dos de la mañana, drogado, y lo detiene la policía? ¿Qué hace usted con él?

–Lo llevo a un hospital, no a la comisaría.

–Bueno. Pero después se le pasó el efecto de la droga. En el hospital no lo pueden seguir teniendo porque el hospital es un recurso escaso. Usted no logró saber de dónde es, porque el chico no quiere decir cómo se llama y no quiere decir quiénes son los padres. Usted, mediante las huellas dactilares, está tratando de identificarlo, esto lleva un proceso. Usted debe creer, y en esto no coincido con la Fundación Sur, que tenemos una preciosa casa, de puertas abiertas, pero con contención, donde van los niños y los tenemos ahí, pero no es así. Lo que no podemos hacer entonces es pasar del Patronato extremo al desamparo total. Porque esto no es lo que quiere la ley. Estamos obligados a proteger respetando sus derechos. Entre proteger sin respetar los derechos a no proteger de ninguna manera tiene que haber un punto intermedio, que es proteger respetando los derechos. Este punto intermedio no existe.

–¿Y los institutos?

–¡No estoy hablando de los institutos! Lo que estoy diciendo es la estructura intermedia que contenga al chico hasta que lo podamos devolver a la casa o buscarle un hogar de acogida. Este es el problema.

–¿Y si el chico se quiere ir?

–Si no somos capaces de buscar operadores para contenerlos, el chico se va a querer ir. Si pasa esto, la discusión la tiene que tener toda la sociedad. Si usted me dice que la opción es instituto o calle, y probablemente le diga que va a estar mejor en la calle. Pero la alternativa no puede ser ésta, debe haber lugares preparados para atender a estos chicos. Es lo que plantea la ley de protección integral, que es un avance importantísimo pero después nadie la aplica.

–Dicen que no hay presupuesto.

–Entonces no la aprobemos, aprobemos una cosa más chica que se pueda hacer. ¿Para qué vamos a poner todas estas garantías mínimas de procedimientos? Tememos pasar de la protección excesiva y sin derechos a chicos a los que se los criminaliza por ser pobres a la nada. Y la nada es que esos chicos sean víctimas de cualquier cosa. Que cometan conductas peores o terminen siendo abatidos por la policía. ¿Qué hacemos con los chicos institucionalizados? ¿Cerramos los institutos y los dejamos en la calle sin ningún tipo de contención? ¿Sin acompañamiento, sin seguimiento? Yo creo que eso no lo podemos hacer. Son los riesgos de una lectura extrema de este argumento. Ahí aparecen distintas lecturas. La represiva sería: “Ay, van a dejar a todos esos delincuentitos en la calle, ay la seguridad”. Nuestra lectura es: van a dejar a todos esos chicos en la calle con qué protección. Lo que tenemos que reclamar es que se cierren los institutos para menores y que no tenga nada que ver la Justicia penal con ellos. Si el sistema de 16 para arriba fracasa y lo uso porque no se me ocurre otra cosa, ¿por qué incluir a los de 14?

–¿Para sacarlos de circulación?

–¡Es que no lo entienden! No se dan cuenta de que a ese chico de 14 años que quieren meter preso ahora, no lo van a tener en la calle hoy, pero lo van a tener dentro de cinco años mucho más peligroso, absolutamente sin posibilidades de reconciliación con la sociedad, sin posibilidades de integración social con lo cual, lo que van a lograr, aun con su micromentalidad, es un lugar más peligroso. El que opta por la solución represiva, si lleva su argumento a las últimas consecuencias, lo único que le permite dormir tranquilo es la pena de muerte. Lo que estoy pidiendo es que se dicte una ley de responsabilidad penal juvenil, así de fácil. En este momento tenemos la ley de protección integral, es una ley marco, pero luego hay una ley vieja, la 22.278.

–Una desautoriza a la otra, pero la ley sigue existiendo.

–Pasa que están haciendo una interpretación extensiva en contra de la gente. La nueva ley dejó sin sustento a la vieja.

–Pero los jueces la siguen usando.

–Cada vez menos. En Capital hay pocos chicos encerrados, hoy serán 50. El problema es la provincia de Buenos Aires. Los jueces tienen un pensamiento del estilo: “Mientras esté encerrado no hace daño”. Son poquitos los que piensan: “Este chico lo tengo encerrado porque se hace daño a sí mismo”. Pasa que muchos no ven una alternativa. La ley 22.278 dice: “En caso necesario pondrá al menor en lugar adecuado para su mejor estudio durante el tiempo indispensable”. ¿Dónde dice que lo puede privar de su libertad?

–Uno puede hacer una interpretación extensiva de “lugar adecuado”.

–No se puede. Está prohibido hacer una interpretación en contra de la libertad, o sea, ni siquiera es un problema de inconstitucionalidad, ¿por qué antes sí podían? Porque la 10.903, que está derogada, decía que respecto de los menores no había que cumplir ninguno de los requisitos de la prisión preventiva, es decir, que no había que tener ningún tipo de recaudos para privarlos de su libertad porque se supone que se los protegía.

–Entonces qué opina de un juez que dice que es mejor tenerlo encerrado “antes que lo maten”.

–(Hace silencio.) Es inmaduro y perverso que alguien diga que todos los menores que en este momento están institucionalizados, si se quedan en la calle, van a significar menores de conducta transgresora, que van a ser tan notorios y conflictivos como para generar un enfrentamiento con la policía. Esto es falso.

–Pero los siguen encerrando.

–Y sí. Está mal. La ley de protección integral ha fijado otros paradigmas. Pero depende mucho del manejo local. Si se hacía un modelo interesante en la ciudad de Buenos Aires, donde hay dinero, este modelo se hubiera podido aplicar en otras provincias. Claro, ahora el dinero en la ciudad se está destinando a una nueva policía.

–Para muchos la opción política es seguridad y represión.

–Pero si judicialmente se obliga al Estado a...

–¿Cuántas veces se obligó judicialmente al Estado y no hace nada?

–Ah ¡bueno! ¿Qué es lo que está buscando, que yo le diga qué? Creo que si imponemos pautas judiciales, esto va a avanzar.