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Por “corrupción de menores agravada”, que tuvo como víctima a su propia hija, un tribunal oral porteño condenó a 12 años de cárcel a un ejecutivo de una multinacional. Los jueces dieron por probadas las conductas sexuales sobre la niña, cuando ésta tenía cuatro años, y entendieron que se encuadraban en el orden de la corrupción, cuya pena es mayor aun que la del abuso de niños. El hombre está preso desde hace dos años, y el juicio penal había sido precedido por una causa por violencia familiar, en la cual se había prohibido al padre acercarse a su hija. Las sospechas de la madre se habían iniciado a raíz de unos dibujos de la niña con contenido sexual explícito; de todos modos, “el diagnóstico del abuso sexual infantil no se basa en dibujos, sino en el relato verbal de la víctima, acompañado por síntomas de haber sufrido un hecho traumático”, aclaró una integrante del cuerpo pericial forense que dictaminó en la causa por violencia familiar.

El veredicto fue establecido, en forma unánime, por los jueces Walter Luna, Armando Chamot y Alejandro Becerra, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal 4 de la Ciudad de Buenos Aires, y sus fundamentos se darán a conocer el 1º de diciembre. La denuncia había sido efectuada por la madre de la niña, que se hallaba separada del padre –ingeniero, de 49 años– desde que la hija tenía tres años y medio; la chica tiene ahora nueve años. Los abusos sexuales del padre se produjeron, según el tribunal, cuando la nena tenía entre cuatro y seis años.

Según Carlos Wiater, abogado de la madre de la niña, a su clienta “le llamaron la atención los dibujos de la nena, que a los seis años dibujaba parejas con una exacerbación de los órganos genitales. A partir de eso, se efectuó una consulta a una psicóloga que, luego de examinar a la niña, planteó la posibilidad de que estuviera siendo abusada”.

“Inicialmente, la madre se dirigió a un centro de asistencia a la víctima del Gobierno de la Ciudad: ese asesoramiento condujo a un proceso por violencia familiar en la Justicia civil, que incluyó peritajes psicológicos y psiquiátricos; el resultado fue que se le prohibió al padre acercarse a menos de 200 metros de la niña. Luego de este proceso, la madre me consultó e inicié querella penal”, contó Wiater.

En noviembre de 2006, el juez Luis Rodríguez, a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 11 de la ciudad de Buenos Aires, dictó prisión preventiva de cumplimiento efectivo para el acusado, que desde entonces permanece detenido en la cárcel de Marcos Paz.

En el juicio oral, la declaración de la niña ante una psicóloga especializada fue presenciada por los jueces mediante la “cámara Gesell”, que permite ver sin ser visto. La fiscal, Cecilia Pombo, solicitó una condena de 13 años; Wiater pidió 15, la máxima pena contemplada para el delito de corrupción de menores agravada por el vínculo. El tribunal aplicó efectivamente esta calificación y fijó una pena de 12 años.

El abogado defensor del acusado, Ricardo Huñis, anticipó que apelará ante la Cámara de Casación “porque no fue probado el delito y porque, aun en el caso de que se lo diera por probado, correspondería la calificación de abuso sexual y no la de corrupción de menores”.

Durante el juicio oral que finalizó ayer, se difundió la suposición de que el abuso había sido demostrado a partir de dibujos efectuados por la niña. Virginia Berlinerblau –que, como perita en el Cuerpo Médico Forense, intervino en la causa por violencia familiar que precedió al juicio penal– aclaró que “los dibujos son una herramienta complementaria pero en sí mismos no fundan un diagnóstico de abuso sexual. Este se realiza a partir del testimonio del niño: incluso un chico de tres años muchas veces puede contar lo que le pasó, aunque no pueda dar detalles; también se toma en cuenta qué emociones y actitudes acompañan el relato, y si existen o no síntomas postraumáticos como trastornos escolares o pesadillas reiteradas”. La perita habló en términos generales, sin referirse a este caso en particular.