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Por Julio de la Guardia*
Desde Ramalá, Cisjordania

Desde su creación en 1993 a través de los Acuerdos de Oslo, la Autoridad Palestina (AP) ha ido absorbiendo anualmente cuantiosas donaciones, pero nadie –con excepción quizá de su presidente, Yasser Arafat– sabe exactamente cuántos miles de millones de euros han entrado en sus arcas públicas ni dónde han ido a parar. A pesar de estar regulado por ley y de que existe una comisión ad hoc dentro del Consejo Legislativo (Parlamento interino de la AP), los presupuestos generales sólo fueron hechos públicos en una ocasión, en el ejercicio fiscal de 1997, para luego volver a convertirse en una cuestión interna, sólo conocida por Arafat y alguno de sus más estrechos colaboradores.
Durante los años de las vacas gordas, nadie parecía estar interesado en escrutar las cuentas de una entidad que cumplía con la principal misión que se le había encomendado en Oslo: garantizar la seguridad de los ciudadanos israelíes y mantener a raya a las organizaciones radicalizadas, sobre todo a Hamas y la Yihad Islámica. Mientras eso fue así, los principales patrones del proceso de paz –EE.UU. y la Unión Europea– no tuvieron ningún recato en mirar para otro lado, como si nada pasara, pese a que eran conscientes de las disfunciones que empezaba a presentar. El nepotismo y la corrupción comenzaban a reproducirse a la misma escala, e incluso superior, que anteriormente presentara su predecesora y matriz, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).
La falta de unos criterios rigurosos de condicionalidad y de transparencia a la hora de entregar las donaciones –ya fueran las soviéticas, las chinas o las de las monarquías del Golfo a la OLP primero, o las estadounidenses, europeas o japonesas a la AP después– facilitó que la corrupción se extendiera como un cáncer por gran parte de su organigrama político y administrativo, llegando hasta los niveles más inferiores. Y dada la complicidad entre la cúpula y la base de la pirámide, nadie quería alzar la voz desde dentro, en parte por ser estómagos agradecidos, y en parte por miedo a las represalias.
En el caso israelí tuvo lugar un fenómeno parecido. En tanto y en cuanto la Autoridad hizo sus deberes antiterroristas, a nadie se le pasó por la cabeza condicionar la devolución de las retenciones del IVA de los productos palestinos exportados a través de puertos y aeropuertos israelíes, ni del impuesto de la renta aplicado a los jornaleros palestinos que trabajaban legalmente en la construcción, la agricultura y las infraestructuras israelíes. Sin embargo, desde el comienzo de la Intifada, estas partidas, que les han sido retenidas, ascienden a más de 600 millones de dólares. Así como tampoco se cuestionó que el hijo del actual primer ministro, Ariel Sharon, actuara a modo de representante de los inversores israelíes que participaban en sociedades mixtas que reportaban jugosos réditos a la Autoridad, como el casino de Jericó.
Las acusaciones de corrupción y las llamadas de atención sobre el problema ya habían tenido lugar antes de que comenzara la llamada Intifada de Al Aqsa a finales de septiembre de 2000. La principal alarma fue dada por un colectivo de intelectuales palestinos diversos, que fue conocido como el Manifiesto de los 20.
A mediados de 1999, estos 20 intelectuales, distribuidos por diferentes ciudades de Cisjordania y la franja de Gaza, publicaron y firmaron un breve panfleto titulado “Un llanto a la nación”, en el que condenaron la rampante corrupción, el fraude y la mala gestión de los caudales públicos que comenzaban ya a detectarse en la ANP. Entre ellos, se destacaron el ex ministro de Agricultura Abdel Jawad Saleh, el economista Adel Samara y el catedrático de Ciencias Políticas Abdel Satar Qasem (este último ha dicho que concurrirá contra Arafat en las próximas elecciones generales). Mientras que los 20 firmantes del manifiesto fueron inmediatamenteperseguidos por los servicios de seguridad palestinos y puestos bajo detención administrativa durante semanas, Abdel Satar Qasem, al que la Autoridad acusó de tener conexiones con la inteligencia siria, permaneció varios meses confinado en prisión, llegando a ser objeto de malos tratos. Entonces, ninguno de los que hoy hincan el dedo en la honda llaga de la corrupción –ni EE.UU., ni la Unión Europea ni Israel– hizo nada para evitar la represión aplicada contra unos disidentes que reclamaron lo que hoy día constituye una de las primeras prioridades dentro del conjunto de reformas exigidas por Occidente: la lucha contra la corrupción.
Otro de los 20 firmantes, Mu’awiya al Masri, diputado por la circunscripción de Nablus, fue incluso agredido por unos encapuchados que le dispararon en una pierna y lo amenazaron de muerte. Tres años después de lo ocurrido, en una entrevista publicada el pasado 2 de agosto por el MEMRI (Middle East Media Research Institute, un instituto de investigación con sedes en Jerusalén, Londres y Washington), Al Masri señala: “A partir de mi experiencia dentro de la comisión de presupuestos del Consejo Legislativo, le aseguro que intentamos saber dónde están los dineros del pueblo palestino, pero que todo nuestro esfuerzo fue en vano”. Entonces, el ministro de Hacienda era Mohamed Zuhdi Nashashibi. Y, curiosamente, la directora general era su hija, Abla Nashashibi, quien, al igual que su padre, aplicó una política de opacidad en las cuentas públicas.
Asimismo, Al Masri asegura que “en realidad sólo hay una persona que sepa cómo se gestiona todo el presupuesto, que es Arafat”. Pues según la estructura fiscal y financiera imperante hasta la reciente reforma del gabinete, en que los Nashashibi fueron cesados y fue nombrado un economista del Fondo Monetario Internacional, Salam Fayad, el Ministerio de Hacienda sólo controlaba una parte del conjunto de ingresos. Otra porción importante del pastel era gestionada por un oscuro hombre de negocios que Arafat invistió como “mi asesor económico”.
“Hay otro hombre, que es una catástrofe para el pueblo palestino: Mohamed Rashid”, añade Al Masri, quien comenta cómo “en una sesión del Consejo Legislativo, el ministro de Hacienda dijo: ‘No tenemos fondos para pagar a los funcionarios, pero hemos recibido un préstamo de 25 millones de dólares de Mohamed Rashid para cubrirlos, ¡Allah-hu-Akbar! (Alá es grande)’”. Y se pregunta retóricamente: “¿Cómo puede ser que alguien que no es palestino sea el responsable de los fondos del pueblo palestino?”.
Según los pocos datos que se tienen de él, Mohamed Rashid es un iraquí de origen kurdo que comenzó su carrera en la OLP como editor de una revista política de la organización, que se publicaba en Chipre y se distribuía por todas sus delegaciones en el extranjero. Fue entonces cuando se ganó la confianza de Arafat, mientras éste llevaba a cabo su lucha desde el exilio. La dinámica interna de la AP lo colocó poco a poco en un lugar de privilegio, convirtiéndose en la mano derecha de Arafat.
Los tentáculos de Rashid, al que también se conoce por el nombre de Khaled Salam, parecen estar por todas partes. No sólo gestionando los monopolios del gas natural, los hidrocarburos, cementos y cigarrillos, cuyos ingresos no iban luego a la Hacienda Pública, sino a otra serie de cuentas controladas por él mismo, y además a otras empresas que generaban pingües beneficios. Entre ellas, el agua embotellada Jericó, la agencia de publicidad Sky, el complejo deportivo Try Fitness, la empresa de telefonía móvil Jawal y, la más importante de todas, el casino Oasis, único de la región, que atraía a su vez a miles de jugadores israelíes.
Cuando percibió peligro, Rashid comenzó a sacar muchos de los capitales que tenía invertidos en estas sociedades. Tras la primera reocupación de la ciudad de Ramalá, que duró solo tres días y se produjo a principios del pasado mes de marzo, el consejero del presidente dio orden de vaciar las cajas fuertes y comenzó a llevarse al extranjero, uno por uno, maletines con millones de dólares. De esta forma, algunas empresas menores, quedependían de las grandes, se vieron obligadas a cerrar, dado que estas últimas carecían de la liquidez necesaria para pagar a las subcontratadas. Asimismo, se hicieron ajustes de plantilla, redujeron sueldos y se pospuso la entrega de salarios, lo que hizo que Rashid se fuera ganando poco a poco la animadversión de mucha gente que antes lo respetaba dada su condición de rey Midas palestino.
Además de dedicarse al mundo empresarial, Rashid se convirtió en un negociador clave en el transcurso de la segunda reocupación de Ramalá y el asedio a la Mukata de Arafat, detonados por el brutal atentado de Pascua ocurrido en Netanya, que desencadenó la campaña Muro Defensivo. Entonces, Rashid pasó a ser el enviado especial del presidente, tanto a la hora de buscar una salida al sitio impuesto sobre la iglesia de la Natividad en Belén, como a la hora de recuperar la libertad de movimientos para Arafat, a cambio del traslado a la prisión de Jericó de los presuntos asesinos del ministro israelí de Turismo, Rahavam Zeevi, y del encargado de la compra clandestina de armas, Fuad Shubaki.
Fue precisamente en ese momento cuando Rashid cayó en desgracia, al enfrentarse a otro todopoderoso dentro de la AP, el director del Servicio de Seguridad Preventiva en Cisjordania, Jibril Rajub. Cuando este último, después de que su cuartel general sufriera casi 30 horas de continuo bombardeo a base de obuses de tanque y misiles disparados por helicópteros, accedió a entregar a varios militantes de las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa y Hamas que estaban en la prisión del complejo, Rashid condenó el hecho de que Rajub tomara la decisión de forma autónoma, sin consultar previamente con Arafat. A partir de ahí, el asesor económico no ha vuelto a poner un pie en Cisjordania, donde está amenazado de muerte por los seguidores de Rajub.
Tras establecer su nuevo centro de operaciones financieras en El Cairo, Rashid ha seguido sin embargo participando activamente en las negociaciones con el gobierno israelí. Durante las conversaciones previas al acuerdo Gaza y Belén Primero se le vio llegar, con su inseparable maletín, como miembro de la delegación palestina que acudió al encuentro.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.