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Dos personas murieron anteanoche en un atentado en el norte de Bogotá. A las nueve y cinco una bomba de 10 kilos de pentonita, un poderoso explosivo, se activó dentro de un cajero automático, al lado de la puerta de una famosa cadena de videoclubes. Una mujer de 25 años que pasaba caminando por la calle y el vigilante, que había empezado a trabajar ahí esta semana, fallecieron en el acto. Ayer a la mañana el presidente Alvaro Uribe acusó a las FARC, la principal guerrilla del país, de estar detrás del ataque.

“Este atentado muestra nuevamente la farsa de las FARC, que hablan de derechos humanos y acuerdo humanitario, y al mismo tiempo combinan la extorsión y el terror”, sentenció en un comunicado, difundido desde París, la parada previa que hizo el mandatario antes del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Unas pocas horas después la senadora opositora Piedad Córdoba anunciaba que las FARC liberarían al primero de un grupo de seis rehenes el próximo domingo.

Según reconstruyeron los investigadores de la Fiscalía Nacional, un hombre de unos 30 años habría dejado un bolso con los explosivos en el cajero unos minutos antes de la explosión. Es un barrio comercial muy coqueto y concurrido, pero dada la hora el videoclub estaba cerrado y en la calle había poca gente. Las fotos del lugar después de la explosión muestran apenas tres autos calcinados, todos vacíos. Según informó el ministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos, unas veinte personas resultaron heridas, ninguna de gravedad.

La principal hipótesis que manejan el gobierno nacional y la alcaldía de Bogotá es que la sucursal de la cadena estadounidense de videoclubes estaba siendo extorsionada por la guerrilla y ésta no quiso pagar. “Es parte del plan estratégico de incrementar las acciones terroristas en los centros urbanos”, advirtió Santos. Para frenar esta supuesta ofensiva, continuó el ministro, el gobierno nacional creó un grupo antiterrorista de élite que dará protección a cerca de 60 empresas en los principales centros urbanos. Además, acordaron con el gobierno opositor del alcalde capitalino Samuel Moreno redoblar la seguridad de la ciudad. Al menos 700 patrullas policiales estarán vigilando la capital las 24 horas a partir de la semana próxima.

Ayer las FARC no se pronunciaron sobre el ataque, pero sí hablaron. Según informó a la tarde la senadora opositora y mediadora en el proceso de liberación de rehenes, Piedad Córdoba, la guerrilla le entregó las coordenadas donde será entregado el primero de los seis secuestrados que prometieron liberar. Aún no se sabe quién será, pero la Cruz Roja Internacional y el gobierno brasileño ya están al tanto y comenzaron los preparativos. El gobierno colombiano prometió que el atentado de ayer en Bogotá no interferirá con el operativo. “Vamos a regular los bombardeos”, se comprometió el ministro Santos.