La impunidad es inconstitucional. Esa fue la conclusión a la que llegó el Congreso uruguayo después de debatir si la Justicia debía aplicar o no la Ley de Caducidad, bajo la que se ampararon los militares y policías represores de la dictadura, en el caso del secuestro y asesinato de la militante comunista Nibia Sabalsagaray. “Hoy (por ayer) dimos un pequeño pero importante paso. Ahora tenemos que ir por la anulación de la ley, para que sea retroactiva y se aplique a todos los casos de violaciones de los derechos humanos”, aseguró, sin disimular su entusiasmo, el senador comunista Eduardo Lorier. Hace una semana el presidente Tabaré Vázquez también había declarado inconstitucional la amnistía, aprobada por el Congreso y ratificada por un referéndum a finales de los ochenta. Ahora es el turno de la Corte Suprema uruguaya; ella tiene la última palabra.

La votación, aunque no vinculante, fue vivida como un triunfo histórico por los legisladores del Frente Amplio, muchos de los cuales hace dos décadas demandan la anulación de la Ley de Caducidad y el procesamiento de todos los responsables –militares y civiles– de los miles de asesinatos, secuestros y torturas cometidos entre 1973 y 1985. “Es la primera vez que se pronuncia el Congreso. Estamos cada vez más cerca de anular de una vez y para siempre la amnistía”, celebró anoche por teléfono el senador frenteamplista y uno de los referentes de la lucha por los derechos humanos en Uruguay, Rafael Michelini.

El joven senador fue el encargado de abrir el debate ayer a las 11.30 de la mañana. “Ha llegado el momento en que se afiance la justicia, tiempo de recuperar la dignidad del país, recuperar la justicia para las familias de las víctimas”, reclamó el hijo del ex senador y férreo opositor de la dictadura, Zelmar Michelini, secuestrado y asesinado en Buenos Aires en el marco del Plan Cóndor.

Aunque pidió un repudio unánime de las dos Cámaras, no dejó de recordar que bajo los gobiernos blancos y colorados que siguieron a la dictadura nunca se avanzó en la búsqueda de la justicia y la verdad. “Hasta que el Frente Amplio llegó al gobierno en 2005 reinaba la impunidad, no había ni un militar ni un policía detenidos”, destacó más tarde en diálogo con este diario. Vázquez mantuvo su promesa de campaña de no anular la Ley de Caducidad, pero sí ordenó investigar y juzgar los casos de violaciones a los derechos humanos que, por haber ocurrido en el exterior o haber sido cometidos por civiles, quedaban fuera de su amparo.

El encargado de contestarle a Michelini fue el ex presidente y actual senador colorado Julio María Sanguinetti. Las críticas lo golpeaban a él más que a nadie. Sanguinetti gobernó Uruguay entre 1985 y 1990, los años en los que se negoció la Ley de Caducidad con los mandos militares. Fue su mayoría parlamentaria, junto con el apoyo colorado, lo que permitió que se aprobara en el Congreso en 1986 y tres años después él hizo campaña personalmente para ratificar en un referéndum la amnistía con un 52 por ciento. “La ley fue concebida como una solución generosa para todos”, se defendió el ex presidente. “No sigamos convocando nuevamente asambleas de fantasmas que no tienen lugar”, prosiguió en un discurso alarmista como no se escuchaba desde la campaña presidencial de 2004, cuando el Frente Amplio se preparaba para ganar el gobierno por primera vez en la historia uruguaya.

Por un momento la tensión dominó el pleno de Diputados, donde se habían reunido los legisladores de las dos Cámaras para una Asamblea General extraordinaria. Pero la resistencia de la oposición no avanzó mucho más. Los blancos llegaron a la sesión divididos, inmersos en sus internas presidenciales. Los seguidores de Jorge Larrañaga estuvieron ausentes con aviso, mientras que los fieles al ex presidente Luis Alberto Lacalle prefirieron participar y leer una declaración de cuatro puntos, en la que acusaban al oficialismo de no respetar la separación de poderes e inmiscuirse en un asunto puramente judicial.

Al Frente no le fue muy difícil demostrar que estaba respondiendo a un pedido de la Corte Suprema. El máximo tribunal había consultado al Poder Ejecutivo y al Legislativo sobre un recurso de inconstitucionalidad presentado por la fiscal Mirtha Guianze en el caso de Nibia Sabalsagaray, una joven profesora de Literatura y militante comunista, que fue detenida en su casa y asesinada horas después en un batallón del Ejército. Los militares le entregaron el cuerpo a su familia ese mismo día. Les dijeron que se había suicidado.

No es la primera vez que la Corte Suprema recibe un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Caducidad, pero éste llegó en medio de un año electoral y a meses de un posible plebiscito, que podría revertir la cerrada votación de 1989. Unos minutos antes de que se conociera la votación en el Congreso a favor de la inconstitucionalidad de la amnistía, la principal central sindical del país anunciaba en una conferencia de prensa que estaban cerca de llegar a las 220 mil firmas, de las 254 mil que necesitan para convocar a un referéndum en la misma fecha de las elecciones presidenciales de octubre próximo (ver recuadro).

“Somos conscientes de que la votación de hoy (por ayer) no tiene valor jurídico, pero tiene un valor político sin precedentes, que ayudará a juntar más firmas y, quizás, influenciará a la Corte Suprema”, se animó a pronosticar Michelini.