A veinte años del Caracazo, miles de víctimas siguen esperando justicia, verdad y reparación. Ayer, durante una misa en memoria de los caídos durante aquel levantamiento popular, el presidente venezolano, Hugo Chávez, prometió juzgar a los responsables e indemnizar a las familias de los muertos. Como primer paso, se dirigió al nuevo presidente estadounidense, Barack Obama, y le pidió que entregue al hombre que dio la orden de reprimir el 28 de febrero de 1989, el entonces mandatario venezolano Carlos Andrés Pérez. “Nada justifica que los responsables sigan siendo protegidos por otros países”, fustigó Chávez.

Desde que el chavismo subió al poder, hace diez años, el aniversario del Caracazo se convirtió casi en una fecha patria. “El Caracazo fue el detonante que dio inicio a esta revolución. Estamos conmemorando veinte años del inicio de esta revolución bolivariana”, aseguró el mandatario, apoyando su mano en un gran crucifijo. El análisis no es exagerado.

Corrían los últimos días de febrero y los últimos meses de la década de los ochenta. América latina se despedía de una década marcada por el crecimiento de las deudas externas nacionales y un último y fallido intento de reavivar la tercera vía, la de los no alineados. El Consenso de Washington y los paquetes de medidas neoliberales del Fondo Monetario Internacional (FMI) empezaban a ganar el corazón de la mayoría de los economistas y los presidentes de la región y Venezuela no era una excepción.

A menos de un mes de asumir con un discurso anti-FMI y de haber compartido actos con Fidel Castro y el sandinista Daniel Ortega, el entonces presidente Pérez anunció el llamado Paquetazo. Era todo lo que pedía el organismo internacional de crédito y más. Se liberaban las tasas de interés y el tipo de cambio, aumentaban todos los servicios públicos y el combustible. Los precios de los alimentos se dispararon inmediatamente y los negocios empezaron a acaparar y esconder la mercadería.

La mañana del 27 de febrero de 1989 no tenía nada de especial, excepto que empezaba a regir el aumento del ciento por ciento en el transporte público. Apenas había amanecido, eran las seis de la mañana, cuando las primeras corridas, peleas y enfrentamientos se registraron en las afueras de Caracas, en el barrio de Guarenas. Los pasajeros se negaban a pagar las nuevas tarifas y, en medio de la ira, comenzaron a quemar los colectivos y las tiendas aledañas. En el centro de Caracas, en tanto, los movimientos estudiantiles más radicales, que ya habían preparado manifestaciones para ese día, tomaban la estación de micros de Nuevo Circo. Para las 7.30, el Caracazo ya había explotado.

Las fotos y los videos de las jornadas de los próximos dos días son muy parecidos a la explosión social que puso fin a la década neoliberal en la Argentina, el 19 y el 20 de diciembre de 2001. Saqueos, corridas, personas llenas de ira, llorando, policías reprimiendo, sangre en las calles, muertos. La policía quedó totalmente sobrepasada y cientos de miles de personas se adueñaron de la capital venezolana durante más de veinticuatro horas.

Los canales de televisión, los mismos que apoyaron el golpe de Estado contra Hugo Chávez trece años después, reclamaban terminar con la “subversión” y retornar al orden. Pérez respondió casi de inmediato, en la madrugada del día 28, con un decreto que imponía el estado de sitio en todo el país, suspendía las garantías constitucionales y daba luz verde a las fuerzas de seguridad pública para hacer “todo lo necesario para rescatar las posibilidades de desarrollo y bienestar, a las que tiene derecho el pueblo venezolano”.

La represión fue indiscriminada. Según cifras oficiales, murieron unas 300 personas; según los relevamientos que hicieron las organizaciones de derechos humanos venezolanas en todos los barrios céntricos y de las afueras de Caracas, las víctimas podrían llegar a dos mil. No hay ninguna persona condenada, ni siquiera procesada por esos crímenes. El único fallo que existe fue el que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenando al Estado venezolano y ordenando la inmediata reparación de las víctimas. Según advirtió ayer la defensora del Pueblo venezolana Gabriela Ramírez, hasta ahora el gobierno sólo indemnizó a cuarenta y cinco personas.

Cada nuevo aniversario del Caracazo deja un sabor amargo para los familiares de las víctimas. La mayoría aún no ha podido recuperar el cuerpo de sus seres queridos, que fueron enterrados en fosas comunes al día siguiente de la represión en un sector del cementerio público de Caracas que cruelmente denominaron “La Nueva Peste”.

Pero el Caracazo no dejó sólo dolor e impunidad, también marcó la llegada de la gente de los cerros a la democracia venezolana, los mismos que en 2002 bajaron a la ciudad para defender el gobierno de Chávez y rechazar el golpe de Estado. “El 27 de febrero de 1989 terminó con el mayor de todos los mitos: que los explotadores y los explotados pueden convivir en paz y felices”, recordó el escritor venezolano Luis Britto García en el reciente documental El Caracazo.