Desde México, D. F.

Estados Unidos invierte, con el Plan Mérida, para combatir el narcotráfico en México prácticamente lo mismo que gasta en un solo día en la guerra de Irak, reprochó el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, que se subió al ring para hablar de la responsabilidad de la administración de Barack Obama en un problema que es fundamentalmente de ellos. En tanto, en Washington, funcionarios estadounidenses matizaron nuevamente el discurso contra México por la violencia desatada en la guerra contra el narcotráfico, al extremo de reconocer no sólo su propia responsabilidad como país consumidor de drogas, sino su propio fracaso para prevenirlo.

En coincidencia con el último día de gira de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, el Premio Nobel de la Paz 1987 aprovechó su primera visita a México en 22 años (desde que participó en las negociaciones de paz en Centroamérica, agobiada en esa época por guerras civiles y dictaduras militares) para cuestionar la insuficiencia de fondos que Estados Unidos ha destinado a México para el combate al narcotráfico, (“representan el gasto militar de un día en Irak”), y advirtió que “debería haber mayor contribución del gobierno de Estados Unidos hacia estos países si es que quieren que nosotros combatamos el narcotráfico”.

Coincidentemente, el presidente Felipe Calderón –a través de una entrevista concedida al diario británico Financial Times– pidió al gobierno de Barack Obama que aporte miles de millones de dólares en fondos adicionales para esa lucha.

“La ayuda (de Estados Unidos) debería ser equivalente al dinero que los consumidores estadounidenses dan a esos criminales”, declaró Calderón, aunque luego se embrolló con las cifras. Calculó que serían “entre 10 mil y 35 mil millones”, y luego reconoció: “La verdad es que nadie lo sabe”.

Pero si Calderón ignora el dato, parece que Estados Unidos sí lo sabe. En su último día en México, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, estimó en 25 mil millones de dólares anuales las ganancias ilícitas de los carteles de la droga mexicanos en Estados Unidos.

Oscar Arias cuestionó las políticas estadounidenses para el control de armas y, en una reunión con senadores mexicanos, se dijo preocupado porque los gobiernos latinoamericanos “están comprando armas sofisticadas, no para combatir carteles de la droga, sino para complacer a sus militares”.

Por su parte, Hillary Clinton calificó de “intolerable” la violencia desatada por el narcotráfico en México, que, según cifras oficiales mexicanas, ha causado 10.475 ejecuciones entre el 1º de diciembre de 2006 y el 13 de marzo pasado, es decir, en lo que va de la administración de Calderón.

Mientras Clinton volvía a dejar “muy en claro” que Estados Unidos reconoce que el narcotráfico no es sólo un problema de México, sino que “nosotros tenemos una gran responsabilidad”, en Washington la jefa en funciones de la Administración Federal Antidrogas (DEA), Michelle Leonhart, reconoció que la lucha antidrogas dentro de Estados Unidos ha sido un “fracaso”, debido al nivel de consumo en este país.

La “solución perfecta” al problema de las drogas sería que se atacara tan “agresivamente” como sea posible no sólo el abastecimiento, sino el consumo de drogas, dijo Leonhart ante un subcomité de la Cámara de Representantes.

En los últimos días, varios funcionarios estadounidenses han bajado el tono de sus declaraciones respecto de México y su aparente imposibilidad de enfrentar a los carteles de la droga. El miércoles, incluso el jefe de Inteligencia estadounidense, Dennis Blair, rectificó declaraciones anteriores y admitió que “México no corre peligro de convertirse en un Estado fallido”.

Por su parte, el director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Robert Mueller, ofreció realizar esfuerzos adicionales para frenar el tráfico de armas a México, a petición de senadores estadounidenses, como la demócrata por California Dianne Feinstein.

Estados Unidos tiene instaladas 7600 armerías a menos de 150 kilómetros de territorio mexicano, se dijo en una audiencia de supervisión del FBI, en la que varios senadores reiteraron su preocupación por la violencia en la frontera.