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Después de casi 40 años de impunidad total, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió denunciar formalmente al Estado brasileño por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Hasta ahora, la comisión de la OEA, con sede en Costa Rica, había lanzado alertas y redactado recomendaciones que, muy diplomáticamente, habían sido ignoradas por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y la Justicia federal brasileña.

El caso que juzgará la Corte Interamericana será el de 70 militantes del Partido Comunista de Brasil, desaparecidos entre 1974 y 1975. Eran miembros de un pequeño grupo guerrillero de no más de 80 hombres que se llamó Araguaia y fue rápidamente desbaratado por el ejército brasileño durante la primera mitad de los setenta. Uno de los pocos que sobrevivieron fue José Genuino, el ex presidente del Partido de los Trabajadores, fundado por Lula. Según la versión oficial de aquel momento, seis guerrilleros murieron en combate. Más adelante, los gobiernos democráticos elevaron esa cifra hasta 61 desaparecidos. Según la CIDH, fueron al menos 70.

En 1982, los familiares de los desaparecidos presentaron por primera vez una querella ante la Justicia federal. La causa tuvo que llegar hasta el Tribunal Supremo para poder avanzar en las investigaciones. Sin embargo, los obstáculos impuestos por las fuerzas armadas y la falta de una voluntad política contundente como para torcer el brazo castrense llevaron a la causa a una parálisis. En octubre pasado, la CIDH le recomendó al Estado brasileño que determine responsabilidades criminales por los desaparecidos, encuentre los restos para darles sepultura y no permita que la Ley de Amnistía frene los procesos penales.

Desde entonces, la prensa brasileña denunció que el ejército quemó documentos secretos de la dictadura y el ministro de Justicia, quien había pedido anular la Ley de Amnistía, no ha dado ningún paso concreto. Toda esa inacción, aseguró ayer la CIDH en su fallo, justifica el inicio de un juicio ante la Corte Interamericana.