A dos años y medio de la condena a reclusión perpetua al comisario Miguel Etchecolatz, a 17 meses de la del (aún) sacerdote Cristian Von Wernich y luego de un 2008 de sequía, La Plata volverá a ser protagonista de un proceso por crímenes de lesa humanidad. El juez federal Manuel Blanco elevó a juicio oral y público un primer tramo de la causa contra catorce represores de la Unidad Penal 9, que durante la dictadura concentró a la mayor cantidad de presos políticos del país. Deberán rendir cuentas ante el Tribunal Oral Federal 1 por un total de 124 privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios. Se trata del primer juicio a integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense. Entre los imputados se destacan el entonces segundo jefe del Servicio Penitenciario, Elvio Omar Cosso, el sanguinario director del penal Abel David Dupuy, y el ex jefe de inteligencia del SPB durante la gobernación de Felipe Solá, Ramón “El Manchado” Fernández.

“La falta de juicios durante 2008 implicó un retroceso muy grande en el proceso de verdad y justicia en La Plata. Por eso la elevación es un paso muy importante. Para que el proceso se afiance es imprescindible que haya sentencias”, explicó Marta Vedio, abogada de la APDH La Plata. “Además es importante que por primera vez se meta mano en el Servicio Penitenciario, estructura corrupta e intocada desde 1976 hasta hoy”, agregó.

“Es el juicio que tenemos, no el que queremos”, aclaró Guadalupe Godoy, letrada de Justicia Ya! “Son juicios que terminan siendo parciales por la inoperancia del aparato judicial, que teniendo todas las pruebas en su poder se limita a acusar a un número limitado de represores e incluye sólo a algunas víctimas, con el agravante de que en este caso no está contemplada la existencia de una causa residual”, agregó.

La elevación se produce cuatro meses después del requerimiento del fiscal Sergio Franco y apenas tres semanas antes de que se venzan los tres años de prisión preventiva que el Código Procesal fija como tope máximo. La demora en la instrucción y la prolongación de las detenciones genera infinidad de planteos de los imputados y, en el caso platense, obligará al TOF que preside Carlos Rozansky a fijar fecha de inicio para evitar fallos como el de la Cámara de Casación que en diciembre ordenó liberar a Astiz, Acosta & Cía. Sobre la lentitud de la investigación a cargo de Blanco, Vedio destacó como motivo central el escaso personal (dos empleados) del juzgado abocado a causas de lesa humanidad. “La falta de estructura es un problema objetivo que las querellas hemos planteado más de una vez a la Corte Suprema de Justicia, hasta hoy sin respuesta”, recordó.

La lista de imputados la encabeza Elvio Cosso, segundo jefe del SPB después del interventor, coronel Aníbal Guillén, que murió impune. Lo acompañarán el entonces jefe de la U9, Abel Dupuy, el subjefe Isabelino Vega, el jefe de seguridad Víctor Ríos, los penitenciarios Ramón Fernández, Raúl Aníbal “Nazi” Rebaynera, Catalino Morel, Jorge Luis Peratta, Valentín Romero, Héctor Raúl Acuña, Segundo Andrés Basualdo, y los civiles médicos Enrique Leandro Corsi, Luis Savole y Carlos Domingo Jurio. La mitad de los catorce represores están en la cárcel de Marcos Paz. Cosso, Vega, Romero y Fernández gozan de arresto domiciliario, en tanto los tres médicos fueron excarcelados. “El Manchado” Fernández fue jefe de inteligencia del SPB desde noviembre de 2003 hasta abril de 2004, cuando Página/12 publicó su prontuario. “El Oso” Acuña será juzgado sólo por una víctima, no por el centenar de delitos que se le imputan en el centro clandestino La Cacha, causa en la que el juez Blanco aún no ordenó ninguna citación a indagatoria.

La Unidad 9 fue una de las cárceles que más presos políticos recibió durante la dictadura. La mayoría provenían de centros clandestinos. La llegada a La Plata implicaba el “blanqueo”: pasaban a estar a disposición del Poder Ejecutivo. Según la APDH, “esos detenidos, que llegaban torturados, con hambre y en magras condiciones de salud e higiene, encontraban en la U9 un trato similar al que recibían en los centros clandestinos”. El penal tenía dos “Pabellones de la Muerte”: uno para militantes de Montoneros, otro para los del ERP. La gestión Dupuy, que asumió el 13 de diciembre de 1976, se caracterizó por las requisas permanentes, golpizas en celdas de castigo y, su marca registrada: la doble fila de guardias golpeando a los detenidos esposados y encapuchados. Durante le juicio se tratarán los homicidios de Dardo Cabo, Rufino Pirles, Horacio Rapaport y Juan Carlos Deghi, asesinados en enfrentamientos fraguados durante supuestos traslados. También el homicidio producto de las torturas del cordobés Alberto Pinto, con quien los penitenciarios se ensañaron por su condición de judío y por quien su hermano Carlos, querellante en la causa, reclama justicia desde hace treinta años.