La dictadura hondureña puso ayer una piedra más en el camino a la resolución de la crisis por medios diplomáticos. En vísperas de la llegada de una misión de cancilleres de la OEA, la Corte Suprema del país centroamericano rechazó ayer varios puntos de la propuesta hecha por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, para buscarle una salida institucional al golpe de Estado. Según el máximo tribunal que legitima al régimen golpista, los puntos incluidos en la mediación van en contra de las leyes del país. “Cualquier arreglo de tipo político que se derive del Acuerdo de San José, no obstante su objetivo de lograr la unidad y reconciliación nacional, debe implementarse bajo el amparo de la Constitución y las leyes de Honduras”, señalaron los jueces a través de un comunicado.

Hace casi un mes, el dictador Roberto Micheletti había anunciado que giraría el documento presentado por Arias a los distintos órganos del Estado involucrados para que dieran su opinión. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) debutó con su veredicto hace dos semanas y rechazó la posibilidad de adelantar las elecciones.

Con lo concluido ayer por la Corte, las posibilidades de aceptar el acuerdo se redujeron todavía más. El regreso del presidente constitucional Manuel Zelaya al cargo de presidente es el núcleo de la propuesta. Sin embargo, según los magistrados, eso está fuera de cuestión. “Existen acciones penales presentadas contra el señor Zelaya por la Fiscalía, por lo que mientras no existan otras disposiciones legales aplicables, no puede eludirse que tendría que someterse a los procedimientos establecidos en la legislación procesal penal”, indicó el texto.

Sobre una eventual renuncia expresa de Zelaya a promover una Asamblea Constituyente, los jueces se limitaron a reafirmar la ilegalidad de esa iniciativa y recordar que, precisamente, fue por ese motivo que se llevó a cabo el golpe de Estado, considerado por el tribunal como una “sucesión constitucional”, por lo que no tendría sentido considerarla.

Otros dos puntos del plan de Arias son la sanción de una amnistía política para los delitos llevados a cabo a raíz del golpe del 28 de junio y el traspaso del mando de las Fuerzas Armadas al TSE un mes antes de las elecciones. Sobre la primera, los jueces señalaron que una amnistía solo podría llevarse a cabo de acuerdo a la legislación local; y, en cuanto al traspaso del mando de los uniformados, aclararon que, si bien ello ya se encuentra incluido en las leyes locales, en ningún caso el Ejército dejaría de estar bajo el mando del presidente, o sea, Micheletti.

Martha Alvarado, vicecanciller de facto, lo dejó en claro. “El retorno de Zelaya no es negociable. Nuestro único objetivo son las elecciones del próximo 29 de noviembre.”