Hace treinta años, la dictadura brasileña (1964-1985) sancionó una ley de amnistía que cerró toda posibilidad de juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por los militares. En su redacción, el texto estaba destinado a amnistiar a los miembros de las organizaciones guerrilleras y todos los presos políticos del gobierno de facto. Una interpretación de la ley, sin embargo, garantizó la impunidad de los represores. De ese modo, se echó un candado sobre la posibilidad de hacer justicia para los cerca de 500 muertos y desaparecidos, los casi cinco mil políticos impedidos de actuar legalmente, los cientos de exiliados y los cerca de 20 mil brasileños condenados por tribunales de excepción. “Brasil está atrasadísimo frente a países como Argentina, Uruguay y Chile, que ya llevaron a juicio a varios torturadores”, señaló ayer Victoria Grabois, vicepresidenta de la ONG Tortura Nunca Más. “La nuestra fue una amnistía fragmentada y todavía tienen que ser dados grandes pasos: falta encontrar los restos mortales de los desaparecidos, abrir los archivos secretos para que conozcamos la verdad, y los torturadores y asesinos tienen que ser denunciados”, agregó la activista.

A tres décadas de la ley sancionada por el dictador Joao Baptista de Figueiredo, el tema divide las aguas en el gobierno brasileño. De un lado, se encuentran aquellos que defienden la vigencia de la medida y la consideran como una pieza clave en la evolución política del país sudamericano. El presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, se cuenta entre ellos. “Con la amnistía pudimos reincorporar a centenares de brasileños a la vida política y pavimentar el camino hacia la redemocratización, en un proceso que culminó con una Constitución que garantizó avances extraordinarios”, sostuvo ayer Lula, detenido durante el régimen de facto por organizar, como sindicalista, las mayores huelgas de la historia de Brasil en el cordón industrial de San Pablo. “La amnistía no fue un acto de buena voluntad o de grandeza del régimen militar; sólo fue posible por la movilización creciente de la sociedad brasileña. Fue producto de un verdadero clamor nacional”, estimó el mandatario.

Dos figuras clave cierran filas detrás de la visión presidencial: José Dias Toffoli, abogado general de la Unión (Gobierno federal), y Nelson Jobim, ministro de Defensa. Según ambos funcionarios, los crímenes cometidos por los militares fueron políticos y no delitos comunes. “La Ley de amnistía resolvió el problema de la transición. El amnistiado está amnistiado”, afirmó ayer Jobim, quien además consideró que la Constitución brasileña tiene jerarquía superior a los tratados internacionales firmados por el país sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

En la otra orilla se encuentran otros dos pesos pesados: Paulo Vanucchi, secretario de Derechos Humanos, y Tarso Genro, ministro de Justicia. Tanto Vanucchi como Genro cuestionan el alcance de la ley y sostienen que la misma no debe aplicarse a torturadores y responsables de desapariciones forzadas. “Brasil necesita curar las heridas por la vía de la reconciliación democrática. Para ello el Estado de derecho debe demostrar su capacidad de procesar a aquellos que torturaron y cometieron crímenes en los centros de represión”, declaró ayer Genro en un acto por los 30 años de la sanción de la ley. “No pedimos que se torture a los torturadores. Pedimos que sean juzgados y que sus actos sean expuestos a la sociedad brasileña”, agregó el ministro de Justicia.

La ley 6683 fue sancionada por el Congreso brasileño el 22 de agosto de 1979. Hace un año, la influyente Organización de Abogados de Brasil (OAB) le solicitó al Superior Tribunal Federal (STF, Corte Suprema) expedirse acerca de la posibilidad de abrir juicios contra los militares responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Si bien el tribunal no tiene plazos para pronunciarse, diversas declaraciones indican que el tema sería tratado antes de fin de año. El pronóstico es cerrado. La tradición local es conservadora. “El tema no está cerrado, pero Brasil es un país con una larga tradición de soluciones conciliadoras”, advirtió el diputado Fernando Gabeira, que participó del secuestro del embajador estadounidense en 1969 y terminó preso.