La Corte Suprema le dio un último envión a la campaña para anular la Ley de Caducidad en Uruguay. Por primera vez en la historia de ese país, el máximo tribunal declaró inconstitucional la norma para el caso de Nibia Sabalsagaray, después de que lo hicieran el Ejecutivo y el Congreso. A seis días del plebiscito, la decisión del Supremo suma argumentos a favor de terminar con la amnistía que impide enjuiciar a militares y policías responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura (1973-1985).

La única central sindical, PIT-CNT, y organizaciones defensoras de los derechos humanos impulsaron la consulta del próximo domingo –que se realizará junto a las presidenciales– para que los uruguayos decidan si anulan la polémica norma, promulgada en 1986 y ratificada en un plebiscito en 1989. Raúl Olivera, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de PIT–CNT, no oculta su satisfacción por el fallo de la Corte. “Si bien la inconstitucionalidad de la ley es en relación con un caso, también abre la puerta para que se revisen otros”, dijo a Página/12. Lo que señala Olivera es correcto. La decisión de los jueces sienta jurisprudencia y facilita la presentación de nuevas demandas.

El proceso hacia la inconstitucionalidad comenzó cuando el presidente Tabaré Vázquez, del centroizquierdista Frente Amplio, excluyó el caso de Sabalsagaray de la Ley de Caducidad y permitió su investigación. El pasado febrero, las dos cámaras del Parlamento entregaron a la Corte Suprema su dictamen a favor de declarar inconstitucional dicha norma. Ayer, cuatro de los cinco jueces del tribunal pusieron su granito de arena por un cambio en las instituciones del país.

Nibia Sabalsagaray, entonces militante del Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas, fue detenida en 1974 y trasladada al cuartel del Batallón de Ingenieros N° 5. Un día después, los militares entregaron a sus familiares su cadáver en un ataúd cerrado y con la prohibición de abrirlo, afirmando que se había suicidado. Sin embargo, sus allegados no creyeron la versión oficial del “ahorcamiento”. El hoy intendente frenteamplista del departamento de Canelones, Marcos Carámbula, era estudiante de medicina y le faltaban seis meses para obtener el título cuando fue llamado por la familia para que observara el cuerpo de la joven, ante la negativa de las autoridades de permitir una nueva autopsia. Carámbula pudo determinar que Sabalsagaray murió a causa de los golpes que había recibido.

El referéndum contra la ley, que fue convocado después de que sus detractores reunieran 300.000 firmas para pedir su anulación, cuenta con el apoyo del oficialista Frente Amplio, mientras que los partidos Nacional (blanco) y Colorado se muestran partidarios de mantener la norma tal y como está. El votante deberá colocar una boleta rosada por la anulación y ninguna si no lo cree así. Según un sondeo de la encuestadora Interconsult conocido ayer, el 47 por ciento de los consultados afirma que votará por anularla, el 40 por ciento que no pondrá la papeleta rosada y el 13 por ciento no sabe o no contesta. Para ganar el plebiscito se necesita el 50 más uno de los votos. Según Olivera, los sondeos no son representativos. Por un lado, el electorado más conservador no manifiesta su voto y, por otro lado, hay una gran cantidad de votantes que vienen de Argentina que están a favor de la derogación de la ley y no son tenidos en cuenta. El líder sindical se queja de la poca difusión que tuvo la campaña en los medios de comunicación, mientras subraya que hoy se hará el gran cierre con una movilización en Montevideo. Se eligió un día simbólico, como cada 20 de mayo de las últimas dos décadas. Por eso, el lema es “el último 20 con leyes de impunidad”.