El Congreso hondureño dilató una vez más la restitución del presidente Manuel Zelaya. Doce de los quince miembros de la dirección del Legislativo votaron ayer derivar la consulta a la Corte Suprema, el Ministerio Público (Fiscalía), la Procuraduría General y el Comisionado de Derechos Humanos. La medida no viola el acuerdo firmado el viernes pasado, pero vuelve improbable que se logre la restitución de Zelaya mañana, como había previsto el mandatario derrocado. “Lo de hoy (por ayer) demuestra el absurdo en el que estamos viviendo. Para sacar al presidente no pidieron la opinión de nadie y lo hicieron en una mañana. No se trata de procedimientos legales; es una cuestión de voluntad política”, sentenció Mayra Mejía, una de las negociadoras zelayistas. La ministra de Trabajo está preocupada. El tiempo apremia y el régimen de facto no afloja. Su única esperanza es mantener viva la presión internacional. “Es crucial que la comisión verificadora haga su interpretación del acuerdo, la legítima, y ponga fin a las excusas de los golpistas”, reclamó.

Su preocupación no es gratuita. Mientras los tiempos se acortan y la adrenalina inunda las venas de los zelayistas, los diputados que avalaron el golpe hace cuatro meses no tienen ningún apuro en rectificarse. No hablan de plazos ni de urgencia, en cambio se sumergen en procedimientos burocráticos cada vez más complejos. “Las instituciones consultadas deberán remitir sus informes en los tiempos que determinen sus marcos legales internos, tomando en consideración, además, la importancia y el interés nacional del asunto”, señaló la dirección del Congreso nacional a través de un comunicado.

En otras palabras, todas las instituciones que apoyaron el golpe y acompañaron la dictadura tienen libertad para deliberar sobre la legalidad de la restitución del mandatario constitucional todo el tiempo que consideren necesario. Sólo una vez que los cuatro organismos emitan su opinión, el presidente de facto del Congreso, José Angel Saavedra, convocará a los 128 diputados para debatir la restitución de Zelaya.

Los tiempos no les cierran a los zelayistas y la única alternativa que les queda para no dejar morir el acuerdo es acudir a la comisión de verificación, que asumió formalmente ayer por la tarde. Los dos miembros extranjeros, la secretaria de Trabajo norteamericana, Hilda Solís, y el ex presidente chileno Ricardo Lagos, y los dos locales, el embajador zelayista ante la ONU Jorge Reina y el negociador michelettista Arturo Corrales, son los encargados de velar por el cumplimiento del acuerdo, que propone restituir al presidente constitucional, previa ratificación del Congreso nacional.

Su primera tarea es consensuar una interpretación única del texto firmado hace apenas cuatro días. Por estas horas en Tegucigalpa la pregunta del millón es si el acuerdo incluye un plazo para la restitución del presidente o no. “El cronograma era parte del acuerdo, no hay discusión sobre eso”, explicó a este diario Mejía, la negociadora zelayista. Pero, aunque le pesa reconocerlo, la cuestión no es tan simple. “El problema es que el texto no dice exactamente que el jueves debe estar restituido Zelaya. Como debe ser a través de un decreto del Congreso, lo que sí establece el cronograma es que para el jueves debe estar conformado el gabinete de unidad y reconciliación nacional. Para nosotros, el presidente es parte intrínseca del gabinete”, explicó.

Los golpistas coinciden con ella, pero hacen una pequeña salvedad. “El acuerdo habla del gobierno de unidad nacional, pero no se menciona quién podría dirigirlo... hay temas que quedaron un poco abiertos. No es un tema tan fácil como parece”, aseguró el diputado del Partido Nacionalista Rodolfo Zelaya (no tiene parentesco con el mandatario), uno de los legisladores que votaron a favor de su destitución.

Mejía se resiste a esa interpretación. “Están interpretando cada frase por separado. Al acuerdo hay que entenderlo en su totalidad”, señaló y recordó uno de los puntos centrales del texto: “...en el espíritu del Plan Arias el Congreso debe retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio. La decisión que adopte el Congreso debe sentar las bases para la paz y la reconciliación nacional”.