Hubo acuerdo y después de 31 horas de acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social, las organizaciones piqueteras que desde el lunes cortaban la avenida 9 de Julio decidieron levantar su protesta. Los piqueteros reclaman participar en el programa de cooperativas Argentina Trabaja que, lanzado por el gobierno nacional en agosto, anunció la creación de 100 mil empleos en el conurbano bonaerense. El plan ya comenzó a implementarse, pero los movimientos sociales se quejan de que los intendentes controlan la inscripción y el armado de los grupos, dejando fuera a las organizaciones que no les responden políticamente. Finalmente, el ministerio y los movimientos acercaron posiciones y dijeron que mantendrán abierto el diálogo para destrabar el tema.

El programa es el primero que reemplaza los subsidios de desempleo por un sueldo de 1300 pesos. Básicamente, consiste en que los desocupados, organizados en cooperativas, realicen obras de mejoramiento destinadas a mejorar las condiciones de vida en las villas y asentamientos.

“En materia de políticas públicas nos parece un acierto, pero lo conflictivo es la implementación”, definió Federico Orchani, del Frente Popular Darío Santillán. Tras difíciles negociaciones, a las nueve y media de la noche, los manifestantes descolgaron de la puerta del ministerio sus pancartas –en la más grande, cruzada en el ingreso al edificio se leía “Cooperativas sin punteros”– y comenzaron la desconcentración.

Los reclamos a Desarrollo Social vienen desde septiembre. Un mes después de que se lanzara el programa, prácticamente todo el arco de las organizaciones piqueteras no kirchneristas comenzaron a realizar cortes de calles y marchas para ser tenidos en cuenta. Este acampe, puntualmente, fue realizado por una veintena de movimientos que hace tres semanas ya habían estado a punto de cortar la 9 de Julio. El Movimiento de Unidad y Lucha, el MTL Rebelde y el MTD Aníbal Verón-Nueva Fuerza fueron algunos de los que participaron de la protesta.

“Nuestro problema es que la única vía de inscripción para formar las cooperativas son los intendentes. En muchos lugares, aunque abren formalmente la inscripción, ellos se manejan con listas prearmadas por los punteros: así, te dejan sin lugar”, señaló Marianella Navarro, del Frente Organizaciones en Lucha.

Cuando las organizaciones anunciaron por primera vez que harían el acampe, lograron una vía de negociación con el ministerio. Acordaron entonces, entre otros puntos, que asistentes sociales recorrerían los barrios para abrir un canal de inscripción más democrático. La negociación, como sucede cada vez que se discute sobre recursos que son limitados, incluyó además un acuerdo sobre a cuántos puestos de trabajo podrían acceder las organizaciones de desocupados; otro punto clave había sido la promesa de empezar a trabajar rápidamente. Sin embargo, los piqueteros denunciaron que aquel acuerdo inicial no fue cumplido, y el reclamo llegó a las puertas del ministerio.

Sobre la avenida 9 de Julio, ayer se vio el paisaje típico de los reclamos de desocupados. Había muchas familias con sus chicos, fogones para preparar la comida en común y carpas sujetadas al pavimento con pesadas piedras. Allí Roberto, un vecino de una de las villas de Quilmes, contó la situación que lo movilizó junto a otras 45 personas de los asentamientos El Progreso y San Ignacio. “Mi hija con otros compañeros fueron a inscribirse a las mesas que abrió la municipalidad en el edificio de La Bernalesa. Llegaron a las seis y media de la mañana para estar primeros en la cola. A las ocho, cuando se abrió la inscripción, vieron llegar varios colectivos llenos, con gente llevada por los punteros. Esa gente pasó primero, sin tener que hacer ninguna cola. Y a mi hija y los que se quedaron esperando en la vereda les preguntaban ‘de parte de quién’ habían ido a anotarse.”

Durante la larga tarde de piquete, algunos canales de televisión alertaron que había una orden de desalojo, pero la noticia resultó falsa y fue desmentida por el fiscal general porteño Luis Cevasco. Más que a un error, el falso anuncio hizo pensar en una operación para enturbiar el clima. Los manifestantes nunca llegaron a recibir la orden de liberar la avenida, pero habían vivido, durante la noche del lunes, un episodio intimidante cuando la policía detuvo a Antonio Vega, Ezequiel Fernández y Pablo Solana, este último referente del Frente Darío Santillán. La organización denunció que la policía los golpeó y disparó contra una pared balas de plomo. Fernández y Solana fueron liberados horas después, pero Vega permaneció retenido hasta ayer a las seis de la tarde, acusado de “tentativa de robo”.

Convocado por los referentes de los movimientos sociales, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel concurrió al lugar y se entrevistó con gente del ministerio.

La puerta que destrabó la situación se abriría, sin embargo, recién a la noche. Los referentes de las organizaciones fueron recibidos por un funcionario político del ministerio, Alberto Gandulfo, y anunciaron a su término el levantamiento del acampe.

Sobre el acuerdo, los funcionarios y los dirigentes sociales dan versiones distintas. Según los movimientos, el Gobierno se comprometió a ampliar el ingreso al programa y seguir adelante con un procedimiento de inscripción que los integre, que había quedado congelado. Los dirigentes hablaron de empezar a trabajar “en la presentación de proyectos de obra para los barrios que puedan aprobar los municipios, para que al menos una primer tanda de compañeros empiece a trabajar”.

La versión de los funcionarios fue más áspera: “A este programa no lo manejan ni los intendentes ni las organizaciones. Ellos se van a poder inscribir, como todo el mundo, y después se verá, según las obras que se necesiten. Este no es un programa adaptable a la voluntad de cada uno”, dijeron en la cartera que conduce Alicia Kirchner. Con todo, hubo coincidencia en que quedó “un diálogo abierto”.

El programa de cooperativas tiene hasta el momento 30 mil personas anotadas. En diez municipios ya se formaron grupos que hicieron capacitación durante el mes de octubre y empezarán esta semana a trabajar. Avellaneda, Berazategui, Ezeiza, Florencio Varela, Hurlingham, Lomas de Zamora, Moreno, Merlo y Tigre son parte de este paquete. En otros 25 municipios hay cooperativas formadas que comenzarán con la capacitación esta semana. La idea anunciada por las autoridades es extender el plan, el año próximo, al resto del país.