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Israel anunció ayer nuevos planes para edificar 700 viviendas en Jerusalén Este, parte de la ciudad que ocupó en 1967. La noticia se conoció luego de que el Ministerio de Vivienda presentara una convocatoria de licitación pública para la construcción de viviendas en dicho territorio.

La decisión se tomó a pesar de la moratoria de diez meses delineada en noviembre pasado por el gobierno israelí de no construir en los asentamientos de Cisjordania, y en un momento de alta tensión debido a la muerte de seis palestinos en manos del ejército israelí el sábado en Gaza y en Nablus. La declaración motivó la reacción de la Autoridad Palestina (AP), que advirtió que no volverá a las negociaciones de paz mientras continúen las construcciones y la condena tanto de Washington como de la Unión Europea (UE).

La iniciativa del gobierno de Benjamin Netanyahu representa un desafío a la administración norteamericana y promete dificultar la relación entre palestinos e israelíes. Su anuncio no tardó en enfrentar duras críticas. “Cualquier nueva concesión israelí en los territorios ocupados en 1967 es ilegal e ilegítima”, declaró el portavoz de la presidencia de la AP, Nabil Abu Rudeina, a la agencia de noticias palestina, WAFA. Según Rudeina, con esta acción “el gobierno israelí demuestra, todos los días, que no está dispuesto a alcanzar la paz y que su objetivo es aprovechar la incapacidad de la comunidad internacional, y más concretamente de Estados Unidos, para impedir la construcción de asentamientos israelíes”.

La Autoridad Palestina repitió su negativa a negociar si no se pone fin a la construcción de asentamientos, especialmente en Jerusalén. El jefe negociador palestino, Saeb Erekat, refirió en un comunicado que, “con cada una de las actuaciones sobre el terreno, Israel está diciendo no a negociaciones importantes, no a una paz duradera y no a la solución de dos Estados”, según informó el diario El País.

Por su parte, el gobierno de Israel advirtió que esta medida no afectaría los límites municipales de Jerusalén, establecidos unilateralmente por Israel tras la Guerra de los Seis Días de 1967. “Hacemos una distinción entre ambos territorios”, reiteró ayer David Baker, portavoz del gobierno israelí.

Pero la respuesta internacional fue inmediata. Desde Suecia, la comunidad europea se mostró “consternada” y condenó la decisión, estableciendo que “los asentamientos en tierras ocupadas son ilegales desde el punto de vista de la legislación internacional”. Asimismo pidió que Israel reconsidere sus planes. Desde Estados Unidos, un aliado incondicional, el portavoz Robert Gibbs señaló que “el status de Jerusalén debe ser resuelto por las partes mediante negociaciones y con el apoyo de la comunidad internacional. Creemos que mediante las negociaciones de buena fe pueden ponerse de acuerdo en un resultado que satisfaga las aspiraciones de ambas partes”.