“Las cajas contenían sueros fisiológicos, jeringas y agujas de 5 y 10 centímetros. Llevamos todo a quirófanos y al otro día (Paula) Aballay nos pone al camillero, a dos compañeras y a mí para que saquemos todo de las cajas y limpiáramos con alcohol las fechas de vencimiento de los sueros. Ante esa orden yo me negué. Empezamos a discutir, Aballay me dijo que ella era la jefa (...), que me callara, que aparecerían muertos.” Aballay es la pareja del titular del gremio, Juan José Zanola, y quien llevaba las riendas en el Policlínico Bancario. El relato pertenece a una testigo de identidad reservada, empleada del establecimiento, y refleja cómo se manipulaban los medicamentos desde adentro mismo de la obra social bancaria. La declaración es una de las decenas de pruebas en las que se basó el juez Norberto Oyarbide al procesar la semana pasada al titular de La Bancaria, a su mujer y a otras once personas por haber conformado una asociación ilícita destinada a comercializar y suministrar remedios robados y adulterados y por cobrarle al Estado tratamientos que nunca se hicieron. A Zanola, como jefe de la banda, le trabó un embargo de 50 millones de pesos. Para su mujer, como organizadora, fue de 30 millones. La resolución, que se conoció ayer, deja señales de que se habría detectado lavado de dinero y anuncia que están bajo la lupa posibles partícipes de la Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud.

Para el empresario Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier, considerado por los investigadores como eje de la gran mayoría de los negocios con remedios truchos, el embargo fue de 40 millones de pesos. Para Claudio Ferrari, gerente comercial de la Obra Social Bancaria (OSBA) y uno de los pocos que quedaron en libertad, de 10 millones. Para Alberto Costa, ex subsecretario de Salud bonaerense, de 5 millones. En el juzgado de Oyarbide calcularon el perjuicio en base al déficit que tiene la OSBA, que es de 499 millones de pesos. Como el juez avanza hacia negociados similares de otras obras sociales –hay más de ochenta investigadas–, todo indica que las cifras crecerán.

La compra-venta y el suministro de medicamentos adulterados –para cáncer, hemofilia y VIH– es una de las dos grandes maniobras identificadas. Son remedios robados (provenientes de piratería del asfalto o de programas nacionales de distribución gratuita), vencidos y adulterados. “La insulina para los diabéticos era agua, si no, no era posible que hubieran amputado tantas piernas, o se hubieran gangrenado tantas o muerto tantas personas”, dijo una de las testigos de identidad reservada, y se lee en la resolución de 300 páginas. “Aballay ha llegado a quemar en el subsuelo historias clínicas de pacientes fallecidos y de empleados”, añadió. Otra empleada refirió la aparición de ampollas rellenadas (con el precinto de seguridad pegado burdamente y el tapón pinchado). Declararon también un centenar de personas que dicen que los medicamentos no les hacían efecto y se los daban siempre en cajas diferentes o blisters sueltos. En el juzgado cuentan con casos comprobados de adulteración de Mabhtera y de Telzir.

Pero la mayor estafa, en dinero, era otra: el armado de historias clínicas con troqueles (el cuadradito con el código de barras de las cajas de remedios) falsos o reutilizados con los que se le cobraba a la APE del Ministerio de Salud medicinas y tratamientos nunca suministrados. Un caso ilustrativo hallado, señalado por el juez, es el de Luis Orosco, que había fallecido en 2005 y a cuyo nombre se seguía facturando (con recibos de San Javier) un remedio llamado Gemtro, incluso a mediados de 2008. Hay e-mails de Aballay y una empleada de San Javier, donde acuerdan la falsificación de recetas y armado de las carpetas. Además, 5000 expedientes APE fueron secuestrados en la causa (con medicamentos que cuestan hasta 30 pesos) que están siendo analizados. Miles de troqueles aparecieron en una heladerita de telgopor en el Policlínico. Un peritaje corroboró en una muestra inicial, que un centenar eran falsos, indicaron fuentes judiciales. En la Droguería Bisol –que manejaban un ex funcionario del Anmat y su hijo– se encontraron troqueles en proceso de impresión dentro de la propia máquina impresora.

Para Oyarbide no hay dudas de que Zanola manejaba las “gestiones de compra y venta de medicamentos adulterados” y “tomaba las decisiones”. Aballay, Ferrari y Susana Fiona habrían sido sus brazos ejecutores. Las droguerías eje en la investigación son San Javier, Bisol, Del Plata y Baires Med (que manejaban el asesinado Sebastián Forza y según el juez, su viuda, Solange Bellone). Todas proveían medicamentos truchos a obras sociales, un modo de asegurarse la venta. Lorenzo y sus socios, dice la resolución, usaban a la vez empresas en proceso de quiebra como forma de borrar rápidamente rastros de sus ilícitos. Hay cientos de horas de escuchas que los comprometen. A través de esas grabaciones también quedó implicado el ex funcionario Costa. “Negociaba con Lorenzo la comercialización indebida de prestaciones médicas y de medicamentos a través de terceras empresas, como Nosal, a las cuales les pedían una suma de dinero para intervenir en las operatorias”, señala Oyarbide.

El emblema del vínculo de Lorenzo y Zanola no sólo era la oficina de San Javier dentro del Policlínico Bancario, sino el fideicomiso que armaron en el Banco Provincia para cobrarle al APE los tratamientos fantasmas.