Los más diversos sectores políticos, de la Justicia, gremiales, académicos y organizaciones de derechos humanos presentarán hoy, a las 12, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional, un Acuerdo para la Seguridad Democrática (ASD). El texto pone el acento en que las políticas de seguridad y el control policial deben estar en manos de civiles, impulsa la descentralización creando policías comunales, fomenta la existencia de una policía judicial, que trabaje en la instrucción de las causas, y rechaza el discurso de la mano dura “que sólo ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos”. El Acuerdo para una Seguridad Democrática tiene las firmas –entre muchas otras– de integrantes del Frente para la Victoria, como Agustín Rossi; del peronismo disidente, como Felipe Solá; de dirigentes de la UCR como Gerardo Morales, Ricardo Alfonsín y Ricardo Gil Lavedra, la diputada de la Coalición Cívica Marcela Rodríguez, referentes de otras fuerzas políticas como Margarita Stolbizer, Fernando “Pino” Solanas y Martín Sabbatella, el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni; el titular de la CGT, Hugo Moyano, y el de la CTA, Hugo Yasky; académicos como Marcelo Saín y Alberto Binder y prácticamente todas las organizaciones de derechos humanos. La iniciativa surgió de León Arslanian y el Centro de Estudios Legales y Sociales, quienes estarán a la cabeza de la presentación de hoy. Anoche todavía se sumaban más adhesiones que se darán a conocer al mediodía.

El Acuerdo apareció a raíz de la inquietud que surgió en distintos sectores por la aparición de propuestas de darle mayores atribuciones y poder a la Bonaerense y a policías de otras provincias del país. “Queríamos aunar a las fuerzas democráticas para que se tomen caminos democráticos en materia de seguridad y diferenciarnos claramente de los discursos de mano dura que no hacen más que reeditar políticas desacertadas y fracasadas”, le explicó Arslanian a Página/12. El ex ministro de Seguridad contó que junto con el CELS empezaron a contactar a los partidos políticos, a las fuerzas sindicales, a integrantes de la Justicia y a una parte importante del mundo académico para diseñar el texto. Después de su presentación en el Salón de los Pasos Perdidos, el acuerdo “se hará llegar a los poderes públicos”.

Tal como sucede en otras latitudes, ante hechos de sangre impactantes, se produce una enorme ebullición y surgen las voces que piden que a los uniformados se les devuelva el poder, que no haya tanto control ni de los civiles ni de la Justicia. “Que puedan detener sin límites, que se aumenten las penas y se encarcele a los menores, casi sin distinción de edad”, parece la consigna.

Frente a esas posturas, los puntos centrales del texto son los siguientes.

• Las respuestas al delito han sido facilistas y autoritarias, consolidando la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.

• Las políticas de mano dura constituyeron “una sucesión de intervenciones erradas que impidieron la profesionalización de los policías y potenciaron la acción de redes de ilegalidad en las que intervinieron funcionarios públicos”.

• Una adecuada política criminal requiere de una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada, una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento.

• Se requieren estrategias que articulen las políticas de seguridad así como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población.

• Las políticas democráticas de seguridad deben surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público.

• Se impulsa la descentralización de la organización policial a nivel distrital y comunal.

• Un control interno de las policías de carácter civil y control externo del desempeño y la legalidad.

• Formación y capacitación policial no militarizado.

• Las medidas meramente represivas con las que se insiste en cada crisis apuntan a perseguir pequeños delitos y a autores jóvenes. Lo que señala el acuerdo es que gran parte de esos delitos comunes están asociados a poderosas redes delictivas. Uno de los ejemplos cantados es el de los desarmaderos.

• Una policía judicial, dependiente de los fiscales, traerá transparencia en las investigaciones.

• Se debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos, espectáculos deportivos, recitales y manifestaciones. Se debe asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.

En la parte final del documento se resume lo que tal vez es la estrategia más importante: “conseguir un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad”. La firma del acuerdo por parte de dirigentes del oficialismo y la oposición, de referentes de la Justicia, el gremialismo y los derechos humanos podría ser la base para esa búsqueda de consensos que formula el texto. Aunque los propios organizadores saben que “habrá un debate muy fuerte y la derecha insistirá en sus políticas”.