Un millón de personas se vieron afectadas por la reciente violencia en Kirguistán, dijeron ayer los funcionarios de las Naciones Unidas, mientras la líder interina del país admitía que más de 2000 personas habían muerto en los choques. El enfrentamiento étnico entre uzbecos y kirguisios en el sur del problemático Estado de Asia Central comenzó el fin de la semana pasada y la situación en y alrededor de la ciudad de Osh todavía es tensa.

En medio de la crítica de que su gobierno ya no tiene el control, Rosa Otunbayeva –que encabezó el gobierno provisional formado después de que se derrocara al presidente Kurmanbek Bakiyev en abril– hizo su primera visita a las calles destrozadas. “Debemos dar el mensaje de esperanza de que repararemos la ciudad, de que todos los refugiados regresarán y crearemos todas las condiciones para eso”, dijo después de sobrevolar la ciudad en helicóptero.

Barrios enteros de Osh han sido reducidos a escombros y, en algunas áreas, hay uzbecos todavía ocultos detrás de barricadas para protegerse de las bandas kirguisias que todavía merodean en las calles, apuntando a los uzbecos y a sus hogares. Human Rights Watch dijo ayer que había documentado varios casos en los que los uzbecos eran atacados por hombres camuflados cuando trataban de entrar en un hospital o conseguir ayuda humanitaria.

Tres aviones de carga transportando 80 toneladas de asistencia humanitaria de la ONU deben llegar a Osh este fin de semana. Pero las organizaciones internacionales ayer enfatizaron la escala de la devastación, y le pidieron a la ONU que autorizara una misión de paz a la región. “Con una cifra de muertos que probablemente sea mucho mayor que la cuenta oficial de 200 y con un estimado de 400.000 desplazados en Kirguistán y cruzando la frontera en Uzbekistán, la situación representa una amenaza significativa a la paz y seguridad internacional”, decía una carta al Consejo de Seguridad de la ONU, firmada conjuntamente por los presidentes de Human Rights Watch y del International Crisis Group. “El Consejo de Seguridad tiene la obligación de responder a estos riesgos y debería actuar inmediatamente para trabajar con el gobierno, las organizaciones regionales y otras para prevenir otra escalada de violencia, incluyendo autorizar imponer la fuerza de la ley internacional y la asistencia de seguridad”, concluía la carta.

Azimbek Beknazarov, vicepresidente del gobierno provisional, dijo ayer que 223 personas habían muerto en los disturbios, pero la mayoría de la gente cree que el número de muertos es en realidad mucho mayor, dado que la cuenta oficial considera sólo aquellos registrados en los hospitales. Se cree que muchos fueron muertos en sus casas y en las calles y enterrados rápidamente según las tradiciones islámicas.

“Yo aumentaría en 10 veces los datos oficiales del número de muertos”, dijo el líder interino del país ayer. Otunbayeva le pidió a Moscú que enviara el ejército ruso a Kirguistán para ayudar a controlar la agitación, pero sus pedidos no se han cumplido. Sin embargo, ayer dijo que la fuerzas rusas ayudarían a proteger las “instalaciones estratégicas” en el país. Pero no se sabía con seguridad si éstas se extenderían más allá del batallón ya enviado para reforzar la seguridad en la base aérea rusa en el norte de Kirguistán.

Dmitri Medvedev, el presidente ruso, advirtió ayer que si el orden no se restablecía pronto Kirguistán corría el riesgo de caer bajo el control de los extremistas islámicos. “Cuando la gente pierde la fe en la habilidad de las autoridades civiles para establecer la ley y el orden y decide que hay una sola fuerza que lo puede hacer, entonces podemos terminar con un Kirguistán que se desarrollaría a lo largo del escenario afgano, el del período talibán”, dijo.