Desde Tucumán

Los documentos entregados por el testigo Juan Carlos “El Perro” Clemente a la Justicia tucumana muestran cómo la estructura policial de tortura y seguimiento de personas se infiltraba en conocidos colegios secundarios de San Miguel de Tucumán, en la búsqueda de “terroristas subversivos”. El espionaje también abarcaba a los profesores y personal no docente de la Universidad Nacional de Tucumán. “Con la mayor sutileza está abocado a la tarea de adoctrinamiento, según información que nos ha llegado está en la conducción nacional del partido trotskista”, dice de un profesor un memo sellado como confidencial con membrete de la Universidad Nacional de Tucumán. “Marxista, líder del grupo, usa su puesto para difundir sus ideas, muy peligrosa”, señala sobre una docente.

“Este expediente CONFIDENCIAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN. Cumplo en informar lo siguiente: Instituto Técnico de U.N.T. Personal Docente del Mismo de actividad conocida; Cisneros de Cuenya, Imelda: Filomarxista, madre de un activista. Imhoff, de Rodríguez, María: Marxista Anticatólica”, asegura el informante en una comunicación fechada el 19 de abril de 1976.

En otra hoja se habla del Gymnasium Universitario (colegio secundario del que el pianista Miguel Angel Estrella es uno de sus alumnos más reconocidos) y se acusa a un profesor de que “con la mayor sutileza está abocado a la tarea de adoctrinamiento, según informaciones que nos a (sic) llegado está en la conducción nacional de partido trotskista, y se pudo establecer que viaja continuamente fuera de la provincia”.

Sobre la Facultad de Derecho, el informante dice que “Giménez, Elva Graciela Dra; estrechamente ligada a la Prieto de Herrera (actualmente es jueza provincial), a quien cobijó en diversas oportunidades en su casa de calle Lamadrid al 300, se pudo detectar como activista, es afiliada al FIP” y “Zulema Peralta; empleada no docente de la facultad, en la sección de alumnos, mantiene correspondencia en forma muy reservada con una persona, empleado en una gomería de la ciudad de Monteros, de propiedad de su cuñado el Negro Elías, en cuya casa vive, creo que está avispada de que se la vigilaba, es necesario que lo haga personal no conocido”.

También se observa entre el material elaborado por los represores, en los que habría datos obtenidos en las mesas de torturas tucumanas, alusiones a las personas que podían ser secuestradas o no. “Te molesto por lo siguiente que mandas los antecedentes de las siguientes personas que vos conoces detallado y un poco amplio” –se decían por escrito entre los propios represores–. “Decime si se lo puede levantar.”

Entre los expedientes confidenciales que se confeccionaban en el centro clandestino Jefatura de Policía se destaca uno, de abril de 1976, en el que se cuenta que “por información recibida se realizó una visita de inspección a la facultad de Ciencias Exactas por cuento se tenía conocimiento de que había una caja con literatura marxista”. En otro memo reservado, dirigido al “gobernador Antonio Domingo Bussi”, se habla de un grupo de estudiantes “que distribuirían panfletos de las organizaciones subversivas ERP y Montoneros en las distintas facultades”.

Con estos datos, se espera que los abogados querellantes aprovechen la declaración de Clemente, que se realizará el próximo martes, para poder analizar los documentos y así, junto con los testimonios escuchados desde el 16 de febrero pasado, cuando comenzó la megacausa en Tucumán, se conviertan en una herramienta para condenar a los genocidas responsables de los crímenes cometidos en la ex Jefatura de Policía de la provincia.

Los documentos en los que se da cuenta de la Inteligencia sobre estudiantes y docentes tienen el membrete de la Universidad Nacional de Tucumán.