Cientos de miles de trabajadores italianos participaron ayer en una huelga general contra los recortes económicos aprobados por el gobierno de Silvio Berlusconi. La central sindical mayoritaria de Italia, CGIL, convocó a protestas en Roma, Milán y Nápoles, para coincidir con la huelga nacional. Líderes sindicales advirtieron que los recortes afectarían duramente a los sectores más pobres.

El plan de ajuste presupuestario, aprobado el pasado 25 de mayo por el consejo de ministros de Italia, propone recortar unos 24.000 millones de euros (más de 30.000 millones de dólares) en los próximos dos años. Según Berlusconi, el paquete de ajustes es parte esencial del esfuerzo europeo para salvar el euro.

Las medidas incluyen la congelación de los sueldos de los funcionarios públicos, así como recortes a las administraciones locales y regionales.

“Nadie niega que necesitamos hacer recortes, pero éstos deben ser justos y mirar hacia el futuro, en vez de drásticos recortes al gasto público”, dijo Susanna Camusso, segunda líder sindical del CGIL, quien encabezó la marcha en la ciudad de Bolonia.

La CGIL, que reúne a unos seis millones de trabajadores, no contó con el apoyo de otras dos grandes centrales, CISL y UIL, que no formaron parte de la huelga. Los trabajadores del sector privado y los pertenecientes al sistema de transporte fueron convocados a un paro de cuatro horas, mientras que para los de la administración pública la huelga fue de toda la jornada.

Servicios como el transporte no se vieron severamente afectados a causa de las protestas. En Milán, las tres líneas de metro estaban trabajando normalmente, según informaciones de la compañía ATM. En el aeropuerto Fiumicino, en Roma, anunciaron que cinco vuelos fueron cancelados. En la capital italiana la protesta reunió a unas 40.000 personas. Otras 80.000 se sumaron en Milán, según estimados de la CGIL, aunque fuentes policiales dicen que la cifra fue de 35.000 participantes. Fuentes del gobierno dijeron que sólo un dos por ciento de los trabajadores públicos había apoyado la huelga.

Sin embargo, para la central la huelga fue un éxito que sorprendió a los propios organizadores. “Sólo en el aeropuerto de Roma, Fiumicino, se han contado 86 vuelos anulados, una línea de metro de Bolonia (sólo hay dos) ha cerrado y la mitad de los autobuses no ha circulado. En Nápoles y en Milán, el acatamiento también ha sido alto”, aseguró la CGIL. Aunque no había anunciado su participación en las movilizaciones y siempre ha tenido una actitud moderada ante el tijeretazo, el principal líder de la oposición, Pierluigi Bersani, acabó por desfilar por las calles de Milán. Tres regiones de gran peso industrial y comercial, Piamonte, Liguria y Toscana, anunciaron movilizaciones para al 2 de julio.

Como otras naciones europeas, Italia tiene un alto déficit fiscal y está intentando controlar su deuda nacional. Además, no está sola en esta elección del camino de la austeridad para salir de la crisis. Reino Unido, Grecia, España, Portugal, Francia y Alemania han anunciado fuertes ajustes. Sin embargo, no queda claro que el mejor remedio para esta enfermedad sea un megaajuste en momentos en que la economía empieza a mostrar débiles señales de recuperación.

La protesta contra el gobierno de Silvio Berlusconi ocurrió un día después de la huelga en Francia y tras las movilizaciones en Grecia, y el mismo día que se supo que el desempleo en Italia alcanzó el 9,1 por ciento. Aunque en el país hay un relativo consenso en que el tijeretazo es inevitable, los manifestantes exigieron una revisión de los recortes.

Con mayor o menor fervor los partidos de oposición se sumaron a la huelga: Italia de los Valores, del juez Antonio Di Pietro, seguido con cautela por el Partido Democrático de Pierluigi Bersani, además de los partidos más a la izquierda sin representación parlamentaria. Tanto ellos como la central sindical consideran profundamente equivocado el modo en que el gobierno de Berlusconi ha acometido el recorte de 24.000 millones de euros en los próximos dos años.

Casi la mitad deberá ser asumido por las regiones, que destinan un 80 por ciento de su presupuesto a la atención sanitaria de los ciudadanos. Además, se encargan de la aprobación de incentivos empresariales, y la gestión del transporte y del medio ambiente. Otro tercio del recorte deberá provenir de la lucha contra la evasión fiscal que, según un estudio publicado ayer por la patronal, supone el 8,2 por ciento del PIB.

Los líderes de las regiones italianas, que son las administraciones más castigadas por los recortes, anunciaron ayer que están dispuestos a devolver competencias al Estado si éste no asume en la misma proporción el esfuerzo de austeridad.

“El plan anticrisis se tiene que cambiar porque lo pagan sólo los trabajadores, los entes locales y los ciudadanos”, clamó ayer en Bolonia la secretaria de CGIL, Susanna Camusso.

Esta ciudad llegó a concentrar el mayor número de manifestantes, unos 100.000 según la organización, lo que no extrañó, dado que la capital de Emilia-Romania es el tradicional granero de votos de la izquierda. Pero aunque Bersani es de la región, prefirió desfilar en la capital económica del país, Milán. El plan del gobierno es injusto, dijo este político, y añadió: “El Partido Democrático ha hecho propuestas para distribuir los recortes de modo distinto, ¿por qué el gobierno no las examina?”.

Di Pietro eligió Nápoles para manifestarse, pues es una ciudad símbolo de los derechos de los trabajadores. Esta semana, los empleados de la planta de FIAT en Pomigliano, al norte de la ciudad, aceptaron un ultimátum de la empresa para evitar que se marchara de la región. “Estamos ante una lógica de empresa que produce esclavos”, se lamentó Di Pietro. A su lado se manifestó el líder de Izquierda y Libertad, Nicky Vendola, posible rival de Bersani en las primarias para las próximas elecciones generales, en 2012.