Miles de hondureños tomaron las calles para repudiar el golpe de Estado que hace un año arrebató el poder al presidente Manuel Zelaya, quien difundió una carta en la que acusa directamente a los Estados Unidos por su derrocamiento. Organismos de derechos humanos instalaron la Comisión de la Verdad. Y Amnistía Internacional denunció al gobierno de Porfirio Lobo por no haberles puesto fin a las violaciones a los derechos humanos perpetradas por los golpistas.

Los trabajadores estatales, los docentes, los estudiantes junto a otros sectores nutrieron la columna convocada en Tegucigalpa por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). Otros cientos de militantes del Partido Liberal de Zelaya confluyeron con ellos en la movilización. Las columnas no lograron llegar hasta la Casa de Gobierno porque un fuerte dispositivo de seguridad se lo impidió. Pero nadie retrocedió. Según informaron medios hondureños, habría habido tomas de puentes y carreteras por parte de los integrantes de la Resistencia.

Los seguidores de Zelaya denunciaron las violaciones a los derechos humanos que se siguen produciendo bajo la actual administración del presidente Porfirio Lobo y el asesinato de nueve periodistas en lo que va del año. Reclamaron el retorno del presidente Zelaya y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. “En Honduras hubo un golpe de Estado y ese rompimiento sólo se restituye con una nueva Constitución”, explicó Carlos Reina, uno de los líderes de la Resistencia que impulsan la recolección de un millón de firmas para reformar la Carta Magna.

Zelaya aprovechó la jornada para denunciar la intervención de los Estados Unidos en el golpe de Estado del año pasado. “Fue planificado en la base militar de Palmerola, por el Comando Sur de los Estados Unidos, y ejecutado torpemente por los hondureños”, afirmó en una carta difundida ayer desde su exilio en República Dominicana. Estados Unidos salió al cruce de las acusaciones del presidente derrocado. La portavoz de la Oficina para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Virginia Staab, negó que Washington tuviera conocimiento previo ni estuviera involucrado en el derrocamiento. “Si Estados Unidos no estuviera dictando la pauta a los sectores golpistas, ya habríamos logrado la reconciliación”, insistió Mel en una entrevista brindada a Telesur.

Quienes denuncian la arbitrariedad que se mantiene en el régimen de Lobo ayer obtuvieron en las últimas horas evidencia de esas prácticas. La dirigente indígena del FNRP Bertha Cáceres denunció que la policía la detuvo injustificadamente por más de tres horas. La referente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) relató que cuando se dirigía a la ciudad de la Esperanza, departamento de Intibucá, 200 kilómetros al noroeste de la capital, notó que las autoridades tenían detenidos a otros militantes: “Reclamé a un inspector por esa detención y por qué les habían decomisado a los compañeros 400 hojas firmadas exigiendo la convocatoria a la Constituyente, y lo que hizo el policía fue agredirme y llevarme detenida”, denunció. Según Cáceres, fue la presión internacional y la solidaridad las que hicieron que a la medianoche la liberaran.

Para estudiar esos actos arbitrarios y la persecución sufrida por vastos sectores, la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras instaló una Comisión de la Verdad, alternativa a la creada por el gobierno de Lobo. Los organismos insisten en que la oficialista Comisión de la Verdad y la Reconciliación no cumple con los mínimos requisitos. La comitiva instalada en el aniversario está integrada por personalidades reconocidas como un Premio Nobel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, y Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

En consonancia, Amnistía Internacional denunció ayer también la impunidad de la que gozan bajo la presidencia de Lobo los que cometieron violaciones a los derechos humanos y reafirmó su preocupación por la libertad de expresión en Tegucigalpa. “El presidente Lobo se ha comprometido públicamente en favor de los derechos humanos pero ha fracasado, lo cual es inaceptable”, remarcó Guadalupe Marengo, subdirectora del programa Américas de Amnesty. La funcionaria reclamó que se pusiera fin al clima de represión y de inseguridad que se vive desde hace un año en ese país.