Los trabajadores del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad de Buenos Aires declararán hoy –en forma simbólica– la “emergencia” de ese organismo, que se ocupa de atender a los chicos en situación de vulnerabilidad social. Lo que denuncian es el desmantelamiento y la falta de presupuesto del Consejo, colapsado –según aseguran– a raíz del crecimiento de casos que se les presentan para resolver. Y consideran que ese aumento es consecuencia de las políticas sociales del gobierno macrista. Hoy harán un abrazo a una de las Defensorías. Mientras tanto, la presidenta del Consejo, Beatriz Orlowski –en el ojo de la tormenta tras el informe que brindó la semana pasada en la Legislatura–, decidió tomar distancia de tanta crisis: acaba de iniciar dos semanas de vacaciones. Había asumido un mes y medio atrás.

“El Consejo de los Derechos ocupa un rol central dentro del sistema de protección integral de derechos: su función principal es la definición, la articulación y el control de las políticas públicas del área, así como la intervención directa en los casos en que esas políticas no resulten suficientes”, explicó Luciana Pandullo, delegada de ATE del Consejo. Y advirtió que “a raíz del desmantelamiento de las políticas universales, tal como da cuenta el aumento de la mortalidad infantil en el distrito más rico del país, todos los servicios del Consejo, pensados para intervenir en forma residual, se han visto colapsados”.

Pandullo ilustró el panorama por el que las defensorías terminan desbordadas: “En materia de fortalecimiento familiar existe un único programa que resulta absolutamente insuficiente, ya que cuenta con dos o tres operadores por barrio y sólo se le destina un 6 por ciento del presupuesto de la Dirección de Niñez. Cerraron el hogar Cajade y el Eva Duarte, aumentaron notablemente los desalojos y hay un severo déficit en políticas de vivienda. Los programas para la inclusión también fueron desmantelados y faltan vacantes escolares en la zona sur”.

Según explican en el Consejo, la situación está desbordada no sólo por la mayor demanda que los profesionales de cada defensoría deben atender, sino porque ahora son mucho más complejos. “Se da un fenómeno nuevo: que en un mismo caso se presenten tres o cuatro situaciones conflictivas, con lo que la atención en más extensa y más difícil de resolver”, apuntó una fuente.

La protesta se realizará a las 12 en la Defensoría de Barracas, en Montes de Oca 1570, donde representantes de ONG, legisladores porteños y otras personalidades acompañarán a los trabajadores, que reclamarán “el cumplimiento de la ley 114, de protección integral de la infancia” que dio origen al Consejo de los Derechos.

Laura García Tuñón, diputada porteña de Proyecto Sur, estará también presente. “Hay un desmantelamiento del Consejo y sus programas, pero sobre todo hay una política de transferencia de recursos del Estado al sector privado”, denunció. “Cada vez es mayor la cantidad de situaciones por atender, la pobreza creció, aumentó la mortalidad infantil, pero cada vez el Estado se retira más. En la ciudad de Buenos Aires hay muchos recursos, pero están muy mal distribuidos”, consideró.

“Un ejemplo son los profesionales de las Defensorías –agregó la legisladora–, que cobran 1800 o 2000 pesos por hacerse cargo de todas estas situaciones. Son abogados, asistentes sociales, psicólogos, que terminan por irse a otros municipios que les pagan mucho mejor por hacer la misma tarea.”

Desde el ámbito académico, Susana Checa, docente e investigadora de la UBA, alertó sobre el “deterioro” de la situación social: “Lo que está sucediendo en el Consejo es producto del claro retroceso que se evidencia por las políticas sociales que implementa el macrismo”. Y apuntó que “la zona sur de la ciudad tiene los indicadores más alarmantes en materia de infancia y adolescencia, similares a los del Chaco o Jujuy”.

Beatriz Orlowski de Amadeo, en tanto, más allá de críticas y denuncias, decidió un respiro de 15 días, a escasos dos meses de haber asumido la conducción del Consejo. Los últimos días no fueron sencillos para la funcionaria, que depende directamente del jefe de Gobierno, Mauricio Macri. Su informe en la Legislatura fue criticado en forma unánime por la oposición. Pero los reproches también llovieron desde el oficialismo. Es que en tren de defenderse de los cuestionamientos de diputados y diputadas por la situación del Consejo, Orlowski optó por el viejo truco de echar las culpas a la gestión anterior. Olvidó un detalle: la presidenta a la que reemplazó, Jessica Malegarie, también era PRO.