El gobierno estadounidense interpuso ayer una demanda contra la ley antiinmigrante del estado de Arizona. Las autoridades alegaron que la normativa es inconstitucional e interfiere con la autoridad federal. Se prevé una batalla legal sobre uno de los temas que divide a la opinión pública norteamericana. “La Constitución y la ley federal no permiten el desarrollo de una mezcla de políticas migratorias estatales y locales en todo el país”, justificó su presentación el gobierno federal. El Departamento de Justicia explicó que la ley de Arizona interfiere con la política nacional migratoria.

La ley promulgada el 23 de abril por la gobernadora republicana Jan Brewer declara que la normativa debía entrar en vigencia el próximo 29 de julio, de allí se deriva la urgencia del Ejecutivo para interponer esa demanda ante una corte de Phoenix. “Arizona cruzó la línea constitucional”, remarcó un comunicado oficial. La ley faculta a la policía del estado a solicitar a cualquiera que pueda ser considerado inmigrante ilegal la documentación para probar su estatus. Los uniformados estarían amparados en lo que los redactores de la ley denominaron “sospecha razonable”. Es decir, esta legislación allana el camino para discriminar en función de aspectos físicos o sólo por el acento de una persona, según denunciaron organizaciones de derechos civiles. Además, cualquier ciudadano de Arizona puede presentar una demanda contra otro funcionario estatal, si considera que no cumple con esa exigencia de controlar la situación migratoria de un sospechoso.

La ley antiinmigratoria de Arizona ya fue impugnada ante los jueces por organizaciones civiles. El presidente Barack Obama la catalogó desde el principio como un error. Dichos que confirmó la semana pasada cuando la calificó de divisoria y potencialmente discriminatoria. Sin embargo, la normativa goza de un importante apoyo popular. Un reciente sondeo indicó que el 62 por ciento de la población estadounidense está de acuerdo. En otros estados, también se presentaron iniciativas semejantes para la persecución de los inmigrantes.

El texto fue aprobado por el Congreso de Arizona tras una creciente preocupación por el posible desborde de la violencia del crimen organizado del lado mexicano. Lo que sirvió para encender más los ánimos fue el asesinato de un ranchero en su propiedad cerca de la frontera. Sin embargo, según estimaciones del FBI, la violencia criminal no se incrementó realmente en Arizona. En ese estado viven cerca de dos millones de hispanos. De ellos, unos 460 mil son indocumentados.

Obama señaló que la única forma de afrontar el problema de los casi once millones de indocumentados en el país era mediante una reforma integral, para la que necesita el apoyo de los republicanos, y no está demasiado cerca de obtenerlo. Mientras tanto, algunos jefes policiales de Phoenix y Tucson se quejaron de que, con la puesta en vigencia de la norma, las víctimas o testigos de crímenes probablemente denunciarán o cooperarán menos con agentes policiales por temor a los controles de identidad. La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, ya había revelado el mes pasado que el Departamento de Justicia estaba preparando una demanda para parar la de Arizona.

Desde su cuenta de Twitter, la polémica gobernadora de Arizona prometió ayer defender con uñas y dientes su política antiinmigratoria. “Vamos a ser muy agresivos con la defensa de nuestra ley”, adelantó Brewer. Según reportó la prensa estadounidense, el vocero de Brewer, Paul Senseman, definió la presentación del gobierno como una decisión terriblemente mala. “Arizona obviamente tiene una terrible crisis de seguridad en su frontera a la que debe hacérsele frente. Por eso, la gobernadora Brewer ha afirmado una y otra vez que preferiría que los recursos y la atención del gobierno federal se enfocaran hacia esta crisis”, sostuvo Senseman.

Por su parte, el senador Russell Pearce, principal impulsor de la ley de Arizona, consideró la iniciativa gubernamental como un insulto para la reglamentación de la normativa, así como para los residentes del estado del sudeste de los Estados Unidos. “Es escandaloso y deja en evidencia que no quieren que las leyes migratorias se fortalezcan”, declaró Pearce.

Mientras tanto, activistas están organizando una protesta contra Brewer. La gobernadora estará participando durante el fin de semana de una reunión de la Comisión Nacional de Gobernadores en Boston. Los organizadores afirmaron que quieren enviar un mensaje claro a otros gobernadores para que no avalen leyes del mismo tenor. “No queremos ninguna otra acción que legalice la persecución racial”, manifestaron.