Tras conocerse la noticia de la demanda presentada por Washington, las reacciones no se hicieron esperar al otro lado de la frontera. La Cancillería mexicana hizo saber su beneplácito por la decisión del gobierno de Barack Obama de interponer acciones legales para que no entre en vigor la ley antiinmigratoria en el estado de Arizona. Especialmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que adhería al pedido de la Casa Blanca de que se la declare inconstitucional. El 22 de junio, el gobierno de Felipe Calderón ya había adherido bajo la figura legal de amicus curiae (amigo de la corte) a una presentación de organizaciones sociales contra la normativa promulgada por la gobernadora Jan Brewer. La Cancillería mexicana remarcó su reconocimiento al derecho soberano de todos los pueblos para adoptar normativas y políticas públicas. Pero, desde Los Pinos, afirmaron que cuando una medida afecta los derechos civiles, las autoridades mexicanas tienen la obligación de proteger la dignidad de sus ciudadanos en el extranjero. Cuando se reunieron el 20 de mayo pasado, Calderón ya le había expresado su preocupación a Obama por la ley Arizona.