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La Justicia de los Estados Unidos comenzará a definir a partir de esta semana y con una serie de audiencias el futuro de la polémica ley de Arizona que endurece la situación de los inmigrantes ilegales.

La jueza distrital de los Estados Unidos Susan Bolton será quien lleve adelante las audiencias sobre los siete juicios interpuestos para frenar la implementación de la ley fijada para el 29 de julio.

Entre las audiencias está incluida la demanda realizada por el gobierno federal y por organizaciones de derechos civiles que buscan bloquear su efectivización. El día clave será el jueves, cuando se defina la demanda realizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que sostuvo que al sancionar la ley el estado de Arizona “cruzó el límite de lo constitucional”. Ese día se definirá además la demanda realizada por un grupo de organizaciones civiles que se oponen a la legislación denominada SB 1070, principalmente por su carácter discriminatorio.

La calificación de “discriminatorio” es porque la ley permite clasificar físicamente a los inmigrantes ilegales y llevarlos detenidos en caso de no llevar consigo documentación que acredite su estancia legal en el país. Este aspecto de la norma generó también el apoyo de otras naciones latinoamericanas, que expresaron su rechazo a la Corte de Arizona a través del recurso de un amicus curiae o “amigos de la corte”.

Con el liderazgo de Argentina y de Ecuador, tanto Bolivia como Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú se unieron a la figura de “amigos de la corte” presentada inicialmente por México. Para el vocero de la Embajada de México en los Estados Unidos, Ricardo Alday, la situación, tal como está planteada, “tiene todos los elementos para hacer un caso en la Corte Suprema de Justicia”.

El primer paso, sin embargo, serán los resultados de las audiencias de esta semana, cuando la jueza falle inicialmente “para ver si procede la demanda del gobierno de los Estados Unidos”, explicó el funcionario. Si el veredicto es negativo y la ley “entra en vigor”, el escenario será aún más complicado, ya que “es probable que haya otros estados que quieran moverse en esa dirección”, advirtió el portavoz mexicano.

Alday estimó que ese número podría alcanzar en un inicio a 14 o 15 estados que ya expresaron su intención de hacerlo. Esto significaría, a su vez, que las demandas y los esfuerzos por bloquear la legislación podrían llevar meses e incluso años y, consecuentemente, un precio político alto para los demócratas, que en noviembre enfrentan elecciones de mediano término con otros temas como la economía y el desempleo sobre la mesa de juego. La efectivización de la ley de Arizona y la promesa de la reforma migratoria no tardarán entonces en ser otro factor del cual los republicanos buscarán sacar provecho. Según Alday, si la Corte decide bloquear la SB 1070, “es ineludible que el tema esté presente en la campaña y que sea “muy probablemente uno de los tres más debatidos”.