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La denuncia sobre la presencia de guerrilleros de la s FARC y el ELN en territorio de Venezuela ha sido usada por el colombiano Alvaro Uribe a lo largo de toda su presidencia. Pero esta vez la armó como un torpedo a la línea de flotación de la relación entre ambos países. Fue una especie de regalito que Uribe dejó a su sucesor Juan Manuel Santos, que asumirá el 7 de agosto. Lo que dijo el embajador colombiano ante la OEA fue que el gobierno de Hugo Chávez “no acepta colaborar en la lucha antiterrorista”. Uribe denuncia que hay guerrilleros colombianos en Venezuela y Chávez lo niega. Para Uribe, eso es no colaborar. En las denuncias internas y en la propaganda política va más allá y denuncia de hecho que Chávez respalda a las FARC y al ELN, pero no puede hacer esa denuncia en foros internacionales porque no tiene pruebas.

Pero esta denuncia coincide con lo que ha intentado instalar en forma permanente en la región el sector más duro del Pentágono. Hay una coincidencia histórica entre este sector y Uribe. Santos fue el ministro de Defensa de Uribe. Este sector del Pentágono estuvo implicado en el intento de golpe contra Chávez y ha desarrollado infructuosamente todo tipo de estratagemas para aislar al venezolano de su contexto regional. Ningún gobierno progresista se sumó a esa política. Solamente las fuerzas políticas conservadoras, históricamente muy pronorteamericanas, han colaborado con esta estrategia de guerra abierta contra Chávez.

Con los cambios que hubo en el mundo y ahora con la llegada de Obama a la Casa Blanca no tiene buena prensa hablar de estos temas y recordar que en la historia la relación de Estados Unidos con América latina estuvo signada por invasiones e intrigas violentas para respaldar dictaduras militares o gobiernos represivos. No es un buen saldo.

A partir de los ’80 se produjeron algunos cambios. En especial porque la atención de Washington estuvo menos puesta en la región. Paradójicamente, ahora, cuando por primera vez un afroamericano llega a la Casa Blanca, la sensación es que la región podría sufrir nuevamente la atención de su vecino del Norte.

La existencia del Plan Colombia y la presencia de siete bases militares norteamericanas en ese país viene de antes. No constituye una novedad. Lo nuevo sería que fueran operadas en una crisis regional. Esas bases han sido criticadas por todos los mandatarios de la Unasur, empezando por el brasileño Lula da Silva y los argentinos Néstor y Cristina Kirchner.

En los últimos meses, ya con la gestión de Hillary Clinton como secretaria de Estado de Obama, la flamante presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda, autorizó la entrada a ese país de tradición pacifista a entre siete y trece mil marines norteamericanos y 46 barcos de la flota estadounidense. Costa Rica no tiene ejército. En poco tiempo lo tendrá, y será el de los Estados Unidos.

A su vez, el nuevo presidente de Panamá, el empresario derechista Ricardo Martinelli, firmó con Clinton otro acuerdo para instalar cuatro bases aeromilitares. Panamá es un país que arrastró como estigma de su historia que su territorio estuviera partido a la mitad por la Zona del Canal, donde no tenía soberanía y donde había numerosas bases norteamericanas. Y además fue invadido por Estados Unidos en 1989.

Y lo mismo se dice con respecto a Perú: el presidente de Ecuador, el centroizquierdista Rafael Correa, no renovó contrato para la base de Manta, por lo que será trasladada a Iquitos.

En una época en que no existen conflictos militares en la región, sino que, por el contrario, el impulso integrador ha sido más fuerte que en toda su historia reciente, resulta por lo menos sospechoso el evidente interés del Pentágono por regar América latina con bases militares norteamericanas. Y resulta más inquietante si al mismo tiempo, desde Colombia, donde está la mayoría de ellas, un presidente a punto de retirarse echa fuego al conflicto con Venezuela y condiciona a su sucesor y a Chávez a una política de tensión creciente.