Organizaciones comprometidas con los derechos humanos y en particular los derechos sexuales y reproductivos coincidieron ayer en respaldar la vigencia y aplicación de la Guía Técnica de Atención Integral de los Abortos No Punibles, que acaba de actualizarse, y reclamaron que sea refrendada por una resolución ministerial. El confuso episodio por el cual el ministro Juan Manzur negó haber firmado la resolución, una semana después de que una delegación oficial la mencionara ante la ONU como un gran avance del Gobierno en la protección de la salud de las mujeres, tal como reveló ayer Página/12, tendrá repercusiones a nivel internacional. El CELS y otras ONG informarán hoy sobre esta irregular situación al Comité de Expertas que monitorea el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) –ante quienes se dio el anuncio– para que le pida explicaciones al gobierno argentino.

Hoy, en Santiago del Estero, Manzur presidirá el Consejo Federal de Salud, que reúne a ministros y secretarios del área de todas las provincias: aunque el tema no está en la agenda del encuentro, algunas provincias exigirán también explicaciones. “Queremos saber por qué no la firmó. Si tiene que ver con una objeción de conciencia del ministro, tiene que separar sus convicciones personales de la gestión institucional. Con su decisión puede minar la legitimidad de los protocolos de atención de los abortos no punibles que ya se están aplicando en varias provincias”, dijo a este diario Débora Ferrandini, secretaria de Salud de Santa Fe.

Desde el Conders, una articulación que nuclea a más de cincuenta organizaciones y ochenta personas que trabajan en el monitoreo de los derechos sexuales y reproductivos en el país desde hace siete años, reconocieron que la Guía es “un avance importante para la salud y la calidad de vida de las mujeres” y aclararon que “no avanza más allá de las leyes ya vigentes desde hace casi noventa años” en relación con los permisos previstos para interrumpir voluntariamente un embarazo contemplados en el artículo 86 del Código Penal. “Sólo establece procedimientos para proceder de manera efectiva y humanizada, sin violar los derechos legalmente establecidos”, señalaron. El Conders está coordinado por el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la Mujer (Cladem), FEIM, Foro por los Derechos Reproductivos y Red de Jóvenes por los Derechos Reproductivos. “Alentamos a las autoridades del ministerio a legitimar esta Guía con su correspondiente resolución, a fin de darle mayor solidez. Pero recordamos que aun en la situación actual, no existe normativa ni excusa para que el personal médico deje de cumplir las leyes vigentes”, explicó Cristina Zurutuza, de Cladem Argentina. El Conders respaldó además la actual gestión del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, a cargo de Paula Ferro, que “ha sido consistente con todos los avances del actual gobierno en materia de derechos humanos, en coherencia con los tratados internacionales y las recomendaciones de los Comités de Naciones Unidas en el sentido de garantizar los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres”.

Las organizaciones que asistieron a la sesión del Comité de Cedaw, en Nueva York, el 13 de julio, y escucharon a la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, Lidia Mondelo, anunciar como un significativo avance en la protección de los derechos sexuales y reproductivos el hecho de que la Guía había adquirido un día antes rango de resolución ministerial, expresaron ayer su “profunda consternación” por la marcha atrás. Así lo manifestaron Cladem, Católicas por el Derecho a Decidir, Insgenar, Comité contra la tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Cohre y Cero en Conducta. “Resulta fundamental recordar que el Estado argentino ha asumido compromisos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, no sólo con la firma de los tratados, sino también con la aplicación de la jurisprudencia internacional derivada de los mismos. En este sentido, se ha señalado que el Estado debe remover todas las condiciones que obstaculizan el acceso por parte de las mujeres a los abortos no punibles, expresamente contemplados en la legislación penal. Por tal motivo, exigimos al Estado argentino, en particular a funcionarios y funcionarias responsables, se rectifiquen de los dichos vertidos el día 21 de julio a través de los cuales se desconoce la aprobación de los Procedimientos de la nueva Guía de Atención Integral de los abortos no punibles, los cuales fueran presentados ante ONU como un avance en las políticas públicas en materia de derechos de las mujeres”, señalaron.

También la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que agrupa a más de doscientas organizaciones del país, se pronunció sobre la desmentida de Manzur. “Nos indigna que se justifiquen estos vaivenes como ‘errores’ de parte del ministro de Salud, en tanto y en cuanto estamos hablando de las garantías necesarias para el ejercicio de derechos humanos de las mujeres”, dijo la Campaña en un comunicado. “Seguramente los ahora llamados ‘errores’ generarán especial confusión en el personal de salud y en la población en general, permitiendo así por acción u omisión que se sigan judicializando innecesariamente los casos de aborto no punible”, evaluó Marta Alanís, de Católicas por el Derecho a Decidir.