La Justicia estadounidense no respondió a las impugnaciones a la Ley Arizona, que entrará en vigencia mañana. Las organizaciones defensoras de los derechos civiles siguen denunciando la iniciativa antiinmigrantes y preparan multitudinarias protestas.

En la ciudad de Phoenix, la jueza Susan Bolton sigue estudiando las siete demandas que se presentaron contra la Ley Arizona, que –entre otras cosas– habilita a la policía local a detener a cualquiera que le genere “sospechas razonables” de ser un indocumentado.

El pasado 6 de julio, el gobierno federal impugnó la norma porque, según la Casa Blanca, podría ser violatoria de los derechos civiles. Además, la norma SB 1070 podría ser anticonstitucional ya que la determinación de la política migratoria es potestad del gobierno federal. Según dijo la prensa estadounidense, la jueza Bolton volvió una y otra vez sobre los argumentos utilizados por el equipo legal de Barack Obama. La magistrada, que fue designada por el ex presidente Bill Clinton, le pidió reiteradamente al fiscal Edwin Kneedler que explicara por qué la Ley Arizona interfiere con la competencia federal de fijar pautas migratorias.

Bolton aún no se expidió sobre las presentaciones y el tiempo corre. Mañana la ley entrará en vigencia, si la Justicia no dice lo contrario. “La jueza comprende los peligros a los que se enfrentan los habitantes de Arizona”, dijo la gobernadora Jan Brewer, confiada en que su iniciativa entrará pronto en vigor. Existe la posibilidad de que Bolton cancele la aplicación de algunos artículos de la normativa, pero ésas son sólo suposiciones de algunos analistas.

Sea como sea, quince mil efectivos policiales y fiscales están esperando saber qué dice la magistrada. Organizaciones de derechos civiles, grupos pro inmigrantes, sindicatos y otras agrupaciones sociales también aguardan noticias y mientras tanto denuncian.“Detengan la ley racista de Arizona”, dicen los carteles que se agolpan en la autopista que lleva a Hollywood. Esa es una de las varias formas de repudio que los activistas diseñaron durante esta semana.

Si la republicana Brewer se sale con la suya, mañana será un día agitado en las calles. Los sindicatos de California llevarán micros con dirigentes y afiliados de Los Angeles a Phoenix, anunció Elena Durazo, de la Federación de Trabajadores del Condado de Los Angeles, uno de los gremios que organizan la manifestación. “No llevaremos papeles. Les haremos saber que vamos y les diremos: Arréstennos por ser marrones o negros, arréstennos por ser sospechosos”, dijo la dirigente sindical a la cadena CNN.

Las marchas no sólo serán en Arizona. La Red de Organización Nacional del Jornalero informó que otras 56 organizaciones adhirieron a una protesta contra la ley, que se celebrará en Phoenix y organizarán actividades similares en otros rincones de los Estados Unidos. Entre mañana y pasado, habrá movilizaciones en Illinois, Maryland, Indiana y Pensilvania. Desde que se aprobó la ley, en abril, varios boicots contra el estado sureño se llevaron a cabo.

Aunque todavía no entró en vigencia, los latinos, que son mayoría en Arizona, iniciaron una especie de éxodo forzado, como denunciaron algunas organizaciones de defensa de los inmigrantes. Desde la ONG Puentes repudiaron el acoso que sufren los inmigrantes en sus puestos de trabajo e informaron de casos en que fueron atacados a huevazos o naranjazos. “A veces cuando caminás en la calle se siente el odio”, dijo Alma Mendoza, referente de Puentes.

Paradójicamente, algunos latinos apoyan la norma promulgada por la gobernadora Brewer. La Asociación de Latinos Republicanos de Arizona manifestó su respaldo a la ley y se opone a los recursos presentados por la administración Obama. “Escupen ese discurso, de racismo, discriminación, de nazis y sólo intentan crear miedo entre el público”, provocó Jesse Hernández, integrante de la organización de latinos republicanos. “Los desafío a agarrar la ley y leerla y no creer en la retórica que viene de la izquierda”, dijo Hernández en defensa de la ley que criminaliza la inmigración y establece multa a los empleadores que contraten a indocumentados.

De acuerdo con un sondeo telefónico de Gallup, un 45 por ciento de los estadounidenses considera que la inmigración en el país debe disminuir. Aunque el año pasado esa misma encuesta había arrojado que la mitad de los norteamericanos estaba en contra de la inmigración. Obama viene llamando a reformar la ley migratoria para regularizar a los doce millones de indocumentados, pero no cuenta con suficiente apoyo en el Congreso. Para las próximas elecciones legislativas de noviembre, el presidente teme perder la simpatía de los hispanos si la Ley Arizona finalmente entra mañana en vigencia.