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Su discurso de la madrugada del lunes por cadena nacional sorprendió a los venezolanos, pero el presidente venezolano Hugo Chávez no hizo ninguna declaración sorprendente. En cambio, acusó a los líderes opositores de querer derrocarlo. Por su parte, las organizaciones civiles opositoras inauguraron ayer una campaña por el “Sí”, en el referendo de consulta contra Chávez que planean realizar en febrero sin la aprobación del gobierno, y hoy harán una marcha para explicar de qué se trata la nueva medida de fuerza, la “desobediencia tributaria”. La huelga general contra Chávez entró ayer en su día número 36. Pero mientras la industria petrolera, el sector más castigado por el paro, empieza a normalizarse, la oposición busca que la banca venezolana adhiera completamente al paro.
Unos mil chavistas marcharon ayer hasta la Fiscalía General de Caracas para pedir justicia por los dos muertos de los enfrentamientos del viernes pasado, cuando opositores y simpatizantes empezaron a agredirse y fueron reprimidos por las fuerzas militares. Acusan a la Policía Metropolitana de haber matado a balazos a dos personas y herido a 18 en los incidentes. Mientras, la oposición venezolana convocó para hoy una marcha por la “desobediencia tributaria”. Sin embargo, aún no sabe cómo implementar el cese de pago de impuestos como protesta contra el gobierno de Chávez.
Organizaciones civiles opositoras iniciaron ayer una campaña por el “Sí” en el referendo de consulta sobre el mandato de Chávez convocado para el 2 de febrero. “Si queremos un resultado contundente a favor del “sí” (a favor de destituir al presidente), tenemos que empezar a trabajar”, señaló Andrés Cova, de la organización Queremos Elegir. Cova dijo que la meta de la consulta es sacar más de los 3,8 millones de votos que logró Chávez en la última elección. La oposición presentó un millón y medio de firmas ante el Consejo Nacional Electoral para pedir un referendo consultivo en febrero. Pero el gobierno rechaza esta consulta porque la Constitución no sólo la prevé a partir de la mitad del mandato presidencial (que recién se cumpliría en agosto), sino que declara que ésta no es de carácter vinculante, o sea que no obligaría a Chávez a renunciar si éste es derrotado. Según una encuesta de la consultora venezolana Datanálisis, el 88 por ciento de los venezolanos quiere una consulta electoral mientras que el 72 por ciento pide que el gobierno negocie con la oposición una salida a la crisis. Pese a que el 70 por ciento rechaza a Chávez, el 60 por ciento está en contra de una intervención militar.
El lunes a la madrugada, Chávez se dirigió a los venezolanos en cadena nacional. No mencionó una salida del poder negociada, sino que se dedicó a fustigar a la oposición, a la que acusó de conspirar para derrocarlo. Llamó “criminales” a los gerentes que paralizaron la industria petrolera, pero aseguró que ésta se está reactivando. Consideró lo que está pasando en Venezuela como una “prueba de Dios” que le ayudó a “limpiar” a la empresa estatal Petróleos de Venezuela. Además, el presidente repudió la violencia del viernes y responsabilizó a la Policía Metropolitana por las muertes. El director de este cuerpo policial es el alcalde de Caracas y líder opositor Alfredo Peña, que criticó al gobierno por hacer acusaciones sin tener pruebas.
El gobierno venezolano amenazó con sancionar a los bancos privados que se sumen a la huelga general, luego de las presiones de la oposición para que lo hagan. “Si la banca hace paro, hay medidas concebidas por el gobierno para responder a los banqueros”, dijo el vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel. Hasta ahora, la banca nacional había tratado de conformar a oficialistas y opositores abriendo sus puertas en horario restringido.