Desde Lima

La guerra del gas ya ha dejado 18 heridos y 25 detenidos en el sur del Perú. Aunque el gobierno lo niega, los heridos recibieron disparos de perdigones y bala, algo que la Defensoría del Pueblo ha confirmado. Las protestas contra la exportación de gas, que se inició en junio de este año, estallaron el 27 de julio en el Cusco. La provincia cusqueña de La Convención, una importante zona agrícola donde se encuentran los yacimientos de gas que explota el Consorcio Camisea, que integra la petrolera argentina Pluspetrol, se encuentra en una huelga general desde hace doce días.

Los huelguistas rechazan la exportación de gas y exigen que se abra un diálogo con el gobierno, pero éste ha respondido decretando el estado de emergencia en la zona y acusando a los dirigentes de la paralización de “extremistas”, “violentistas”, e incluso de tener vínculos con el terrorismo, algo que no ha podido sustentar. La empresa ha denunciado que la población ha incendiado uno de sus campamentos e intentó tomar un aeródromo. “Gas o muerte, venceremos”, es una de las consignas escuchadas durante las marchas de protesta por las calles de Quillabamba, poblado de unos 60 mil habitantes, campesinos y pequeños comerciantes, que es la capital de La Convención, ubicada entre los Andes y la selva amazónica. Nativos de la Amazonia se han plegado a las protestas. Ellos rechazan la intención de la empresa de construir un ducto para llevar el gas a la costa a través de una reserva nacional considerada como un santuario por los pueblos indígenas.

El gobierno amenaza y advierte que solamente dialogará si antes se pone fin a la huelga del sur, y los huelguistas aseguran que no levantarán su protesta porque ya antes lo hicieron ante una promesa de diálogo del gobierno pero éste nunca se produjo. Monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal, viajó el viernes al Cusco para intentar romper el entrampamiento. El monseñor se reunió con cerca de un centenar de representantes de la población para buscar una tregua y el inicio de un diálogo entre los huelguistas y el gobierno.

Mientras en Quillabamba se negociaba una tregua, en la ciudad del Cusco los gremios sindicales preparan un paro de 48 horas para el próximo miércoles y jueves contra la exportación de gas, a lo que se suman demandas locales. “Todos saben que no se trata de todo o nada”, le dijo a Página/12 Manuel Dammert, coordinador del Foro Soberanía Energética, al ser preguntado sobre las posibilidades de un acuerdo para levantar la huelga del Sur. “Pero con este gobierno –advierte– nunca se sabe lo que puede pasar. En Bagua (donde murieron 34 personas durante una protesta de las comunidades indígenas amazónicas) todo estaba prácticamente solucionado y el asunto terminó en una matanza.” El ex diputado Manuel Dammert asegura que la protesta contra la exportación de gas ha cambiado el escenario político del país. “Se ha construido una mayoría política y ciudadana que rechaza la exportación de gas. Se ha asumido como una bandera nacional recuperar el gas. Eso es un cambio político en el país.”

En medio de la huelga, el gabinete ministerial fue al Congreso a defender la exportación de gas. El primer ministro, Javier Velásquez Quesquén, amenazó con renunciar si se daba marcha atrás con la exportación. “El gabinete fue a repetir mentiras, acusar a fantasmas y esconder las denuncias en contra de la exportación de gas”, señala Dammert.

Diversos expertos coinciden en que las reservas de gas, que llegan a 8,8 trillones de pies cúbicos (tcf), no alcanzan para cumplir con un compromiso de exportación de 4,2 tcf y abastecer el mercado interno. Aunque el gobierno niega el desabastecimiento interno, éste ya se siente entre las industrias y las empresas generadoras de electricidad. Que el gas para la exportación se venda a un precio varias veces menor que el pagado por los consumidores locales, es otro factor que enciende la protesta.