Los mapuches rechazaron ayer la mesa de diálogo anunciada por el gobierno chileno y afirmaron que no pondrán fin a la huelga de hambre que ya lleva 72 días. Desde la Concertación, criticaron la propuesta del presidente Sebastián Piñera, pero pidieron a los comuneros que depongan su medida.

“La mesa es sólo una maniobra comunicacional del gobierno para hacer creer a la opinión pública que están dispuestos a conversar”, dijo a una radio local Rodrigo Curipán, vocero de los huelguistas encarcelados en la ciudad sureña de Angol. Los familiares de los 34 mapuches en huelga de hambre también se sumaron a las críticas hacia La Moneda. “La oferta del gobierno no resuelve nada”, disparó Natividad Llanquileo, vocera de los presos que mantienen el ayuno en la cárcel de Concepción. “A nosotros el gobierno no nos ha invitado y por otra parte no nos interesa; lo que nos interesa es resolver la huelga. Creemos que ellos (el Ejecutivo) están jugando con la vida de los comuneros”, añadió. “Van a instalar su mesa de diálogo que no representa a nadie más que a ellos. Además, les interesa confundir a la opinión pública”, se quejó Llanquileo.

Por su parte, Erick Millán, vocero de los familiares de los presos mapuche en Temuco, denunció que el gobierno de Piñera intenta hacer ver que se soluciona el problema. “No hemos recibido ningún llamado, así que no vamos a sentarnos en la mesa”, le dijo el portavoz a la cadena Telesur. Millán anunció que la protesta seguirá hasta las últimas consecuencias, si no se les retiran los cargos a los comuneros por comisión de presuntos actos terroristas.

Durante las fiestas del bicentenario, el mandatario chileno anunció un diálogo amplio con las comunidades mapuches, que se iniciaría hoy en la ciudad de Temuco. La promesa oficial había sido dialogar y escuchar las demandas históricas de los pueblos originarios con respecto a la posesión de la tierra, la cultura y la integración social. Sin embargo, la oferta del presidente no incluyó ni a las organizaciones indígenas más radicalizadas ni a los representantes de los reclusos que llevan casi tres meses de huelga de hambre. Los mapuches encarcelados se consideran presos políticos y exigen que no se les aplique la denominada Ley Antiterrorista. Ese instrumento jurídico data de la dictadura pinochetista (1973-1990) y habilita el doble procesamiento ante tribunales civiles y militares.

La negativa de los mapuches se suma a las reacciones de repudio que se escucharon desde la Concertación. “Debe estar presente el Parlamento porque es el Poder Legislativo el que debe modificar los instrumentos legales correspondientes”, afirmó Domingo Namuncurá, ex director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). “Es fundamental que estén presentes los familiares y los abogados de los presos mapuches porque son los protagonistas directos”, reclamó Namuncurá en una conferencia de prensa de la que también participó el diputado Jorge Tarud.

El parlamentario del Partido por la Democracia reconoció que los indígenas ya lograron instalar el tema en la agenda nacional, pero que, a su juicio, deberían deponer la huelga de hambre. “Ese objetivo está absolutamente cumplido. Por lo tanto, seguir arriesgando sus vidas me parece innecesario y ningún chileno quiere que tengamos una persona que muera en estas circunstancias”, resaltó Tarud. Aunque no escatimó críticas a la estrategia de diálogo ensayada desde La Moneda. “Si sólo está el gobierno en la mesa, ésta sería una mesa coja. Mi llamado es para que incluyan a todos los sectores políticos”, se sumó al reclamo de su compañero de partido.

Namuncurá y Tarud reclamaron que se modifique el Código de Justicia Militar y la Ley Antiterrorista. El último 7 de septiembre, Piñera giró una iniciativa al Congreso para modificar la normativa. El Senado chileno aprobó el martes pasado el proyecto de ley por 35 votos a favor y dos abstenciones. Se prevé para hoy que traten el tema en la Cámara baja. Mientras tanto, en las filas del oficialismo hay quienes quedaron en evidencia. El vicepresidente de Renovación Nacional, Claudio Eguiluz, llamó a la Concertación a legislar por la gente y “no por un grupo de delincuentes en huelga de hambre”.