El cura Julio César Grassi, condenado en segunda instancia a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores, seguirá en libertad, porque así lo decidió ayer el Tribunal Oral 1 de Morón, que rechazó los pedidos de “inmediata detención” formulados por los fiscales del juicio y por dos de los abogados querellantes. En su fallo, los jueces del Tribunal Oral 1 sostuvieron que la sentencia todavía no está firme porque puede ser apelada y, en consecuencia, el caso no puede ser considerado “cosa juzgada”. De todos modos, el mismo tribunal modificó uno de los aspectos de su fallo anterior, en junio de 2009, que también dejó libre a Grassi. Ahora le impuso “la prohibición” de ingresar, solo o acompañado, a la Fundación Felices los Niños, tanto en su sede central de la localidad bonaerense de Hurlingham como en las dependencias que la entidad tiene en todo el país. Los jueces consideraron “plausible y prudente” establecer esa prohibición. Hasta ahora, Grassi podía visitar la fundación, en horario diurno, acompañado por “una persona de su confianza”. Los fiscales y los querellantes apelarán ante la Sala I de la Cámara de Garantías de Morón esta nueva negativa al pedido de detención.

El fiscal Alejandro Varela, que actuó junto con Carolina Rodríguez en el juicio oral contra Grassi, le dijo a Página/12 que en la resolución de los miembros del Tribunal Oral 1, Luis Andueza, Jorge Carrera y Mario Gómez, no hay “ninguna respuesta al planteo que hicimos en el sentido de que existe un peligro inminente de fuga”. Varela recordó que “este hombre (por Grassi) tiene 15 años de cárcel confirmados por Casación y existe un peligro de fuga porque hay antecedentes, como cuando se escapó de Canal 9 para evitar la primera detención. Ese peligro existe, más cuando hay una condena en segunda instancia a 15 años de prisión, que es una pena importante. Nosotros entendemos que hay un peligro de fuga inminente y decimos que fugarse del país es una cosa bastante simple”.

“Tampoco hay ninguna respuesta, en el fallo, a lo que planteamos respecto de que el hecho de dejar en libertad a Grassi es una medida que lesiona el principio de igualdad ante la ley, porque hay personas que, con penas menores confirmadas por Casación, hoy están presas”, aseguró el fiscal Varela. El representante del Ministerio Público resaltó que “ya son dos los tribunales que analizaron la prueba y que coincidieron en condenar a Grassi y aplicarle la misma cantidad de años. Las instancias que hay ahora sólo son recursos extraordinarios (ante la Suprema Corte bonaerense y ante la Corte Suprema nacional). Grassi tuvo dos instancias en las que quedó probado que no se violó su derecho a la defensa en juicio. Nos parece que esto tiene gravedad institucional porque el hecho de que Grassi esté libre genera un descrédito en la Justicia”.

El abogado Juan Pablo Gallego, que también había pedido la inmediata detención de Grassi en nombre del Comité de Seguimiento de la Convención Internacional por los Derechos del Niño, le dijo a este diario que “no hay argumento jurídico para mantener la libertad de Grassi. La pena tiene que ser de cumplimiento efectivo. Ya son dos los tribunales que llegaron a la noción de certeza sobre la culpabilidad de Grassi y hay que pensar que la condena es por pedofilia y está probado que los pedófilos son reincidentes en un ciento por ciento. No se rehabilitan y por esa razón, que Grassi esté libre representa un peligro para la sociedad”.

Sergio Piris, quien representó en el juicio a “Gabriel”, el chico por cuyo testimonio fue condenado Grassi, confirmó que “va a agotar todas las instancias de apelación” para insistir en la detención de Grassi. Jorge Calcagno, el abogado de “Luis”, caso por el que fue absuelto el sacerdote, dijo que con Grassi libre “no hay igualdad ante la ley” y comparó este caso con el del cura Héctor Pared o con el del músico bailantero Marcelo “Chelo” Torres, condenados por abusos sexuales que están cumpliendo su condena en forma efectiva. “A Pared lo condenaron a 25 años y quedó detenido en forma inmediata”, en primera instancia, mientras que Torres, al recibir la pena de tres años y ocho meses de prisión, “se fue esposado del Tribunal 6 de Morón”.

En su resolución de ayer, los jueces del Tribunal Oral 1 de Morón resolvieron que Grassi siga en libertad, pero en un intento de “mantener en un punto de equilibrio las condiciones emergentes del estado de inocencia ya consagrado y la necesidad de cobijar la guarda y derechos de los menores alojados en la Fundación Felices los Niños en toda su amplitud”, los magistrados le prohibieron a Grassi ingresar en la sede central de la entidad y en todas sus dependencias en el país.

Se dijo que “dada la peculiaridad de los hechos, la condición de ministro de un culto reconocido que reviste el imputado y la calidad de menores que poseen las personas albergadas” en la fundación, “el tribunal estima plausible y prudente, en este estado del proceso, disponer la prohibición a Julio César Grassi de todo ingreso al predio principal como a cualquiera de las dependencias” de la institución.

En cuanto al pedido de detención, el Tribunal Oral 1 sostuvo que a pesar del fallo de Casación que confirmó el fallo de primera instancia, el caso Grassi “no ha adquirido el carácter de cosa juzgada”. Por eso, ante “la falta de firmeza absoluta” del fallo, los jueces entienden que “la destrucción del estado de inocencia y el consecuente encierro efectivo del encausado sólo puede operar habiéndose agotado la totalidad de instancias ordinarias y extraordinarias con que la ley procesal y los pactos internacionales consagran el derecho del encausado a recurrir la sentencia adversa, oportunidad en la que cosa juzgada estabiliza las relaciones procesales, y habilita, recién allí, la eventual aprehensión del encausado”.