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Desde Ankara

En la década del ’80 como tantos países, entre ellos Argentina, Turquía volvió a reencontrarse con el horror. En un período de absoluto caos político, la noche del 12 de septiembre de 1980 a las 4 de la madrugada, los tanques y blindados de las descomunales fuerzas armadas rodeaban el Parlamento con la intención de derogar al Ejecutivo al que tachaban de “poco efectivo”. Durante los dos años posteriores, Kenan Evren y la junta militar se harían cargo de las riendas del país e impondrían “el orden” con mano de hierro.

Tres décadas después, la oficina de la Fiscalía de Ankara ha abierto una investigación formal con la intención de indagar sobre los hechos en los que el general Evren, y sus seguidores, el almirante de la marina Nejat Tümer y el general de la fuerza aérea Tahsin Sahinkaya, fueron protagonistas.

La investigación se desarrolla tras las numerosas denuncias presentadas ante los juzgados por la Asociación de Derechos Humanos (IHP), la Asociación de Derechos Humanos y Solidaridad para los Oprimidos (Mazlumder), la plataforma Yeter Degil Ama “Evet” (No es Suficiente Pero “Sí”, en referencia a el referéndum constitucional), y el partido pro-kurdo Baris ve Demokrasi Partisi (BDP), junto con algunas víctimas y torturados de la represión.

Tras el “sí” en referéndum constitucional del pasado domingo 12 de septiembre, planteado por el gobierno del partido de corte islamista moderado AKP (Partido para la Justicia y el Desarrollo), encabezado por el premier Recep Tayyip Erdogan, se ha materializado una de las partes prometidas de las enmiendas: la abolición del artículo provisional 15 que hasta ahora ha garantizado la impunidad a los golpistas.

Por esta razón, la fiscalía tiene las manos libres para atender a las más de veinte denuncias presentadas contra Evren y sus colaboradores, por lo que se espera que tras el preámbulo de investigaciones, los fiscales decidan si se dan las condiciones legales para presentar cargos o por el contrario declaran el caso fuera de jurisdicción, archivando así la causa hasta que las reformas legales permitan su reapertura.

Fuentes del diario oficialista Today’s Zaman señalaban el pasado viernes que en relación con este caso, algunos expertos en derecho consideran que las limitaciones del derecho turco, el estatuto legal de los golpistas y las amnistías otorgadas a varios activistas opositores durante las últimos tres décadas “hacen imposible llevar a Evren y a sus colaboradores a juicio”. Según señalaba el diario, los abogados de las asociaciones de derechos humanos opinan de forma contraria, asegurando que tras la abolición del artículo 15 “ningún beneficio legal podrá ser aplicado para proteger a los golpistas”.

Preguntada por esta cuestión, la abogada turca y experta en cuestiones legislativas Merve Macuncu comentó: “Nadie tiene el derecho legal para llevar a Kenan Evren a juicio. En la ley turca, pasado un tiempo ciertos delitos prescriben y además las nuevas leyes no tienen aplicación sobre hechos previos a la aprobación de la misma”. “Por otro lado, si se modifican las pertinentes ordenanzas, llevarlos a juicio (a los militares golpistas) será perfectamente posible”, añade la abogada.

En los días previos al referéndum, Kenan Evren ya advirtió que “estaba dispuesto a cometer suicidio si intentaban juzgarlo” ya que según opina el ex militar, la Constitución del ’82 “es legítima porque fue aprobada en referéndum con un 90 por ciento favorable”.

En esta línea, Evren aseguró “no entender por qué los mismos ciudadanos que en 1982 aprobaron la Constitución pretenden juzgarlo ahora”.

Según los datos facilitados por las principales asociaciones de derechos humanos turcas durante los años del golpe, cuando los militares llevaron a consultas su nueva Constitución, “no existían garantías democráticas, unas 150.000 personas fueron arrestadas, prácticamente todos los sindicatos y partidos políticos, junto con varios medios de comunicación, fueron cerrados. Muchos activistas, de izquierda, religiosos y kurdos que se oponían al proceso militar fueron condenados a muerte y ejecutados”. (Los mejores ejemplos son activistas como Deniz Geçmiz, Mahir Cayan, Huseyin Inan, Ibrahim Kaypakkaya y otro tantos.)

De acuerdo con la opinión de Tolga Bilener, experto en política turca e investigador en el Departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad de Galatasaray, “prácticamente todos los partidos políticos están de acuerdo con el hecho de que la Constitución de 1982 es incompatible con las directrices establecidas por instituciones como la Unión Europea”. En este sentido los cambios llevados a cabo en la Carta Magna, entre otras cosas, podrían contribuir al menos a dar los primeros pasos para juzgar a los militares golpistas, repudiados también por el principal partido en la oposición, el Partido Popular Republicano (CHP).

La batalla legal no ha hecho más que comenzar.