Los teléfonos de Piedad Córdoba hervían después de mediodía. La senadora, liberal, opositora, negra, bravucona, promotora del canje humanitario, nunca respondió el móvil; no le cabían más mensajes en la contestadora y Elvira, la secretaria de su despacho en el Congreso, apenas podía decir: “No sé nada; tiene apagado el celular”. Al otro lado de la capital, la parlamentaria andaba encerrada con un grupo de abogados discutiendo el camino a seguir después del fallo de la Procuraduría que la destituyó e inhabilitó de cargos públicos por 18 años. “Colaborar y promover” a la guerrilla de las FARC, según pruebas encontradas en la laptop del desaparecido líder rebelde Raúl Reyes, es la acusación del ministerio público. Ayer, las bancadas uribistas pidieron el cargo de Piedad en el Congreso, presidenta de la Comisión Accidental de Paz del Senado.

La noticia le llegó durante su aterrizaje en Bogotá, cuando regresó de una gira por Europa en la que adelantaba gestiones humanitarias. Reporteros locales e internacionales esperaban el avión de Córdoba para conocer su reacción por el fallo que, según dijo su abogado, tiene mucho de “sevicia”. “Es una sanción sin precedentes en la historia de Colombia y se nota cierta sevicia del operador judicial, como quiera que la senadora le tiene denuncias también al señor procurador”, manifestó Ciro Quiroz, defensor de Piedad. En la red social Twitter, la política dijo: “Tranquilos, Piedad inocente”. Hoy se espera que explique su postura en la comisión quinta del Senado, donde interviene en la mañana.

Un recurso de reposición, una acción de tutela o una solicitud de nulidad del fallo eran las opciones que, al cierre de esta edición, se especuló que podía tomar la opositora, con frecuencia víctima de hostigamientos por parte de un sector de colombianos que la tildan de tener vínculos ilegales con la guerrilla. Ayer, por primera vez, fue “oficial” un proceso en su contra por estos señalamientos. Sin embargo, entre organizaciones sociales, humanitarias, defensores de derechos humanos y promotores del intercambio humanitario, y un amplio sector de ciudadanos, Piedad Córdoba es símbolo de paz; se la reconoce como una política aguerrida y gestora humanitaria que ha luchado por la libertad de los secuestrados. Córdoba es abogada y, desde 1994, senadora de Colombia. Su reconocimiento ha ido en ascenso en los últimos años, en especial por tratarse de una de las principales opositoras al gobierno de derecha de Alvaro Uribe, que la autorizó para buscar la liberación exitosa de civiles, militares y policías en poder de la guerrilla de las FARC. Ex secuestrados y familiares de secuestradores condenaron fuertemente la medida dirigida contra Piedad. Que no hay justicia en este caso, opinó Asfamipaz. Marleny Orjuela, su presidenta, dijo que “ella nos ha venido apoyando no con verbo sino con hechos. En nuestro concepto, ha dejado de haber justicia en el caso de ella, esperamos que haya justicia para Piedad Córdoba, que ha apoyado con hechos su lucha por la libertad”.

Recientemente, se conocieron pruebas de que Piedad Córdoba también es víctima de seguimientos ilegales, interceptación de llamadas e infiltración entre su escolta, por parte de la agencia de inteligencia del Estado, el Departamento Administrativo de Seguridad (Das). Para muchos el fallo contra la senadora es producto de la persecución a la oposición que se vive desde el gobierno de Uribe. Pedro Santana, director de la Corporación Viva la Ciudadanía, es uno de los líderes de opinión que se pregunta por qué el procurador general falla contra Piedad Córdoba al tiempo que archiva los procesos contra políticos investigados por vínculos con grupos paramilitares. “Hay que revisar el conjunto de los expedientes en los cuales el procurador se ha manifestado a favor de los parapolíticos. Es una vergüenza para el país”, le dijo Santana a este diario. “¿Qué ha dicho el procurador en relación con Guillermo León Valencia (hermano del ministro de Interior de Uribe), que está acusado ante a la Corte Suprema de Justicia de ser uno de los auxiliadores de Don Mario y los grupos paramilitares en Antioquia?”, cuestiona el investigador. Senadores, ex gobernadores e importantes caciques políticos del país firmaron un pacto con los ilegales paras de extrema derecha para “refundar la patria”, lo que estalló como el escándalo de la “parapolítica”. La “farcpolítica” fue el nombre que recibió el proceso emprendido contra Córdoba a raíz de conversaciones encontradas en archivos de Raúl Reyes. Allí, según aseguró el gobierno colombiano, Piedad aparecía con el alias de Teodora como enlace de la guerrilla. Soy inocente, dice la senadora en su Twitter. En abril, la Procuraduría presentó pliego de cargos contra Piedad Córdoba por “haber colaborado y promovido presuntamente al grupo ilegal insurgente de las FARC” y “por haber realizado presuntamente actos tendientes al fraccionamiento de la unidad nacional”. En el fallo de ayer, la Procuraduría “sancionó disciplinariamente a la actual senadora Piedad Esneda Córdoba Ruiz con destitución e inhabilidad por el término de 18 años por haber promocionado y colaborado con el grupo al margen de la ley FARC”. Con ello, Piedad no podría desempeñarse más como líder de la comisión de paz, desde donde ha insistido en debatir públicamente las relaciones con mafias y paramilitarismo en los actuales conflictos del país, en zonas como Medellín u otras áreas rurales apartadas de las ciudades donde la violencia va en aumento, a pesar de la política de seguridad democrática.