El edificio de la Corte de Assise, en Roma, es un bloque cuadrado marrón con ventanas pequeñas donde abogados y fiscales todavía usan toga. En la puerta había ayer una protesta, una persona con una bandera italiana gritaba a toda voz contra los jueces o contra algún juez. Adentro, la burocracia seguía su curso. Pero en una sala del primer piso se juzgaban crímenes cometidos hace más de treinta años del otro lado del Atlántico. El cubículo de vidrio reservado para los acusados estaba vacío, a la espera del dictador Emilio Eduardo Massera. El proceso en Italia es el único que se está llevando a cabo en todo el mundo contra el máximo responsable de la Escuela de Mecánica de la Armada.

A la sala de audiencias del primer piso de la Corte de Assise entró ayer como testigo Ramón Torres Molina, presidente del Archivo Nacional de la Memoria, ex preso político, ex fiscal y ex abogado de Abuelas de Plaza de Mayo. Llevaba dos documentos: la orden 404 con la que el Ejército organizó el país para la represión y el Placintara, que de forma específica prevé las funciones que iba a desarrollar la Armada durante el terrorismo de Estado. Allí se nombra a once grupos de tareas de la Marina, uno de ellos a la orden directa del comandante de Operaciones Navales, Luis María Mendía, que a su vez dependía directamente del comandante en jefe de la Armada, es decir, Massera.

Massera está siendo juzgado por la desaparición de tres ciudadanos italianos: Juan Pegoraro y su hija Susana, que estaba embarazada y tuvo una niña en la ESMA, y Angela María Aietta de Gullo. En Argentina, la Justicia consideró que, debido a su estado de salud, el represor no estaba en condiciones de afrontar un proceso judicial. Por ese motivo fueron suspendidas las acusaciones que tenía tanto en la megacausa por los crímenes cometidos en la ESMA como en el plan sistemático para apropiarse de hijos de desaparecidos. La Justicia italiana mandó a su propio perito y Piero Rocchini alertó sobre la simulación del ex almirante. No fue suficiente para que los médicos autóctonos cambiaran de parecer, pero sí para que al menos un juicio contra Massera quedara en pie.

A Torres Molina lo escucharon ayer dos jueces y seis jurados populares, a los que una banda con los colores italianos les atravesaba el torso. Conducían la declaración el fiscal Francesco Caporale y los abogados de las víctimas Marcelo Gentili y Giancarlo Maniga. El público se componía de Eduardo Varela, encargado de negocios de la embajada argentina en Roma; Marina Mantecon, la funcionaria de la representación argentina que se ocupa de los temas vinculados con los derechos humanos; el padre Antonio Dell’Olio, de la organización antimafia Líbera, y la hermana Geneviève, sobrina de la monja francesa secuestrada en la ESMA Léonie Duquet.

Los magistrados insistieron sobre las vinculaciones de Massera con la ESMA. Es que el ex marino Adolfo Scilingo declaró en esta causa y aseguró que el centro de detención, tortura y muerte emblemático de la Armada era controlado por el represor Guillermo Suárez Mason como comandante del Primer Cuerpo del Ejército.

El presidente del Archivo Nacional de la Memoria mencionó una lista de ex detenidos-desaparecidos que habían visto a Massera en la ESMA y explicó que hay numerosos testimonios que cuentan que el Almirante Cero fue a “festejar” la Navidad de 1977 en la ESMA y que también fue visto en el lugar cuando fue a entregar las condecoraciones a los miembros del grupo de tareas que dependía de él. Mencionó también que el represor, aun cuando dejó de ser comandante en jefe de la Armada, mantenía el poder de decisión sobre los secuestrados en la ESMA. El uso de mano de obra esclava o de detenidos bajo libertad vigilada para el proyecto político que intentó poner en marcha luego, aseguró, es una prueba del dominio y la autoridad que seguía teniendo.