La tensión empezó a crecer hace dos semanas con las réplicas oficiales al fallo de la Corte Suprema que denunció al gobernador de Santa Cruz por incumplir la orden de reponer al ex procurador Eduardo Sosa. En el tribunal el malestar inicial fue por dentro, pero llegó a un punto crítico después de los tweets de Cristina Kirchner –desde Nueva York– criticando al Poder Judicial, por los fallos favorables al Grupo Clarín, y los reproches de Néstor Kirchner dirigidos a los supremos como parte de su reclamo de “Justicia independiente no sólo del poder político” sino de los “factores económicos”. La Corte decidió cantar retruco y para eso eligió denunciar ayer a través de su Centro de Información Judicial (CIJ) que “el Poder Ejecutivo” le “recortó casi 40 por ciento del presupuesto” –respecto de lo que había solicitado– y que eso le “impide la proyección y realización de las acciones necesarias para el fiel cumplimiento” de sus “políticas de Estado”.

El recorte al que alude la Corte surge de la diferencia entre lo que pidió como presupuesto para el año próximo y el proyecto que finalmente envió el Gobierno al Congreso. Al tribunal se le asignaron 918 millones de pesos, pero había pedido 355 más. La diferencia se acerca al 40 por ciento. Aun así, la cifra es mayor a la que tuvieron al arrancar el 2010: 745 millones, que fue el presupuesto para gastos. Para el Consejo de la Magistratura, señala el CIJ, “la reducción” es de 423 millones de pesos, un 12 por ciento. En el cálculo global, el Ejecutivo asignó 4572 millones pesos al Poder Judicial, es decir 778 millones menos (17 por ciento) que lo requerido. Expertos de la administración suprema le explicaron a Página/12 que “van a quedar afectados los créditos destinadas al proyecto de informatización, las obras en la biblioteca de tribunales, el archivo general, la Oficina de la Mujer y la refacción del Palacio de Tribunales”. Sólo se podrán utilizar esas partidas si consiguen autorización de la Jefatura de Gabinete. Contra esa “dependencia” justamente la Corte elevó un proyecto de ley de autonomía financiera hace unos días, anunciado con fanfarrias en la Conferencia Nacional de Jueces.

El portal del CIJ –de la Corte– publica novedades sobre causas judiciales y a veces asuntos de política judicial que le interesan, por ejemplo, a la Asociación de Magistrados. Ayer tituló con un enfado evidente y afirmó que el tribunal se verá impedido de concretar “el fiel cumplimiento de las políticas de Estado fijadas para el Poder Judicial”, como la independencia, el acceso a la justicia y la celeridad. “Se puede concluir –agregaba– que el Poder Judicial, en especial la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sufre la inmovilización de sus recursos para poder generar el superávit del Presupuesto Nacional.” Según”ilustran” en la administración del tribunal, en una por lo menos forzada comparación, casi el 38 por ciento del superávit del presupuesto nacional (de 1500 millones de pesos) de este año lo aporta el Poder Judicial. De acuerdo a las cuentas de los supremos, el presupuesto de la Corte representa un 0,25 por ciento del Presupuesto Nacional y “aporta” el 25,3 por ciento del superávit.

El proyecto de presupuesto fue enviado por el Ejecutivo al Congreso el 15 de septiembre. En la Corte saben que siempre les dan menos de lo que piden, pero “esta vez el recorte fue mayor”, dicen algunos jueces, que entrevieron “algo sintomático justo cuando en el Gobierno están tan enojados” por el fallo de hace dos semanas contra el gobernador santacruceño Daniel Peralta, y por el que dispuso la extradición del ex guerrillero chileno Sergio Galvarino Apablaza Guerra. “Lo del presupuesto es más que un apriete, es un daño”, se quejó un alto funcionario supremo.

En el Gobierno rechazan la teoría de la represalia y los funcionarios que más conocen de números advierten que “la Corte viene creciendo en presupuesto en los últimos siete años y no se le está recortando el gasto corriente”. Hechas las aclaraciones, nadie oculta el encono con Sus Señorías.

El fallo de un juez platense que suspendió la caducidad de la licencia de Fibertel desató la ironía de la Presidenta, que escribió en Twi-tter: “Es como si tuviéramos una Justicia para El Monopolio y otra para el resto de la sociedad, sea empresas o ciudadanos”. El ex presidente Kirchner subió la apuesta. “Todo el mundo sabe, es público, que hubo una reunión entre el señor (Héctor) Magnetto y la Corte y no quiero pensar mal de esa reunión, pero es hora de que la Justicia, de una vez por todas, se consolide como un poder independiente”, advirtió.

El matrimonio Kirchner se anticipa a uno de los fallos pendientes de la Corte sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: debe definir si –tal como fallaron jueces inferiores– el Grupo Clarín sigue eximido por una medida cautelar de la cláusula de desinversión que estableció la nueva norma. El titular de la Autoridad Federal, Gabriel Mariotto, resumió en términos políticos su enfoque de la situación: “La Corte tiene la posibilidad de ser una Corte de la democracia o una Corte de los monopolios”. El tribunal se expidió una única vez sobre la ley de medios, para decir que no se la podía suspender con efectos generales a pedido de un diputado. Hoy a la tarde una marcha en Plaza Lavalle (ver nota aparte en esta sección) pedirá la plena aplicación de la ley.

Los supremos se reunirán por la mañana en su plenario habitual y prometen hablar más de la cuestión del presupuesto que de la ley de medios, pero eso está por verse.