Piedad Córdoba es negra, liberal, opositora del gobierno colombiano de derecha y, hasta hace un mes, fue una de las más controvertidas senadoras. Por fallo del procurador general de la nación –también de derecha–, Córdoba fue destituida de su banca en el Congreso e inhabilitada para aspirar a otros cargos públicos en los próximos 18 años. Ayer, para “desagraviarla” de ese “brutal atropello”, la guerrilla de las FARC anunció que liberará a cinco secuestrados, que deberá ser Córdoba quien los reciba y que espera que el gobierno de Juan Manuel Santos ofrezca las garantías para volver a la libertad a dos militares, un policía y dos políticos.

Las familias de los secuestrados ya están celebrando la noticia. Esperan la llegada de sus queridos para festejar la Navidad juntos después de hasta ocho años de ausencia. “Ojalá que el gobierno le dé la autorización a doña Piedad para que ella pueda seguir adelante con los trámites de la liberación de mi esposo y de los demás secuestrados”, dijo Angélica López al diario El Tiempo de Bogotá. La señora López está casada con Salín Sanmiguel, cabo del ejército que espera tener fuera de la selva junto al mayor de la policía Guillermo Solórzano, al infante de marina Henry López Martínez, y a Marcos Vaquero y Armando Acuña, secuestrados cuando se desempeñaban como presidentes de los concejos municipales de San José del Guaviare y Garzón, dos poblaciones con fuerte presencia insurgente.

“Superfeliz”, “no quepo de la dicha”, “Dios nos escuchó”, palabras optimistas de colombianos que por décadas perdieron la vida de sus seres queridos a causa del secuestro. Esta, sin embargo, no parece una liberación cualquiera. A simple vista, las condiciones para entregar los cinco rehenes a Piedad Córdoba no están claras y, hasta el cierre de esta edición, el gobierno colombiano no publicó si la autorizaba para la tarea humanitaria. Piedad, que en años anteriores gestionó la liberación de una docena de rehenes de esa guerrilla, tiene ahora por delante una de sus más complejas tareas humanitarias. La “Negra” ya no es congresista, se la considera –según el fallo del procurador– aliada política y estratega de las FARC, que a su vez son señaladas como terroristas por la Unión Europea y Estados Unidos. Y aunque el rechazo por su destitución ha sido amplio, internacional y fuerte, hoy por hoy vive una muerte política y hasta podría ir a la cárcel.

Del otro lado, o en la misma vía, Piedad Córdoba es una de las perseguidas por el saliente presidente Alvaro Uribe Vélez, que este año le heredó el poder a Juan Manuel Santos. Según testigos del proceso judicial conocido como las “chuzadas del DAS”, por orden del secretario de Uribe y sus más cercanos asesores, Piedad Córdoba fue espiada ilegalmente. Se sabe ya que sus conversaciones fueron interceptadas y sus carros ultraseguros tenían micrófonos espías por todos lados. Al igual que ella, otros opositores como Gustavo Petro, periodistas, defensores de derechos humanos y magistrados fueron perseguidos por la agencia de inteligencia de Uribe, Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Luego vino la destitución de la ex congresista y la huida a Panamá, bajo la figura de asilo y por consejo del mismo Uribe, de María del Pilar Hurtado, ex directora del DAS investigada por la Fiscalía como una de las responsables de las escuchas ilegales. Y ayer llegó el anuncio del “gesto de humanidad y de desagravio a la senadora de la paz” de parte de la guerrilla.

En carta dirigida a Piedad Córdoba, las FARC señalan que “la decisión del procurador Alejandro Ordóñez es un verdadero esperpento jurídico y político, originado en la presión enfermiza, el odio y la retaliación del ex presidente Uribe, jefe indiscutible, impune hasta ahora, del paramilitarismo y la parapolítica en Colombia”. Según los rebeldes, “constituye una paradoja que los funcionarios delincuentes que la espiaban para incriminarla, ahora huyan hacia el exterior intentando burlar la acción de la Justicia”. Según la misiva, los insurgentes consideran la destitución de Córdoba como “la absurda criminalización de la búsqueda de la solución política del conflicto”. Y dicen que “no puede haber FARC-política, porque nunca nos hemos orientado votar por Córdoba. No hemos participado en debates electorales desde que la intransigencia oligárquica del país masacrara a la Unión Patriótica”.