Desde Santiago

A las 5.48 de ayer, la central de alarma de la división sur del Cuerpo de Bomberos de Santiago recibió un llamado de alerta distinto a los muchos otros telefonazos de cada jornada. La comunicación provenía de la cárcel de San Miguel, una de las comunas más populosas de esta capital; al otro lado de la línea, y a través de un celular, un interno encendía literalmente las alarmas: “Se está quemando el penal”, dijo la angustiada voz.

Esta historia narrada por un bombero –aún no confirmada de manera oficial– continuó un minuto después, cuando se ratificó con gendarmería (policía carcelaria) que efectivamente había fuego en el lugar. Diez minutos más tarde llegó el primer carro-bomba que se encontró con un espectáculo dantesco: el incendio más grande en la historia carcelaria chilena y que hasta ahora quitó la vida a 81 reclusos y dejó más de 15 heridos.

De ellos, una decena no superaba los 25 años. La mayoría cumplía condenas por robo con intimidación, robo en lugar habitado, robo con violencia, homicidio, violación y tenencia ilegal de armas, junto a algunos “primerizos”. Todos hacinados ahí, en el fatídico cuarto piso de la Torre 5, apretaditos, como en una madriguera mísera y maloliente que no discrimina entre reincidentes o los que pueden y quieren reinsertarse. Todos conviviendo con la mugre y la violencia.

Ahí estaba también Bastian Arriagada, de 21 años, purgando una pena de 61 días de presidio por vivir del pirateo de música y películas. Trabajo informal, por cierto, que en Chile mantiene a muchas familias y que ayuda a bajar los niveles oficiales de desempleo que se entregan mes a mes con mayor o menor pompa, dependiendo de si la flechita del índice es roja o azul.

Los primeros bomberos en arribar al penal describieron la situación como dramática, debido al fuego violento. Además se tuvo que forzar candados y rejas para ingresar a la zona del foco principal. Esa temeraria labor permitió evacuar a 64 internos, informó el comandante de esa división, José Sánchez. El resto murió calcinado y asfixiado.

Las pericias iniciales, según trascendió, indican que el siniestro se originó por culpa de un balón de gas con manguera usado por los internos como lanzallamas en una riña interna a causa de disputas territoriales y privilegios (el uso del celular por parte de jefes de carteles es común en los penales chilenos). Sin embargo, uno de los internos de la Torre 4, cercana a la zona siniestrada, dijo a Radio Cooperativa que esa versión sólo busca “bajar el perfil a lo sucedido”.

Explicó que la relación entre los uniformados y los reclusos es muy mala, lo que demoró las labores de socorro. “Como a las cinco de la mañana comenzaron a pedir ayuda, pero los funcionarios decían ‘quémense hijos de perra, muéranse’, no les interesaba nada, se murieron las personas porque gendarmería no prestó el apoyo necesario”, declaró el preso, que prefirió no dar su nombre. Dijo también que entre las 17 y las 5 “aquí es otro mundo”, porque no hay funcionarios de gendarmería.

La cárcel de San Miguel está diseñada para unas 800 personas; no obstante, la población penal hasta el martes era de 1900 reclusos, hacinamiento que se repite a lo largo del país, amplificado por el terremoto de febrero.

Este suceso, que enluta otra vez a Chile, reabrió un debate que de tarde en tarde vuelve a la agenda: la precariedad del sistema penal chileno.

El primero en hablar fue el presidente, Sebastián Piñera, quien de entrada anunció la posibilidad de construir cárceles modulares para terminar con el hacinamiento.

“Este problema se arrastra desde hace décadas y fue una de las primeras preocupaciones que enfrentó nuestro gobierno. En marzo hicimos un diagnóstico y tenemos en promedio una sobrepoblación del 70 por ciento, que en algunos casos alcanza más del 200”, explicó.

En ese sentido, recordó que su gobierno dio a conocer una serie de medidas al respecto. “Estamos estudiando traer cárceles modulares, para disminuir la sobrepoblación, el hacinamiento que afecta a nuestros recintos penales y mejorar la calidad de vida de los presos. Este accidente nos señala que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para que en Chile tengamos un sistema carcelario digno de seres humanos y que además no transforme a nuestras cárceles en universidades del delito.”

Piñera también salió al paso de las críticas por la demora de la ayuda. “La cárcel ardió en tres o cuatro minutos. Tanto el llamado a las ambulancias como a bomberos se hicieron en forma oportuna y, por tanto, esa versión de que durante horas no se habría llamado a bomberos o ambulancias, de acuerdo con nuestra información, es incorrecta.” Aseguró, no obstante, que “se van a perseguir todas las responsabilidades para determinar negligencias y errores”.

Otra tarea dura será el reconocimiento de cadáveres. El intendente de Santiago, Fernando Echeverría, dijo anoche que existen al menos 50 cuerpos no identificados y que ya se informó a los familiares de los que perecieron.

Este escenario trajo a colación viejas recriminaciones por lo no hecho en los 20 años de gobierno de la Concertación o la oportuna, o no, acción de las autoridades actuales.

El presidente de la opositora Democracia Cristiana (DC), Ignacio Walker, instó a la administración de Piñera a “no actuar con pequeñez”, procurando sacar provecho político electoral al endosarle la responsabilidad a gobiernos anteriores.

“Nosotros podríamos decir que en 1990 (cuando volvió la democracia) encontramos un sistema penitenciario completamente colapsado, como era el caso, pero no hemos actuado así y, antes bien, hemos asumido nuestra propia responsabilidad en reconstruir el sistema, a pesar de las deficiencias que aún subsisten”, dijo.

Walker destacó que durante el gobierno de Michelle Bachelet “se aprobó la ley para aumentar la planta de gendarmería, creciendo 56 por ciento”.

El DC emplazó además al gobierno a acelerar proyectos en materia carcelaria, iniciados por la Concertación. “Exigimos del gobierno abandonar su pasividad en esta materia y llevar adelante estos proyectos”, concluyó.

Desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), uno de los partidos de derecha que sustentan al gobierno, su secretario general, Víctor Pérez, sostuvo que “con los gobiernos de la Concertación no sólo no se avanzó en este tema sino que tuvimos un retroceso. Sólo quiero recordar que el plan carcelario del ex presidente Ricardo Lagos terminó con un escándalo de malos manejos y frenó todo el proceso. Este gobierno no sólo tiene la oportunidad sino que tiene la responsabilidad de hacerse cargo de este tema, construyendo nuevos recintos carcelarios”, sentenció.

A su turno, el senador Guido Girardi, del opositor partido PPD, también responsabilizó de la tragedia al Estado chileno. “Este accidente expresa y demuestra que en Chile, en materia carcelaria, se violan los derechos humanos. Puede que exista un incendio, es posible, pero lo que es inaceptable es que no exista un plan de contingencia y que mueran personas que están a cargo del Estado”, dijo Girardi.

Este hecho cierra un año negro para Chile, que se suma a la seguidilla de tragedias que ha vivido el país. El terremoto, accidentes carreteros con numerosos fallecidos y el derrumbe de la mina San José, entre otros.