Cientos de presos iniciaron un motín en la cárcel de San Miguel en Chile, que luego fue controlado, donde el miércoles murieron 81 reclusos calcinados en un incendio. Mientras se seguía identificando a las víctimas –hay identificadas 56–, comenzaba la transmisión por televisión del motín. La Corte Suprema alertó que la situación carcelaria del país “es una bomba de tiempo”.

Luego de una hora y media de escaramuzas, habló el director de la policía de prisiones, Luis Masferrer. “Los funcionarios de Gendarmería lograron controlar la situación”, dijo sin ratificar el número de heridos. Los detenidos prendieron fuego a las celdas en varias torres del penal de San Miguel, en protesta por el traslado de 35 internos a otro centro de reclusión de la capital. El motín, que motivó la movilización de ambulancias, bomberos y comandos antimotines, ocurrió en los mismos momentos en que ingresó a la cárcel Masferrer.

Decenas de familiares de los presos, que a la misma hora realizaban un acto en memoria de los muertos esta semana, presenciaron desde las calles aledañas los incidentes con velas en las manos y algunos rezando.

Otros intentaron entrar al recinto y comenzaron a golpear con piedras las rejas que cercan el penal. “Queremos saber qué pasa adentro”, clamaron varias mujeres con sus niños.

Ante la crisis, comandos antimotines cercaron rápidamente el perímetro del presidio, adonde llegaron en minutos un millar de familiares y amigos de los reos, además de cinco ambulancias que ingresaron directamente a la prisión. “Están protestando porque los iban a trasladar (...) ellos están quemando colchonetas”, dijo un hombre que salió del penal y se identificó como dirigente de los familiares de los reclusos. Varios presos, llamando a los medios por teléfono celular desde el interior de la cárcel, describieron enfrentamientos con la guardia de prisiones.

Un informe de la Corte Suprema previó que Chile necesita construir una cárcel por año, sólo para mantener la actual situación de hacinamiento. Paralelamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó un “llamado urgente” al Estado chileno para que investigue “debidamente” los hechos y “evite su repetición”.

El gobierno de Sebastián Piñera, en medio de críticas de la oposición, recordó que este año propuso un plan de once puntos para mejorar la situación carcelaria.