Desde Santiago

La muerte de dos jóvenes mujeres la noche del martes en Punta Arenas, atropelladas mientras protestaban por las alzas energéticas anunciadas por la estatal Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) –y ratificada por La Moneda– es el epílogo trágico de una historia que, paradójicamente, entre menos gas, más se enciende.

Esto a pesar de que el gobierno, desde el presidente Sebastián Piñera hacia abajo, ha llamado a la calma, al diálogo y a protestar pacíficamente a los habitantes de la región y a la Asamblea Ciudadana de Magallanes, entidad que ha coordinado las masivas movilizaciones en la zona y que hasta hoy mantienen bloqueadas carreteras y el aeropuerto.

Sin embargo, para los australes, el tema del gas es casi de vida o muerte dada las condiciones geográficas de la zona. Entonces, el alza de 16,8 por ciento oficializada para el hidrocarburo fue un golpe duro, más si el propio mandatario chileno, cuando estaba en campaña el año pasado, les había asegurado a los habitantes que los precios mantendrían un carácter preferencial. La explicación técnica, por muy bonita que suene, no los convenció.

Hoy por hoy en Magallanes hay un solo bando. Lo del gas no es una disputa política en la que flamean distintas banderas, es el convencimiento transversal de que se les jugó chueco. Eso es lo que complica aún más a La Moneda, que respalda los argumentos esgrimidos por la ENAP –cuyo directorio está conformado, entre otros, por el presidenciable ministro de Minería, Laurence Golborne–, pero que sabe que el efecto político puede ser nefasto, en una zona donde, si bien Piñera ganó con un 54 por ciento, también es cierto que salvo esa excepción desde el retorno de la democracia siempre había favorecido a la Concertación.

De hecho, los cuatro parlamentarios regionales actualmente en ejercicio no pertenecen a partidos de gobierno y son considerados una fuerza regionalista muy poderosa. Es más, varios legisladores oficialistas de otras zonas se han sumado a las críticas por el manejo del conflicto.

El martes, horas antes de la muerte de las mujeres, una reunión de más de seis horas entre los alcaldes de Punta Arenas y Puerto Natales, la intendenta regional y el subsecretario del Interior, fracasó rotundamente. Vladimiro Mimica, edil de Punta Arenas, sostuvo que la negativa del gobierno de aplazar o flexibilizar las alzas frenó las tratativas.

Los alcaldes habrían pedido una prórroga indefinida de la medida, que debería comenzar el 1º de febrero. El gobierno lo rechazó, al considerarlo que decir sí era dar marcha atrás.

Tras ello, la gente salió a las calles, encendió barricadas y elevó banderas negras. Horas antes, el poderoso gremio camionero tomaba el puerto de la ciudad, apoyado por los taxistas y colectiveros. A eso de la medianoche hubo saqueos y desmanes. Si bien estos hechos son atribuibles al lumpen y se contraponen al carácter pacífico de los magallánicos, el grado de violencia en algunos sectores dejó claro que la cosa va en serio.

Respecto de los desmanes, el alcalde de Punta Arenas, Vladimiro Mimica, dijo que “este nivel de violencia no lo vimos ni siquiera en los peores momentos de la dictadura”. Las muertes del martes y la efervescencia nacional por los hechos abrieron ayer las portadas de la prensa nacional. Atento a ello, la ministra Ena Von Baer afirmó que el gobierno está abierto a “flexibilizar” el aumento del gas; no obstante, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, aclaró que La Moneda mantiene el respaldo a la decisión de la ENAP y sólo está dispuesta a buscar fórmulas que ayuden a paliar el alza.

“El alza del gas es una decisión que ha sido adoptada por el directorio de la ENAP, y que este gobierno ha ratificado, porque comprende los fundamentos sobre los cuales se ha basado esa decisión”, remarcó el secretario de Estado. Añadió que la propuesta planteada el martes, de implementar el incremento de 16,8 por ciento de manera gradual, es una opción de profundizar las conversaciones con la gente de Magallanes.

A tanto ha llegado el caso, que ayer Hinzpeter se reunió con el obispo de Magallanes, Bernardo Bastres, en La Moneda, quien se ofreció para facilitar el diálogo entre las partes. El religioso, que sostuvo que el alza es “desproporcionada”, confía en que la reunión sea el inicio para recomenzar el diálogo. “El espíritu de la gente de Magallanes no es la confrontación, no es la protesta, sino tener una calidad de vida que les permita desarrollarse como personas, como chilenos, como creyentes.”

Finalmente, la Concertación reiteró al gobierno que debe tomar medidas para solucionar el conflicto. El presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, dijo que el propio Piñera debe intervenir, debido a que “las promesas son para cumplirlas y no para que queden en los anales, y el presidente se comprometió con los magallánicos a mantener el precio del gas y ahora desconoce ese compromiso”, indicó.