El gobierno de Ecuador emprendió la reforma de la policía, pendiente desde el intento de derrocamiento del 30 de septiembre pasado. El presidente Rafael Correa firmó un decreto a través del que sometió a la órbita del Ministerio del Interior todo el funcionamiento de la fuerza. Incluso sus movimientos financieros. “Se acabó la pseudo soberanía de la policía”, remarcó el titular de esa cartera, Alfredo Vera. El decreto le otorga el poder para reformar la estructura administrativa y operativa del cuerpo dentro de un plazo de 90 días.

Con ese golpe de pluma, el presidente desmanteló más de 30 años de autogobierno de la policía. El Ministerio del Interior gestionará, así, todos los bienes de la Policía Nacional, sus créditos y su presupuesto. Además se encargará de su representación legal y extrajudicial. Y administrará las condecoraciones, sueldos y sobresueldos de los policías y conocerá por primera vez en detalle el manejo financiero interno del cuerpo.

Fue precisamente el descontento en torno de un proyecto de ley del gobierno sobre temas salariales –espoleado por políticos de oposición, según Correa– el que llevó al alzamiento del 30 de septiembre. Entonces, un grupo de efectivos policiales insurrectos secuestró al presidente ecuatoriano y lo mantuvo cautivo durante varias horas en una habitación de hospital. El gobierno abrió medio centenar de causas penales contra uniformados y civiles por los hechos de ese día, y más de 700 expedientes administrativos que involucran a policías. Sin embargo, hasta ahora el Ejecutivo no había acometido una reforma profunda de la organización y hasta la cultura interna del cuerpo.

Alfredo Santillán, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), consideró que la fuerza ha actuado como una entidad prácticamente “fuera del Estado”. “Esa autonomía financiera que tenía la policía es un rezago de la época dictatorial”, que terminó en 1979, apuntó Santillán.

Consciente del malestar que el cambio podría avivar, Vera explicó las modificaciones y el alcance del decreto ante los medios de comunicación, en una conferencia de prensa que ofreció en la comandancia de la policía, rodeado de sus altos mandos. El encargado de informar los cambios a los diferentes departamentos policiales será Patricio Franco, quien fue nombrado comandante general de la Policía Nacional tras el 30 de septiembre. Comenzará por el Regimiento de Quito, foco principal del levantamiento destituyente, hacia donde se dirigirá hoy.

El ministro calificó al decreto de “lógico”, debido a que la policía, que se ocupa de la seguridad interna, no puede tener otro mando que no sea uno civil, ofrecido a través del Ministerio del Interior. “El decreto acabará con un estatus legal que le daba carácter de pseudo-independencia y pseudo-soberanía, pseudo-autonomía, que no cabe porque es una institución que está ligada al proceso de desarrollo cotidiano de la vida del Estado ecuatoriano”, concluyó Vera.

Esa situación particular le permitió, por ejemplo, poseer el 70 por ciento de las acciones de Tecnistamp, una empresa que elabora uniformes y calzado, y Gasespol, que fabrica gases lacrimógenos, chalecos antibalas, escudos de protección y que reacondiciona armas de fuego. Vera aseguró que esos activos pasarán a manos del Estado.

Sin embargo, el gobierno quiere ir más allá y estudia cómo compensar al accionista minoritario, el empresario Carlos Cevallos Silva, para hacerse con el ciento por ciento, según confirmó un alto mando policial, que pidió no ser identificado por lo delicado del tema.

Con ello, el ministerio retirará de las manos de la policía una fuente de ingresos independientes del Estado. Ese cambio tampoco caerá bien en las filas de la fuerza, confió Santillán.

“No podemos pronosticar las facilidades o dificultades con las que tropezaremos, como en todo cambio”, admitió Vera, quien explicó que resolverá los problemas que surjan en cooperación con los directivos del cuerpo.