Un adolescente que por medio del Comité Contra la Tortura denunció haber sido torturado por policías de la comisaría 6ª de La Plata, fue detenido acusado de balear en un asalto a un comerciante platense. El muchacho se declara inocente, pidió que le tomaran muestras de su ADN y sostiene que puede demostrar que no estuvo en el lugar. El caso está plagado de curiosas irregularidades. La única prueba en su contra es la dudosa versión de un testigo cuya identidad es guardada celosamente por la Bonaerense. La comisaría que interviene en el caso, que encontró al supuesto testigo, reservó su nombre y lo hizo declarar como única prueba, es la misma comisaría acusada de torturar al sospechado; el chico está detenido en el mismo calabozo donde fue apaleado. Siete policías de la misma 6ª, que fueron apartados luego de aquella denuncia, aguardan que pasen sin actuaciones judiciales los 90 días de plazo después de los cuales regresarán automáticamente a sus puestos. Que las actuaciones se muevan depende del fiscal Fernando Cartasegna, que se supone investiga a los Bonaerenses. Para entender su idea de investigación de torturas, basta con saber que acusó al defensor oficial Julián Axat de tener un “desmesurado afán por la defensa de los derechos humanos”.

El caso fue informado por Página/12 el 8 de octubre pasado, tres días después de ocurrido. En aquella oportunidad, el Comité Contra la Tortura, de la Comisión Provincial por la Memoria, el defensor oficial del fuero juvenil Julián Axat y la fiscal del mismo fuero Silvia Pérez denunciaron ante la Fiscalía Nº 4 de Cartasegna que el adolescente, por entonces de 17 años, fue detenido ilegalmente por ocho policías de la 6ª, que lo golpearon esposado, que le dieron latigazos con la hebilla de su propio cinturón, que le envolvieron la cabeza con nylon y que se la sumergieron en agua podrida. Y, parece un chiste, después lo detuvieron por resistencia a la autoridad. Los denunciantes acompañaron con pericias médicas y psicológicas que demostraban las lesiones. Y pidieron al fiscal que preserve la integridad del chico y su familia.

Al día siguiente, el ministro de Justicia y Seguridad Ricardo Casal recibió a Alejandro Mosquera, Víctor Mendibil y Aldo Etchegoyen, de la CPM, ante quienes se comprometió a remover a los responsables. Lo hizo. Según los procedimientos, la disponibilidad funciona durante 90 días. Si en ese plazo no interrumpe alguna decisión de Asuntos Internos o el procesamiento penal, la disponibilidad es anulada automáticamente.

Ya cuando Cartasegna tomó el caso se vislumbraba el derrotero de la causa: entre los policías custodios estaban los denunciados o colegas de la 6ª.

El 12 de noviembre, Gladys Viera, madre del joven, se presentó como particular damnificada y llevó como patrocinante al defensor Axat. El juez Néstor de Aspro autorizó la presentación. De inmediato Axat, acompañado por Roberto Cipriano García y Alicia Romero, del Comité Contra la Tortura, solicitaron el procesamiento de los policías por privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y torturas. Cartasegna tomó el pedido y en lugar de calificar la investigación como “torturas” (de 8 a 25 años de condena), lo hizo como “severidades” (de 1 a 5).

Un mes después, el 14 de diciembre, Cartasegna presentó “una aclaratoria” al juez. En el escrito sostenía en síntesis que Axat, como defensor oficial, no puede ocupar el rol de patrocinante en una acusación. Dijo que la víctima debe ser representada “de manera exclusiva, categórica, integral y excluyente por el Centro de Asistencia a la Víctima”, y con presunta ironía acusó al defensor por su “desmesurado afán por la defensa de los derechos humanos”.

El juez envió la “aclaratoria” de Cartasegna al defensor general platense, Omar Ozafrain, para que opinara sobre el tema. Ozafrain sostuvo que “en este tipo de hechos (la tortura) en los que la experiencia indica que la impunidad es la regla, el interés en que se cumpla la Constitución y los tratados internacionales nunca puede calificarse de desmesurado”. El defensor general agregó que, además, Cartasegna no había apelado la decisión del juez, que no entendía “cuál sería el interés de dicho ministerio en excluir de la investigación a un letrado que seguramente coadyuvará en dicha tarea”. Y agregó –citando una resolución de la propia María del Carmen Falbo, procuradora general– que “no existen limitaciones constitucionales ni legales para que el Sr. Defensor General adopte la decisión de ejercitar la representación jurídica que garantice –como en los casos planteados– la posibilidad de que las víctimas puedan acceder a la Justicia en forma plena e integral”. Ozafrain, vale recordarlo, como defensor oficial en 1999 ejerció el patrocinio de la familia de Miguel Bru, en el juicio que derivó en la condena a perpetua de los ex policías Walter Abrigo y Justo López.

Lo sorprendente es que Cartasegna respondió a Ozafrain que, “sin resultar irrespetuoso, denoto en el Sr. Defensor General un futuro desesperanzado y una absoluta falta de confianza en mi accionar (...)”. Se mostró “dolorosa y desagradablemente sorprendido por sus manifestaciones (...) que se expide en forma tan contundente, encarnizada y lapidaria sobre mi labor. Y esto lamentablemente afecta mi objetividad para continuar con la presente”. Pasó el expediente al fiscal general platense y se excusó del caso. La fecha es clave: 27 de diciembre, cuatro días antes del inicio de la feria y escasos días para el fin de la disponibilidad.

Pero el 30 de diciembre, antes de la feria, el fiscal general adjunto Gustavo Lambruschini ordenó a Cartasegna que siguiera con el caso. Cuatro días después, baleaban a un carnicero. Y un testigo de identidad reservada declaraba ante la misma Bonaerense.

http://horaciocecchi.wordpress.com