El juez Baltasar Garzón denunció al Tribunal Supremo español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo. El magistrado denuncia el procedimiento que la máxima jerarquía judicial española abrió en su contra por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo. El juez sigue suspendido de su cargo y la prensa colombiana publicó ayer que Garzón viajaría en mayo a Bogotá para asesorar a la Organización de Estados Americanos en el proceso de paz negociado entre las bandas paramilitares y el anterior gobierno.

Garzón había abierto en 2008 una causa para investigar los crímenes cometidos durante la dictadura franquista. Según entendió en ese momento, los delitos perpetrados por los represores franquistas no estaban prescriptos ni podían ser amparados por la Amnistía de 1977. A principios de 2009, varias organizaciones de derecha, entre ellas Manos Limpias, impugnaron la investigación de Garzón. Por eso, en 2010, el juez español fue acusado de prevaricación o de pronunciar veredictos injustos, cargo que prosperó y terminó en su suspensión.

Mientras prosigue el proceso en su contra, Garzón debió dejar su puesto en la Audiencia Nacional y migrar hacia la Corte Penal Internacional (CPI), donde asesora al fiscal jefe Luis Moreno Ocampo. Pero el principal objetivo del juez que investigó los crímenes de la dictadura argentina y de la chilena es volver a Madrid para poder continuar con sus investigaciones, entre las que se encuentra la causa por robo de niños durante los primeros años del régimen franquista.

La presentación en Estrasburgo fue realizada por Interights, una organización con sede en Londres. Según puede leerse en la demanda, el juez Garzón alega que el caso penal abierto contra él viola varias de las obligaciones españolas según el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Entre ellas, la de proteger la independencia judicial y resguardar a los individuos de procedimientos penales sin fundamento. “Este caso trata del enjuiciamiento injustificable de un juez por veredictos razonados de forma cuidadosa, y como respuesta a su intento de impartir justicia a las víctimas de las atrocidades del franquismo. Como tal, tiene múltiples repercusiones y representa una clara amenaza a la independencia judicial y a la función de los jueces a la hora de garantizar la responsabilidad por supuestos crímenes sistemáticos y generalizados”, sostiene Garzón.

“La opinión de que las amnistías y la prescripción no se aplican a delitos graves en virtud del derecho internacional, incluidos los crímenes contra la humanidad, cuenta con un apoyo generalizado en todo el derecho y la práctica internacionales. Por lo tanto, la interpretación del juez Garzón no se puede calificar de arbitraria o irrazonable, sino que está avalada por muchos otros tribunales y organismos tanto en el ámbito nacional como en el internacional”, resalta la demanda. Según la abogada del magistrado, Helen Duffy, juristas de todo el mundo apoyan los argumentos de Garzón, como el juez argentino Eugenio Zaffaroni o el chileno Juan Guzmán.

Por último, la presentación recuerda la reacción internacional que suscitó la suspensión de Garzón, que llevó a que se abriera una causa en Argentina por los crímenes cometidos durante el franquismo, que no encuentran ni juzgamiento ni condena en la Península Ibérica. Hoy, por ejemplo, se manifestarán en Barcelona y en Valencia contra la impunidad del franquismo y en apoyo al juez que intentó enjuiciarlo.

Garzón tiene abiertas otras dos causas en el Supremo, una por el financiamiento que recibió para unos cursos que impartió en Nueva York y otra por escuchas a implicados en el caso Gürtel, la trama de corrupción que salpica al conservador Partido Popular. Ayer trascendió que el juez trabajará en Colombia para la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA. El juez, quien meses atrás rechazó un ofrecimiento de las autoridades colombianas como asesor en temas de derechos humanos, podría trasladarse a Bogotá en mayo para asesorar en el proceso de negociaciones que llevaron adelante entre 2003 y 2006 los paramilitares de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el gobierno del entonces presidente, Alvaro Uribe.