Luis Puig es diputado del Partido para la Victoria del Pueblo (PPV), en el gobernante Frente Amplio. Tiene una larga historia de militancia sindical y en el campo de los derechos humanos. La semana pasada estuvo en Buenos Aires, participando de un encuentro sobre Operación Cóndor, la coordinación represiva que tejieron las dictaduras del Cono Sur. Recibió con alegría el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que obliga a Uruguay a investigar y sancionar la desaparición de la nuera del poeta Juan Gelman y la sustracción de su nieta, Macarena. Puig dialogó con Página/12 y contó que tiene esperanzas de que para mayo ya no exista en el ordenamiento jurídico uruguayo la Ley de Caducidad, que impide el juzgamiento de los represores de la dictadura.

–La Corte condenó y fue categórica. Dio por tierra con todos los argumentos de la derecha en Uruguay y con alguna confusión que hubo en los últimos tiempos acerca de la prescripción, la cosa juzgada. Señala claramente que la Ley de Caducidad debe ser eliminada y termina con algunas argumentaciones que no entendieron que el terrorismo de Estado actuó como una maquinaria terrorista. El Estado fue responsable de los secuestros, de la apropiación de niños y demás. Por eso, el Estado y sus agentes son los que deben responder y dar la información. Los cuatro gobiernos que sucedieron a la dictadura fueron los que construyeron la impunidad, evitando a través de la Ley de Caducidad, la investigación, los juicios e instalaron una cultura de impunidad, que tiene consecuencias en la violencia social actual.

–El Frente Amplio decidió en el plenario nacional que se eliminará la ley. Estamos trabajando para que en la primera quincena de mayo se apruebe en las dos cámaras el proyecto de ley interpretativo y se elimine la Ley de Caducidad. Queremos que sea antes del 20 de mayo, que es cuando se realiza la movilización más importante del pueblo uruguayo en relación con Verdad y Justicia.

–Ese tema ya se resolvió en el plenario nacional. Pero estamos viendo que hay una operación muy fuerte de la derecha para asegurar el mantenimiento de la Ley de Caducidad y para prepararse para un escenario futuro inmediato, cuando se libere la acción de la Justicia y ésta pueda actuar libremente en todos los casos. Hay una operación muy fuerte desde los medios y por parte de operadores políticos –como el ex presidente Jorge Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre–, que plantea un hostigamiento a aquellos jueces y fiscales que incorporaron la legislación internacional sobre la desaparición forzada de personas. Están preparando una ofensiva contra aquellos integrantes que están trabajando para devolverle la dignidad a la Justicia uruguaya. Dicen que la Justicia no ofrece garantías a los encausados. Los terroristas de Estado tienen todas las garantías del debido proceso y, cuando son procesados, cumplen su dictamen de prisión en cárceles que algunos llaman “cinco estrellas”. No hay ningún elemento de limitación de sus garantías y está bien que así sea, estamos en un Estado de derecho. Acá no hubo dos demonios enfrentados, acá existió la maquinaria más atroz, que es cuando el Estado se vuelve una maquinaria terrorista y no hay ninguna posibilidad de defensa de las víctimas, no hay Justicia independiente y se reprime cualquier denuncia que se haga. Nosotros creemos que éste es un debate fundamental para el futuro, para establecer los mecanismos que aseguren que nunca más habrá dictaduras. Este es un debate que entendieron los jóvenes, que se sumaron por miles a la campaña de recolección de firmas para anular la Ley de Caducidad.

–Creo que es un mal mensaje a la sociedad. Me habría gustado que el compañero Mujica fuese a visitar a los familiares de Nibia Sabalsagaray, una joven de 24 años secuestrada y asesinada al cabo de una jornada de tortura en una unidad militar, donde Dalmao era jefe del Servicio de Inteligencia. Yo creo que el mensaje debería ser: El Estado se solidariza con las víctimas, no con los victimarios.

–Creo que ahí hay un debate instalado. Se lo hemos planteado al compañero en reuniones que mantuvimos. En realidad, a esa idea de que los militares, a determinada edad y por razones biológicas, deben cumplir prisión domiciliaria, yo respondo que, por razones biológicas, habría que preocuparse de los familiares de las víctimas, de la cantidad de madres que han muerto sin saber qué fue de sus hijos, después de más de 30 años de búsqueda. En Uruguay, las denuncias y la búsqueda de los desaparecidos recayeron sobre las espaldas de los familiares, de los organismos de derechos humanos y del movimiento sindical; no recayeron sobre el Estado. Por eso, ahora el rol estatal tiene que ser otro.

–Tiene que asumir incluso el papel de querellante en las causas por las violaciones a los derechos humanos. No cabe duda de que a partir de 2005 el Uruguay es más democrático, que el gobierno de Tabaré Vázquez registró avances importantes de derechos humanos, permitiendo que se investigaran las denuncias que se presentaban. Eso es importante, se logró el procesamiento de algunos terroristas de Estado y se conoció algo más de la verdad pero es insuficiente. Hasta ahora, el Estado como tal no está cumpliendo con la función de protección, porque se debería estar promoviendo que se discuta, al nivel de la educación, lo que fue el terrorismo de Estado, no sólo hablar de la responsabilidad militar sino también del elenco civil de la dictadura. Por ejemplo, hubo aportes de cuadros del Partido Colorado para que se desempeñaran en los ministerios o como consejeros de Estado.

Entrevista: Luciana Bertoia.