Dos de los cuatro represores juzgados por los crímenes cometidos en el centro clandestino de Automotores Orletti ya pronunciaron sus últimas palabras en el proceso. Eduardo Cabanillas dijo, la semana pasada, que habían transcurrido seis meses de juicio oral y estaba sentado ahí igual que cuando había llegado: sin entender por qué se lo juzga. Raúl Guglielminetti reivindicó, a su turno, a la dictadura militar. El próximo jueves se escuchará a otros dos imputados y pocas horas más tarde, ese mismo día, el veredicto del Tribunal Oral Federal 1. Entre los pedidos, el TOF deberá evaluar la enorme producción de pruebas documentales halladas –o revaloradas– durante el juicio. El fiscal Guillermo Friele y su adjunta Mercedes Soysa Reilly ensamblaron buena parte del material durante el alegato. Los datos tienen tres orígenes: la ex Dipba, la SIDE y el Departamento de Estado norteamericano. Revelan datos como el rol de Argentina como “ratonera” para los supuestos refugiados políticos. Pero además marcan el peso de los archivos, la urgencia de su desclasificación y, sobre todo, la necesidad de ámbitos donde cruzar información.

La fiscalía pidió 25 años de prisión para tres acusados: Guglielminetti, Honorio Martínez Ruiz y Eduardo Ruffo, que actuaron en el campo de exterminio. Para el general Cabanillas pidió, en cambio, condena a perpetua, como sucedió con las otras querellas.

Así como otros alegatos plantearon algunas novedades en planos más políticos o simbólicos, el fuerte de Friele fueron los documentos. Los análisis tuvieron básicamente tres fuentes: la SIDE –aunque muy escasa, con errores entre lo informado y lo documentado, según indicaron en la fiscalía–, la ex Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (Dipba) y los archivos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano, analizados en el juicio por Carlos Osorio, director para el Cono Sur del National Security Archive, una ONG que compila información de las agencias públicas.

Del material de la SIDE supieron que “documentos muy importantes vinculados con la represión (ejercida por Inteligencia) fue destruida”, explicó Soysa Reilly a Página/12. Pese a eso, encontraron otros documentos. Uno de ellos es un sello del OT18 (nombre de Orletti) que se refería a esa División y estaba estampado en varios legajos de los agentes de inteligencia; el dato es importante porque la SIDE siempre negó su vínculo con ese centro clandestino.

Sobre los documentos estadounidenses, uno de los aportes fue el rol de la SIDE en el terrorismo de Estado y el lugar de Otto Paladino, ex jefe de inteligencia. Un documento indica, por ejemplo, que en 1975, cuando las FFAA asumieron la dirección de lo que llamaron “lucha contra la subversión”, el SIE y dentro de él el Batallón de Inteligencia 601 jugaron un papel central en esta lucha, incluso, en la esfera exterior. Para entonces, Paladino era el jefe de la SIE, experto en extranjería. Bajo su conducción, dicen los fiscales, se inició el seguimiento a la Junta Coordinadora Revolucionaria (ERP argentino, MIR chileno, el MLN-Tupamaros de Uruguay, ELN Bolivia, y Frepalina de Paraguay). Paladino pasó después del golpe a la dirección de la SIDE, convocado como experto en extranjería. La SIDE concentró a partir de ese momento la actividad de la SIE: bajo su mando estuvieron tanto los espías de la SIDE como del Batallón 601, como el caso de Guglielminetti.

Otro aporte fue un documento del archivo del terror de Paraguay que indica que, a mediados de 1975, el Batallón 601 y sus hombres se implicaron en el interrogatorio de Isaac Fuentes Alarcón, del MIR, y de Amílcar Santucho, del ERP, capturados en mayo de ese año en Asunción. En el interrogatorio les preguntaron por Patricio Antonio Biedma y Manuela Santucho: los dos van a estar más tarde entre las víctimas de Orletti.

Los documentos dicen también que la SIDE participó de la reunión de noviembre de 1975 en Chile, lanzamiento del Cóndor. El dato es importante porque permite entender la presencia de los agentes de la DINA chilena en el centro clandestino.

Otro de los elementos apunta a los refugiados, ya mencionados por la querella de Kaos. “Los documentos prueban las violaciones del derecho de asilo y refugio político de los ciudadanos extranjeros que buscaban seguridad en Argentina antes del golpe de Estado”, indicó la fiscal. Como Argentina sufrió el golpe después que otros países de la región, a criterio de los fiscales se convirtió en una ratonera de los militantes del cono sur que buscaban asilo. “Concretamente fue hallado un documento que demuestra que información sensible de refugiados había sido robada de las oficinas de la Comisión Católica”, precisaron. Entre ellos, un parte de la CIA de julio de 1976 establece que: “En mayo, hombres armados saquearon las oficinas de la Comisión Católica de Inmigración de Argentina y robaron los registros que contienen información de miles de refugiados e inmigrantes. La policía argentina no investigó el delito y lo desestimó como un simple robo. Dos días más tarde, 24 refugiados uruguayos y chilenos, muchos de los cuales eran los sujetos de los expedientes de la comisión, fueron secuestrados y torturados durante varias horas”. El parte alude a una operación con participación de fuerzas chileno-uruguayas, y según los fiscales no podría haber sido llevada a cabo sin la cooperación y el mando de las fuerzas de seguridad argentinas.

Finalmente, el último grupo de documentos fue el aportado por la Comisión Provincial por la Memoria, acerca de la desclasificación de los archivos de la ex Dipba. “Entre los documentos pudimos probar que varias de las víctimas que fueron secuestradas y llevadas a Orletti estaban siendo seguidas por la SIDE o al menos la SIDE manejaba información sensible de ellas”, dijeron. Un caso fue el de María Elena Laguna, secuestrada con tres hijos. Los archivos revelan que el operativo fue interceptado por agentes de la Comisaría de Morón, ante quienes la patota se presentó como integrante de la SIDE.

Otro documento revela en cambio la intervención de la SIDE en la detención de dos funcionarios de la embajada de Cuba en Argentina (Cejas Arias y Galañeda Hernández). Los dos estuvieron en Automotores Orletti. Pero los peritos de la ex Dipba aportaron una comunicación secreta de la división de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires “donde se establece que el 21 de junio de 1976 la SIDE, desde su sector AIII.AIII.A, requirió un informe ambiental sobre una vivienda situada en la localidad de San Isidro, Pcia. de Bs. As., adyacente a una propiedad de la Embajada Cubana”. Uno de los testigos declaró durante el juicio oral que ese era el lugar donde vivían los dos funcionarios.